La sanidad pública española, un sistema universal, gratuito y descentralizado, está considerada una de las mejores a nivel mundial. Sin embargo, la falta de recursos humanos, económicos y materiales ha hecho tambalear sus cimientos en varias ocasiones, la más notable durante la pandemia del coronavirus. Una crisis crónica que estos días ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid, donde el comité de huelga de Atención Primaria se ha encerrado este jueves en la dirección general de recursos humanos de la Consejería de Sanidad para exigir una negociación "real" con las autoridades y mejorar sus condiciones laborales, así como la calidad de atención a los pacientes. En medio de este contexto, con la sanidad pública saturada, se ha disparado la contratación de seguros privados. ¿Existe alguna relación entre ambos datos?
Los seguros privados de salud, diferentes a los servicios de subsidios por accidente o enfermedad que están enfocados a los trabajadores autónomos enfermos con una baja médica, son los que permiten al paciente ir al médico de cabecera, al especialista o someterse a intervenciones en un centro privado. Su contratación ha crecido de forma sostenida en los últimos 10 años, si bien bajo la sombra de la covid el ritmo se ha aumentado considerablemente: entre 2019 y 2021 el número de pólizas aumentó un 9%, un incremento más rápido que el que venían registrando hasta entonces, según los últimos datos recogidos por la patronal Unespa.
Así, el coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de la salud y ha dado un impulso a las mutuas, con más de un millón de nuevos contratos en los dos últimos años, y más de 11,5 millones de personas registradas en total en 2021, el 24,4% de la población española. Hasta entonces, los incrementos habían sido de máximo un punto porcentual, unos 300.000 seguros privados más cada año. Es decir, casi uno de cada cuatro españoles financia doblemente su atención médica y cuenta con un seguro privado.
Los funcionarios mantienen la tendencia al alza de la contratación de pólizas
Dentro de las cifras generales, explica la patronal de seguros, hay que considerar las 1,8 millones de personas que son funcionarios de la administración central, de justicia o militares que tienen también un servicio de salud ofertado por una entidad privada. Un porcentaje que varía dependiendo de la comunidad autónoma, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las dos regiones que más empleados públicos congrega, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde viven, sobre todo, militares.
Todos los trabajadores públicos pueden elegir entre el servicio de sanidad pública o privado a través de mutuas financiadas con fondos públicos. Y la mayoría de funcionarios se decantan cada año por la privada: la principal es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), pero también están el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General de la Judicatura (Mugeju).
El peso de los funcionarios como constante en la sanidad privada puede ayudar a identificar uno de los grupos que mantienen al alza los seguros de salud, presentes en el 22% de los hogares españoles. Un negocio que ha incrementado sus beneficios un 50% durante la última década y que no deja de crecer a nivel estructural: en 2011 se pagaron 6.280 millones de euros por la contratación de 8.7 millones de seguros, mientras que en 2021 fueron 9.485 millones por 11,5 millones.
Reducir el absentismo laboral
Otra de las razones por la que se ha disparado el número de seguros privados se localiza en las empresas, más concretamente en las pymes, muchas de las cuales han incorporado el seguro de salud privado para sus trabajadores como concepto retributivo complementario.
Las razones son fundamentalmente tres: atraer talento, retener profesionales y reducir el absentismo laboral. Respecto a los dos primeros, las entidades buscan hacer más atractivos los contratos incorporando beneficios sociales que faciliten la cotidianidad de los trabajadores. En cuanto al absentismo laboral, las compañías tratan de poner a disposición de sus empleados servicios médicos ágiles, sin largas listas de espera ni procedimientos burocráticos que puedan prolongar su ausencia. Por ejemplo, en la sanidad pública se necesita pasar por la consulta de un médico de familia si se quiere acudir a un especialista. Mientras que en la sanidad privada este paso te lo puedes saltar.
En este sentido, Madrid y Cataluña, además de registrar los mayores porcentajes de personas con seguro médico privado, son las autonomías con mayor tejido empresarial. Si la media en España está en torno al 25% de asegurados de salud, en Madrid el porcentaje está en el 38%, seis puntos más que el 32% que hay en Cataluña. Cifras muy alejadas del 10% en Navarra, del 12% de Cantabria, el 13% de Murcia o el 17% de Asturias.
La crisis de la pública
En el incremento de asegurados también puede influir la guerra de precios entre las mutuas, con tasas muy bajas que atraen a personas que buscan una alternativa a las demoras en la sanidad pública. Pues incluso en autonomías donde es menos frecuente contratar seguros de médicos, como Castilla-La Mancha o Extremadura, la cifra de asegurados ha crecido un 7,5% durante la pandemia.
En este periodo se focalizó toda la atención sobre los enfermos de la covid, al mismo tiempo que la población con enfermedades de cualquier otro tipo vio cómo se retrasaba su consulta con el especialista o se suspendían sus pruebas diagnósticas, se cerraban los centros de salud y sufrían demoras tremendas para ser atendidos por un médico. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad estiman una espera media de dos meses y medio para ser atendido por un médico especialista.
En el transcurso de ese tiempo, muchos pacientes fueron derivados a centros privados con los que los ambulatorios y hospitales firmaban conciertos para desahogar sus salas, subsumidas entre la falta de personal y la afluencia acumulada. Un total de 271 hospitales privados (63%) cuentan con algún concierto con la sanidad pública en nuestro país, según la Alianza de la Sanidad Privada Española. El destino de la partida de conciertos es, principalmente, a servicios hospitalarios (60%) y servicios especializados (19%).
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