PSOE y Unidas Podemos quieren que las largamente esperadas recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo al Gobierno en orden a garantizar el futuro del sistema público de pensiones incluyan una referencia explícita a la asunción por parte de todas las fuerzas políticas firmantes del principio de que las pensiones públicas son viables desde el punto de vista financiero, según han confirmado a La Información fuentes parlamentarias. Los partidos de la coalición de Gobierno entienden que trasladar esa afirmación a la sociedad es crítico para doblegar la incertidumbre que siempre rodea los comentarios sobre el futuro del sistema de pensiones y lo es más aún ahora después de que desde instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se haya vuelto a poner en cuestión esa sostenibilidad a futuro salvo en el caso de que se aborden reformas de profundo calado en el sistema.
PSOE y Unidas Podemos han decidido incluir una referencia en ese sentido en el documento de consenso que pretenden que sirva de base para las recomendaciones del Pacto de Toledo, que los grupos esperan poder acordar en el transcurso de este mes de octubre o a principios de noviembre como muy tarde. El Pacto de Toledo ultima estos días un acuerdo de largo alcance - con una extensión sin precedentes - en el que se va a intentar que participen la amplia mayoría de fuerzas parlamentarias. Haciendo uso de la iniciativa que les concede ser los grupos que sustentan al Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos están empujando para alumbrar un documento que deje claro que el sistema de pensiones es viable y sostenible a corto y medio plazo. Se trata, indican las fuentes consultadas, de clarificar que no hay riesgos para las prestaciones y de no generar más incertidumbre.
Fuentes parlamentarias atribuyen este giro de los partidos que sustentan la coalición de Gobierno en la Comisión del Pacto de Toledo al clima creado por los posicionamientos públicos del Banco de España y la Autoridad Fiscal (Airef) en favor de plantearse una reforma profunda del sistema de pensiones para garantizar una viabilidad futura que consideran amenazada tanto por el factor demográfico como por el repliegue de determinadas medidas de contención del gasto aprobadas en la reforma del Gobierno del Partido Popular. Tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal no sitúan el problema en el corto plazo, en el que ambas instituciones respaldan el plan del Gobierno de que el Estado asuma los gastos impropios que hoy se cargan al sistema de pensiones, sino a medio y largo plazo. Pero entienden que la reforma del sistema debe hacerse ya para dar certidumbre a los trabajadores y evitar problemas de sostenibilidad en el futuro.
Tras una larga serie de fiascos que echaron abajo 'in extremis' por motivaciones políticas un acuerdo que ya parecía cerrado tanto en 2018, en los estertores de la era Rajoy, como un año más tarde, en vísperas de las elecciones generales del 26-M, en la Comisión se confía en que en esta ocasión los trabajos lleguen a buen puerto. Buena parte de esa confianza se sustenta en haber superado el elemento que hizo encallar las dos últimas intentos de acuerdo: el mecanismo de revalorización de las pensiones. Los grupos admiten haber perfilado un consenso en torno a recomendar un esquema de de revalorización de las pensiones que tenga como principal referencia la evolución del IPC y también en relación a otros asuntos como intentar caminar hacia una reducción de la brecha de género de las prestaciones que provoca que las mujeres cobren unas prestaciones en menor cuantía de las que perciben los hombres.
También hay un elevado grado de acuerdo en torno a los cuatro nuevos aspectos que se han añadido al texto base de las recomendaciones, heredado del ciclo de negociaciones de la 'minilegislatura' de la moción de censura. Según las fuentes consultadas, las recomendaciones del Pacto de Toledo incluirán en primer lugar una referencia a la necesidad de premiar, o al menos no penalizar, a los trabajadores que acrediten carreras de cotización de más de 40 años; también instarán a ampliar el perímetro del protección del sistema a determinadas discapacidades, como la polio; plantearán la resolución de los problemas de las parejas de hecho en el acceso a determinadas prestaciones como la de viudedad; y también plantearán una referencia explícita a la protección de los derechos adquiridos por los funcionarios del régimen de clases pasivas, que andan preocupados últimamente por los rumores de que el Gobierno les quiere retirar beneficiarios como la posibilidad de jubilarse a los 60 años con el 100% de la prestación que les corresponde.
Las grietas que se deben resolver
Pero también hay algunas diferencias en cómo orientar el texto final que, según las fuentes consultadas, se podrían resolver por la vía de introducir votos particulares de cada formación a las recomendaciones generales del Pacto de Toledo. PSOE y Unidas Podemos pretenden que el documento esté impregnado por el espíritu de las medidas acordadas en el documento firmado por la coalición en diciembre y que constituyen la columna vertebral del planteamiento de política social del Ejecutivo. El planteamiento despierta rechazo en varios grupos políticos que rechazan imbuir de un corte ideológico a las recomendaciones de la Comisión y recuerdan que el espíritu original de las recomendaciones del Pacto de Toledo es plantear recetas de consenso para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, no plantear un determinado modelo de política social.
Este pulso se concreta en el rechazo de varios grupos parlamentarios a incluir dentro de las recomendaciones una referencia al Ingreso Mínimo Vital, la nueva prestación de Seguridad Social activada durante el 'estado de alarma', que PSOE y Unidas Podemos pretenden incorporar a las recomendaciones de la Comisión como un elemento más del sistema público de protección social. Las fuentes consultadas señalan que la mención al IMV genera una fuerte oposición, en algunos casos por no formar parte del 'corpus' de la protección contributiva del sistema; y en otros, de corte nacionalista, por tratarse de una prestación excepcional del Estado que aspiran a que acabe siendo gestionada por los gobiernos autonómicos.
En principio, los grupos parlamentarios se han fijado el 31 de octubre como fecha límite para cerrar el documento de recomendaciones, pero las fuentes consultadas subrayan que no es más que una fecha de referencia y no un 'deadline' en sentido estricto. De hecho, diversas fuentes parlamentarias admiten que esta fecha podría 'bailar' en función del curso de los acontecimientos a nivel político, como la fecha de aprobación en el Consejo de Ministros de los Presupuestos de 2021 para que entren en el Congreso. También hay que tener en cuenta la moción de censura de Vox que capitalizará toda la actividad del hemiciclo durante buena parte del otoño.
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