No se limita a la afrenta a la OTAN y a la capacidad de estrechar lazos con un nuevo socio comercial de alcance. La venta del sistema de misiles de defensa S-400 a Ankara por parte de Moscú es un intento de paliar las pérdidas cosechadas por su estrategia en Venezuela.
La Federación de Rusia es hoy día uno de los mayores exportadores de armamento del mundo, con unas ventas que rozan los 15.000 millones de dólares cada año. En gran parte, ese éxito comercial es fruto de las políticas emprendidas durante la época soviética, cuando el 'Kalashnikov' era la mejor tarjeta de presentación del Kremlin en cualquier parte del mundo. En la Guerra Fría, con la búsqueda de influencia frente al bloque occidental, las operaciones 'a pérdida' estaban justificadas para los líderes de la URSS.
En la actualidad, la estrategia de Rusia es diferente, y apuesta por la colocación de su catálogo de armamento en el exterior como forma de mantener en buen estado de salud a su potente industria de defensa, aplicando siempre una fórmula eficaz: sus sistemas son equiparables a los de occidente y tienen precios más bajos.
A pesar de ello, la venta de armas siempre tiene un componente político, y si alguien lo duda debería revisar los problemas a los que tuvo que hacer frente el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la venta de bombas y corbetas a Arabia Saudí. En el caso ruso no es diferente, pero tiene mayores implicaciones financieras. En su negociación para las transacciones comerciales, los aliados estrechos del Kremlin cuentan con el apoyo de los bancos y corporaciones bajo control estatal para financiar grandes compras de armamento.
Los créditos concedidos a países con economías débiles o aquellos que por su importancia estratégica se dan casi por perdidos son habituales en la política de defensa rusa. Puede que Moscú no logre sacar rédito de esos contratos, pero así consigue mantener los empleos en las grandes empresas rusas, sostener las líneas de producción y rebajar los costes para las necesidades armamentísticas propias.
En la última década, las operaciones a crédito -o a fondo perdido- realizadas por Rusia se han incrementado a la par que Vladimir Putin ha reforzado su política expansionista. Así lo explicaba en un encuentro con representantes de la industria de armamento el propio presidente de la Federación, en abril de 2013: "Algunos países están simplemente cortos de dinero en un determinado momento, o necesitan ayuda para prolongar la vida útil del equipamiento y armas que ya tienen". Su estrategia estaba clara, crear nuevos mercados para su industria, aunque costase dinero en algunas operaciones.
Revisando los medios especializados del sector se encuentran buenos ejemplos de esta práctica comercial. El pasado año Moscú aprobó un crédito de 200 millones de dólares para Armenia destinado a la compra de sistemas radar y antiaéreos. Bangladesh recibió otro por valor de 800 millones de dólares en 2013 para la compra de aviones de entrenamiento de pilotos, y Cuba recibió igualmente un crédito de 50 millones de dólares. Todas estas operaciones, en caso de impago, representan un bajo riesgo para Rusia.
Un caso bien diferente es el de Venezuela, país por el que Putin apostó desde un primer momento para convertirlo en su punta de lanza en América. El problema ha llegado cuando Moscú se ha dado cuenta de que los 10.000 millones de dólares entregados en créditos a Caracas en los últimos años no van a volver nunca a sus arcas.
La primera 'mordida' de 2.000 millones de dólares tuvo lugar en 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue uno de los primeros -y escasos- líderes mundiales en reconocer las dos repúblicas respaldadas por Rusia en territorio de Georgia. El segundo y tercer crédito, cada uno de 4.000 millones de dólares, fueron concedidos en 2012 y 2014, con destino a la compra por Venezuela de tanques, aviones de combate, helicópteros, misiles y otras armas.
Pero la crisis y el caos del Gobierno bolivariano llevaron a que, hace al menos dos años, dejara de abonar 'las letras' del crédito, obligando a Moscú a reestructurar el plan de pagos a diez años. Y ahora ha vuelto a fallar en el nuevo calendario para satisfacer esa deuda. En los últimos meses, Rostec y Rosoboronexport han comenzado a desmontar sus estructuras en Venezuela, y repatriado a cerca de 2.000 empleados, según publicaciones especializadas como 'Defense News'. Ambas corporaciones han apoyado los esfuerzos de Putin por ganar poder en varias partes del mundo, pero el riesgo de comenzar a perder dinero es demasiado alto si se mantienen aventuras como la venezolana.
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