El Gobierno de Mariano Rajoy, como todos los Ejecutivos anteriores, tiene su selecto club de las puertas giratorias. A él pertenecen cargos de la administración que ocuparon puestos de responsabilidad (algunos de ellos fueron ministros) y que han acabado en la empresa privada, tras adquirir una importante experiencia -y contactos- en el sector público. Bancos, consultoras, despachos de abogados, multinacionales... se convierten en los destinos de los antiguos ocupantes de algunos de los despachos de poder más importantes de los ministerios. Para lograr dar el salto al mundo privado tuvieron que pedir la correspondiente compatibilidad ya que, en principio, tienen que pasar 24 meses en el dique seco.
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, es clara. Artículo 15.1: "Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". Sin embargo, sí que pueden solicitar a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda la autorización para poder desarrollar su actividad en una compañía en ese periodo de tiempo, como ha ocurrido en los casos que se mencionarán a continuación.
La Información ha recopilado la trayectoria de los altos cargos de la Administración Rajoy que en los últimos seis años han abandonado el Gobierno para pasar a la empresa privada. Los casos más sonados son algunos exministros, como Alberto Ruiz-Gallardón, que ha acabado en la consultora Thinking Heads Group después de pasar por el Consejo de Ministros y que también es profesor ayudante en el claustros de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Además solicitó autorización para formar su propio despacho de abogados. Lo mismo hizo Ana Mato, que después de abandonar Sanidad ha colaborado con el Centro universitario CEDEU, con la Agrupación de diputación de la delegación española del PP Europeo (GCCALA) y con la compañía Transport System WordWide. José Manuel García-Margallo, por su parte, ha colaborado con Cuarzo Producciones, la factoría audiovisual de la que fue propietaria Ana Rosa Quintana, y su amigo José Manuel Soria creó una empresa propia Sorben Partners, S.L. dedicada a la consultoría.
En el área económica del Gobierno, más de una decena de altos cargos han podido dar el salto a empresas privadas sin ningún problema. Uno de ellos ha sido Jaime Pérez Renovales, que fue subsecretario de la Presidencia con Soraya Sáenz de Santamaría en Moncloa y que ahora es secretario general y del consejo del banco Santander. El abogado del Estado también pidió autorización para ocupar otros cargos: patrono en la Fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero (UCEIF), consejero de Universia, presidente del consejo de Santusa Holding, consejero de Geoban, consejero de Deproduban Servicios Informáticos Generales, consejero de Ingeniería de Software Bancario y presidente del consejo del Servicio de Alarmas Controladas por Ordenador, según la información facilitada al Portal de Transparencia.
Marta Fernández Curras, que fue la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos a las órdenes de Cristóbal Montoro, ha terminado fichando por el despacho EY. Miguel Ferre, que fue por su parte secretario de Estado de Hacienda, también ha acabado en el mismo bufete de abogados. Y su compañero en el Ministerio de Hacienda, el que fuera director general de Tributos, Diego Martín-Abril, ha sido contratado como asesor de Goméz Acebo & Pombo Abogados.
Algunos de los altos cargos que rodearon a Luis de Guindos en el Ministerio de Economía también han acabado en la empresa privada. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, fue contratado como chairman de Rothschild en España y en Altamar Capital Partners. Por su parte, Miguel Temboury, que fue subsecretario de Economía y Competitividad, terminó fichando como consejero de Aedas Homes, como senior advisor en la rama de banca de inversión de Barcklays Bank y solicitó su posible incorporación a la lista de árbitros del CIADI, el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial.
Existen otros casos sonados de fichajes llamativos. Uno de ellos es el de José Manuel Vargas, expresidente de Aena, que fue contratado por el fondo de capital riesgo norteamericano Rhône Capital Group. También Pablo Vázquez, ex presidente de Renfe, fue contratato por la consultora McKinsey y por Cunef como director; y Luis Valero, secretario general de Industria y Pymes, se incorporó al consejo de administración de Enagás.
En otros ministerios, fuera del ámbito económico, destaca la trayectoria de Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado, que ahora está en Garrigues; Cristina Coto del Valle, que fue jefa de gabinete de Gallardón, ahora trabaja con el exministro en su despacho y pidió autorización para incorporarse al bufete Albiñana-Suárez de Lezo; el exembajador en India Gustavo de Arístegui, fichado por la firma americana de relaciones públicas Mercury Llc; Leopoldo González Echenique, expresidente de RTVE, que acabó en el despacho Herbert Smith Freehills y en Everis; María Segui, exdirectora general de Tráfico, que se incorporó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA); y César Antón, que fue director general del Imserso y que fichó por Cofares. Suma y sigue.
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