Puigdemont y Junqueras elevaron un 12% sus altos cargos con Cataluña en quiebra

  • La Sindicatura de Cuentas destapa una deuda de 65.669 millones y una situación crítica con el remanente de Tesorería y los fondos propios en negativo.
Junqueras y Puigdemont en el Parlament en imagen de archivo / Q. GARCÍA / EFE
Junqueras y Puigdemont en el Parlament en imagen de archivo / Q. GARCÍA / EFE

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el órgano fiscalizador de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, ha publicado un duro informe, aprobado por su pleno el pasado 12 de diciembre con un voto particular, sobre la situación financiera de la Administración catalana en 2016, el año en el que el tándem Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tomó las riendas del Gobierno autonómico, una aventura que terminó unas semanas después del referéndum separatista del 1 de octubre de 2017.

En 228 páginas, el fiscalizador describe un panorama financiero  "delicado", casi al limite, con una deuda desbordada, sin posibilidades de financiación y con déficit incontrolado que al final superó con creces el objetivo fijado por el Gobierno central, que discurre en paralelo con aumento del gasto social y en nóminas públicas, un incremento del 30% delos  incentivos a los empleados y un aumento de cargos públicos y directivos del 12%.

El informe destaca la precarización de la Administración catalana, en la que el número de funcionarios cayó un 3,4%, mientras que los trabajadores interinos -con contratos temporales- pasaron de 25.546 a 29.090, un aumento de casi el 14%. Pero también subraya el incremento de los altos cargos, que pasaron de 140 en 2015 a un total de 159 solo un año después, y de sus retribuciones, que subieron de media casi un 10%.

Una situación financiera crítica

En sus conclusiones, el documento firmado por el síndico mayor, Jaume Amat i Reyero, destaca que el endeudamiento financiero de la Generalitat a 31 de de diciembre de 2016 alcanzaba los 67.096 millones, un 6% más que en 2015, y que la deuda correspondiente a los fondos de financiación creados por el Estado superaba los 50.037 millones. Además, incide en el incumplimiento del objetivo de déficit, que se situó en ese ejercicio en el 0,93%, frente al 0,7% fijado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Mientras, subraya que el remanente de Tesorería siguió siendo negativo en casi 1.600 millones, pese a una disminución de alrededor del 35% con respecto al ejercicio anterior, lo que impidió que se siguiesen generando  tensiones en la financiación; y del efecto negativo en las cuentas de la Administración autonómica de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros. 

Otras de las irregularidades que se apuntan en el informe son las deficiencias de los inventarios facilitados por los distintos entes de la Administración, que no coinciden con los registros contables, y la imposibilidad de fiscalizar las cuentas de hasta cinco consorcios, de los que no se facilitó documentación en ningún momento.

Otro año sin presupuestos

El Parlamento catalán aprobó en febrero de 2016 un decreto para prorrogar los presupuestos del año anterior -gracias a cinco votos favorables y cuatro abstenciones de la Candidatura de Unidad Popular (CUP)-, una moratoria que permitió a la Generalitat formalizar operaciones de endeudamiento para cubrir las amortizaciones previstas hasta que no saliesen nuevas cuentas. En mayo de ese año intentó presentar unos nuevos presupuestos, pero en esta ocasión los 'cuperos' se negaron a facilitar su aprobación al ver incumplidas sus demandas. 

 

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