El pasado 23 de septiembre el PSOE apoyó en el Congreso de los Diputados el paquete de reforma laboral que defiende Yolanda Díaz y que ahora está en discusión en el seno del Gobierno de coalición. Hace apenas un mes, el Grupo Socialista votó a favor de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común que recogía esencialmente las líneas maestras del borrador que ha diseñado la vicepresidenta segunda y que el Ministerio de Trabajo está debatiendo en estos momentos con la patronal y los sindicatos. El texto de la discordia que ha llevado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a reclamar la dirección de esta reforma y ha desatado la mayor crisis entre los socios del PSOE y UP desde que echó a andar la coalición progresista.
Tras acordar con Unidas Podemos una enmienda transaccional, los socialistas votaron a favor del texto presentado en la Cámara Baja por la formación morada. El PNV, Más País-Equo y Compromís respaldaron la PNL. El PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias votaron en contra, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP y el BNG se abstuvieron, por lo que la iniciativa parlamentaria quedó aprobada. Como sucede con la mayoría de las proposiciones no de ley -que, en esencia, son fórmulas a través de las cuales un partido busca el posicionamiento de los distintos grupos sobre una determinada cuestión o insta al Gobierno a realizar alguna actuación- pasó prácticamente desapercibida.
Hasta ahora. En plena crisis de Gobierno por la reforma laboral, el debate sobre el quién se está llevando todo el protagonismo. Calviño -con permiso del presidente del Gobierno- ha pedido que todos los ministerios afectados por la norma participen en la elaboración de la misma (Trabajo, Seguridad Social, Asuntos Económicos, Hacienda, Educación...) y que se coordine en la mesa de diálogo social específica del Plan de Recuperación. Pero Yolanda Díaz insiste en que el problema no es de liderazgos, sino de contenidos, porque está detectando resistencias en el flanco socialista del Gobierno a derogar la legislación del PP, tal y como se pactó en el acuerdo de coalición firmado por el PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019.
Pero, ¿a qué se refiere la ministra de Trabajo cuando habla de derogar la reforma laboral del PP? En realidad hace ya meses que esta cuestión se reduce a la modificación del esquema de negociación colectiva para reequilibrar la balanza de poder entre empresarios y trabajadores. Que no es poco, pero hay que recalcar que algunos de los aspectos más perniciosos que se introdujeron en 2012, como el abaratamiento del despido, nunca han estado sobre la mesa. Se trata, al contrario, de recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, para que los empresarios no puedan empeorar las condiciones laborales de los trabajadores en función de las circunstancias, y la ultraactividad de los convenios, para que no decaigan cuando finalice su vigencia; así como de modificar el régimen de subcontratación para atajar la precariedad y limitar la capacidad de la empresa para modificar unilateralmente las condiciones laborales.
Esos son los cambios más conflictivos en la negociación colectiva que recoge el borrador de Trabajo y que también contempla la proposición no de ley de UP que apoyó el PSOE hace unas semanas. En concreto, la iniciativa parlamentaria demanda la "recuperación de derechos arrebatados en las reformas del Partido Popular", mediante la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo; la revisión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales; la modificación del régimen de subcontratación laboral, para evitar que sea un mecanismo de precariedad y discriminación; y la limitación de las facultades de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
A este paquete le añade la introducción de "Mecanismos para Sostenibilidad del Empleo, que proporcionarán la flexibilidad interna a las empresas y estabilidad a los trabajadores", los nuevos ERTE permanentes que también contempla el borrador de Díaz. Y, en paralelo, apuesta por "abordar una regulación de las modalidades contractuales que acabe con la precariedad y el fraude", simplificando el menú de contratos y reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal, garantizando que el contrato de trabajo indefinido sea "la regla general"; desarrollando una adecuada regulación del contrato formativo que responda a las necesidades de empresas y trabajadores; reforzando el fijo discontinuo para las actividades de naturaleza cíclica y estacional; y reforzando el control de la contratación a tiempo parcial. Todo esto está en el borrador del Ministerio de Trabajo.
Fuentes de Unidas Podemos sostienen que esa proposición no de ley fue el primer paso para "derogar la reforma laboral del PP" y fue aceptada por el PSOE, que ya en el acuerdo de coalición había firmado la derogación de la legislación de 2012 para "recuperar los derechos laborales arrebatados". Por eso ahora en el bando morado del Gobierno de coalición no entienden las resistencias que están mostrando los socios mayoritarios a llevar a cabo estas modificaciones ("pacta sunt servanda", insisten). Por su parte, los socialistas defienden que no existe ninguna contradicción, que están de acuerdo en la necesidad de modificar el marco de negociación colectiva, pero hay que concretar "en qué términos", porque la reforma laboral va "más allá". "Hay que abordar un nuevo marco de relaciones laborales", zanjan.
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