El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está buscando la vía legal para poner a disposición de los investigadores todos los datos necesarios para que puedan analizar de manera exhaustiva el impacto que han tenido las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el mercado laboral. Él mismo sufrió desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) las carencias de información oficial a la hora de llevar a cabo el mandato de valorar los efectos de las políticas adoptadas por el Gobierno anterior y, ahora, desde el poder está dispuesto a atajar esta falta de transparencia facilitando al escrutinio científico las vidas laborales de millones de trabajadores afectados por el SMI.
Así lo confirman a La Información fuentes de su entorno, que aseguran que "se están estudiando todas las opciones porque esa es la intención y el espíritu" de este nuevo Ministerio. La transparencia se encuentra entre las prioridades de Escrivá para esta legislatura y por eso dará este paso decididamente, si bien todavía se están diseñando los "protocolos de acceso" adecuados porque el problema, según comentan desde su departamento, es que se trata de bases de datos "muy sensibles" porque contienen información personal de millones de cotizantes y, por tanto, su difusión choca con preceptos de la Ley de Protección de Datos.
"Los historiales laborales para poder ser difundidos deben ser anonimizados previamente, de manera que en ellos no figure ningún tipo de dato personal como nombres, direcciones postales o números de identificación fiscal", explica Marcel Jansen, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y, por cierto, uno de los impulsores de esta demanda de información a los sucesivos gobiernos por parte del mundo académico y científico.
Lo que complica sobre todo la difusión de estos datos confidenciales es la disociación, es decir, su conversión en información agregada de manera que no pueda asociarse a una persona, conservando así su privacidad. "El problema es que en el 70% de los casos los datos disociados pueden reasociarse, según estudios especializados", advierte el abogado experto en protección de datos y derecho digital Borja Adsuara. Según esta teoría, si esta información en forma de 'big data' cayera en manos de un conocedor de técnicas avanzadas de ingeniería inversa sería transformable en nombres y apellidos.
Sin embargo, Adsuara recuerda que por la Ley de reutilización de la información del sector público, las administraciones están obligadas a facilitar el acceso a sus bases de datos de forma compatible con la garantía del derecho fundamental a la protección de datos. Esto quiere decir que, por muy sensible que sea la información que maneja un Ministerio, ésta debe permanecer abierta para la investigación siempre bajo la protección que garantiza una disociación adecuada.
Coincide con él Marcel Jansen, para quien "no hay ningún impedimento para que el Gobierno ponga a disposición de los investigadores las bases de datos anonimizados de los cotizantes a la Seguridad Social afectados por las sucesivas subidas del SMI para poder analizar los efectos agregados de los últimos años". El acceso a esta información, eso sí, debería estar "muy restringido a equipos autorizados" para evitar que fluya sin control.
Por eso el Departamento que dirige Escrivá está estudiando los protocolos más seguros para dar acceso a los historiales laborales de millones de afiliados. El proceso es lento por su complejidad pero Jansen tiene "plena confianza" en que la iniciativa del ministro va a ver la luz en los próximos meses. En su opinión, el Gobierno debe basar sus políticas en evidencia científica y nadie en el mundo académico ni en las organizaciones internacionales entendería que no se llevara a cabo un análisis en profundidad de la subida del salario mínimo no solo en lo que afecta a la creación de empleo, sino también en lo referido a movilidad laboral dentro de las empresas, productividad de los factores, etcétera.
Panel de datos Empresas-Trabajadores
Antes de la llegada de Escrivá, hace escasos tres meses, la Seguridad Social lanzó una herramienta desarrollada con Fedea para investigar y analizar el sistema de pensiones y el mercado de trabajo. El conocido como 'Panel de datos de Empresas-Trabajadores (PET)' cuenta con 50.000 códigos de cuenta de cotización y de la vida laboral de los trabajadores dados de alta en esas empresas entre los años 2013 y 2016, unos 1,4 millones de afiliados aproximadamente.
El panel fue recibido con entusiasmo entre los investigadores porque cubría una importante laguna del sistema estadístico en esta materia. Y sobre todo porque se esperaba con impaciencia. No en vano, su configuración supuso más de cinco años de trabajo por tratarse precisamente de una base de datos con información sensible. Durante más de un lustro se enfrentó a problemas de índole técnico originados tanto por la construcción de la muestra como por el dictamen de la Agencia de Protección de Datos, que finalmente dio su visto bueno.
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