El PSOE complica a Hacienda y apoya dar datos sobre economía sumergida 

Hace menos de año y medio la Agencia Tributaria descartó expresamente utilizar como guía y referencia para medir la eficacia de las políticas de lucha contra el fraude fiscal la evolución observada del tamaño de la economía sumergida en España que aflora de los estudios nacionales e internacionales sobre el asunto. Argumentaba el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que este tipo de estimaciones - que acostumbran a generar un fuerte impacto mediático y político - se caracterizan por sus limitaciones, están plagadas de inconsistencias y resultan poco útiles a la hora de planificar las estrategias de control tributario. Decía también que a estos efectos se considera mucho más riguroso comparar la evolución de los datos de recaudación tributaria con las principales magnitudes macroeconómicas para detectar así las eventuales mejoras en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. De hecho, ha sido este último criterio el que ha adoptado de manera oficial la Agencia Tributaria para evaluar su desempeño en su Plan Estratégico 2020-2023.

Consciente de que podía ser un asunto controvertido, la Dirección de la Agencia Tributaria decidió dedicar cuatro páginas de su Plan Estratégico a explicar con todo lujo de detalles los motivos por los que consideraba que seguir las cifras que se publican sobre economía sumergida no era una buena idea a la hora de medir la eficacia de la estrategia española de lucha contra el fraude. De poco ha servido tanta explicación. Más País y ERC plantearon sendas enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal con el objetivo de forzar al Gobierno a constituir un grupo de expertos independientes para alumbrar una evaluación oficial sobre la economía sumergida en España y ahora el Grupo Socialista, volcado desde hace unos días en la búsqueda de apoyos parlamentarios para sacar adelante uno de los proyectos legales cuya aprobación el Gobierno ya ha vendido a la Comisión Europea, ha accedido a negociar algún tipo de compromiso en ese sentido sobre la base de esas enmiendas, según aseguran fuentes parlamentarias.

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Lo que se está negociando en concreto, según relatan estas mismas fuentes, es que Más País y ERC renuncien a su propuesta de impulsar una medición propia de la economía sumergida a cambio del compromiso de la Agencia Tributaria de que su informe anual de evaluación de las medidas de lucha contra el fraude no se haga únicamente en base al cumplimiento tributario promovido por éstas, sino también de la información que se proporcione en "los estudios internacionales disponibles sobre la evolución de la brecha fiscal y la economía sumergida" en España. En otras palabras, que se incorpore la evolución de la economía sumergida y de la brecha fiscal como termómetros de la eficacia de la lucha contra el fraude.

En la argumentación justificativa de las enmiendas presentadas al proyecto normativo del Gobierno los grupos parlamentarios proponentes sustentaban la necesidad de disponer de ese diagnóstico sobra la economía sumergida en España por la existencia de un 65% más de economía ilegal en España respecto a otras economías desarrolladas, que se desprendía de los informes internacionales, y porque éste "permitiría establecer una adecuada estrategia a medio y largo plazo para reducirla, y, sin duda, sería un gran acicate para la mejora permanente al evaluar la eficacia de la Agencia Tributaria según el nivel de reducción de la economía sumergida lograda en un período temporal", en contra de la opinión expresada por el organismo que preside Jesús Gascón.

El supuesto 'mito' de la economía sumergida

La enmienda que está negociando el Grupo Socialista no sólo insta a la Agencia Tributaria a publicar datos de los estudios internacionales sobre economía sumergida sino también los que existan sobre brecha fiscal, un concepto que trata de medir la diferencia entre la recaudación que se obtendría en un contexto ideal y la que se obtiene realmente una vez detraídos los recursos que se escapan por toda una serie de circunstancias entre las que se cuentan el fraude fiscal, las lagunas regulatorias que alimentan las discrepancias entre los contribuyentes y la Administración Tributaria, los errores en la aplicación de la norma o las insolvencias de los contribuyentes. Se entiende que cuanto mayor es la brecha fiscal menos eficiente es el sistema tributario y se entiende también que el objetivo de la política fiscal debe ser reducir la brecha fiscal en los principales impuestos.

Curiosamente, los informes publicados por la Comisión Europea sobre la brecha fiscal en el IVA sitúan a España como uno de los países más eficaces en este impuesto junto a Suecia, Luxemburgo y Chipre, con una brecha recaudatoria de apenas el 2%, un dato que chirría con las dramáticas cifras sobre España que arrojan otros estudios sobre economía sumergida y que estiman ese agujero en el entorno del 25% del PIB. La Agencia Tributaria ya recordó en su Plan Estratégico que cuando este tipo de estudios se limpian de distorsiones metodológicas, sobreestimaciones y duplicidades el dato cae a niveles mucho más razonables, en el entorno del 11,2% del PIB.

El debate sobre el volumen de la economía sumergida en España se ha alimentado políticamente en los últimos años como una eventual fuente de ingresos millonarios por explotar, al calor de estimaciones - volcadas incluso en programas electorales - que prometían aflorar 39.000 millones en nuevos ingresos por esta vía, como hizo Podemos; o hasta 59.000 millones, como estimó en su momento el sindicatos de técnicos de Hacienda (Gestha). La Agencia Tributaria utilizó su Plan Estratégico para desmentir estos cálculos y subrayar que una aproximación más cauta y rigurosa al asunto permite estimar que aún en el caso de que se lograra erradicar por completo la economía sumergida los ingresos que se podrían obtener apenas superarían esa cifra de 14.000 millones de euros.