"Lo que vemos es que hay muchos contactos y grandes proyectos reservados para las empresas del Ibex y que nosotros aún no sabemos a qué proyectos vamos a poder aspirar". Esta crítica de un representante de una organización empresarial sectorial ilustra lo que es el estado de inquietud general que reina en la mayor parte del tejido empresarial español, el que está conformado por la red de empresas de pequeño y mediano tamaño y autónomos, respecto a la futura ejecución de los fondos europeos. Perciben que el Gobierno ha avanzado en la definición de los grandes proyectos estratégicos, los famosos PERTE, llamados a desarrollar ese poderoso efecto tractor que Moncloa espera que tengan los fondos europeos y que serán liderados en gran parte por las principales empresas del país, pero que apenas se sabe nada del grueso de los proyectos de inversión que se abordarán con fondos europeos y en los que pymes y autónomos esperan tener un papel preponderante.
También observan indicios inquietantes en la información que hasta ahora ha trascendido sobre los fondos europeos, tanto por los proyectos de gran dimensión presentados por empresas del Ibex como Telefónica, Endesa o Iberdrola cuando las pymes y los autónomos apenas tienen información sobre los proyectos de inversión que se van a desarrollar, o la anunciada financiación para otro tipo de proyectos como la experiencia piloto impulsada por Íñigo Errejón para testar la implantación de la jornada de cuatro horas en las empresas, que contará con 50 millones de euros y que pymes y autónomos subrayan que es inaplicable para ellos.
Organizaciones como ATA, sectoriales del turismo o Cepyme, la organización empresarial que representa a las pequeñas y medianas empresas del país, han trasladado al Gobierno esta inquietud y en el caso de la Cepyme ha puesto una propuesta sobre la mesa: que tanto los PERTE como los planes de inversión, los contratos y las subvenciones que se activen con cargo a los fondos europeos contemplen de manera expresa la reserva de una parte de la actividad para las pequeñas y medianas empresas. El planteamiento ya aparece de manera general en el Real Decreto que regula la gestión y ejecución de los fondos europeos y que establece como uno de los requisitos que se tendrán en cuenta para catalogar un proyecto de inversión como PERTE "que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos".
La organización hermana de CEOE aboga por ir un paso más allá y que exista una reserva legal explícita de parte del despliegue inversor que se movilizará con los fondos europeos al tejido de pequeñas y medianas empresas, que constituye el 99% del tejido empresarial español. El argumento de la organización es que si se pretende que el Fondo de Recuperación y Resiliencia tenga un efecto tractor sobre la industria española y un efecto transformador sobre su economía debe garantizar que ese 'maná' europeo va a llegar a las pymes y autónomos del país.
La estrategia del Gobierno hasta la fecha ha sido tantear a grandes bufetes y grandes consultoras para que abran una suerte de ventanillas para prestar asesoramiento técnico a las pequeñas y medianas empresas que quieran acceder a los proyectos, como adelantó La Información. "No creemos que los fondos europeos deban convertirse en un negocio para las consultoras", recalca otra fuente empresarial. "Lo que necesitamos conocer lo antes posible es el detalle de los proyectos de inversión en que se van a materializar los fondos europeos para poder presentar nuestras ofertas y también que no se van a dejar en manos solo de las grandes empresas".
Si hay un ámbito que preocupa especialmente al segmento de pymes y autónomos es el desarrollo de los PERTE, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, que encarnan la apuesta más evidente del Gobierno por la colaboración público-privada pero cuyo liderazgo, se temen, se va a entregar a las grandes empresas. Buena parte de la presión de estos colectivos al Gobierno va en la dirección de exigir que se garantice una participación significativa de las pymes y los autónomos en estos proyectos.
Fuentes de las organizaciones representativas de estos ámbitos no ocultan su temor a que Moncloa deje la mayor o menor participación de pymes y autónomos en estos grandes proyectos estratégicos, que se supone que deben ejercer ese 'efecto arrastre' sobre todas las capas del tejido productivo y promover la transformación económica y el empleo, al albur de lo que determinen las empresas encargadas de liderar esos proyectos sin las garantías de participación, libre concurrencia y transparencia que rigen en la contratación pública. "No sólo hay que garantizar la participación de las pequeñas empresas y de los autónomos, también que éste se rige por los principios de la contratación pública", subrayan.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios