Así lo ha explicado en una entrevista de Europa Press el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, que ha explicado que la T-Movilidad se podrá extender a finales de 2018 empezando por la primera corona metropolitana, en el primer semestre de 2019 estará disponible en todas las coronas de la Autoridad del Transporte Metropolitano, y a finales de 2019 es cuando se iniciará la integración tarifaria en el conjunto de Catalunya, desapareciendo, de manera progresiva, el sistema actual.
"Más que hablar de retraso queremos hablar de inversión de tiempo", ha afirmado el conseller, que ha añadido que este tiempo adicional ha hecho más sólido el proyecto con una gobernanza compartida y el compromiso de la Generalitat, la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona.
Rull ha defendido que la T-Movilidad es una "gran revolución" por la integración tarifaria que supone y porque permite modernizar el transporte público con un sistema de postpago que permite crear una tarifa personalizada para cada usuario, que pagará menos cuanto más utilice el transporte público.
PROTECCIÓN DE DATOS
El despliegue de este nuevo titulo levantó recelos entre entidades de usuarios como Stop Pujades o Promoción del Transporte Público (PTP) en cuanto a la gestión de los datos y el mantenimiento de la privacidad de los usuarios por parte del operador privado SOC Movilidad, en el que se integra el consorcio formado por Caixabank, Fujitsu, Indra y Marfina, el adjudicatario del contrato, pero Rull ha sostenido que ha quedado garantizada una "mayor gobernanza pública".
El contrato, de entre 13 y 15 años, se adjudicó en 2014 por 58,1 millones de euros que se destinarán a implementar la maquinaria y el programario necesarios para lanzar la T-Movilidad en todas las empresas de transporte público que forman parte del sistema tarifario integrado, si bien la ATM tendrá el control y la propiedad del sistema.
Así, queda garantizado que los datos que se generen con esta nueva tecnología quedarán exclusivamente bajo el control de la administración pública y que ningún operador ni entidad bancaria tendrá la exclusividad de la venta de títulos por Internet.
Se prevé que el consorcio liderado por CaixaBank percibirá entre 22 y 25 millones de euros anuales por una inversión inicial de 70 millones --para máquinas de venta y validadoras--, ya que cobraría 0,0197 céntimos de la administración por cada validación que se realice.
La T-Movilidad sustituirá los 84 abonos actuales (14 tipos de títulos por seis zonas de transporte) y su tecnología 'contactless' incorpora un chip electrónico que se podrá implantar en la propia tarjeta y en otros soportes como relojes, pulseras, ropa y en teléfonos móviles que dispongan de la tecnología Near Field Communication (NFC).
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