Flexibilizar el mercado laboral y eliminar desventajas para empleados en sectores marcados por la temporalidad, como el turismo o la construcción, fue el objetivo de una reforma laboral introducida en 2003 en Austria y que ahora propone implantar el Banco de España. La principal novedad del sistema -adoptado con el apoyo de los sindicatos- es que el trabajador cuenta con una indemnización por despido que funciona como un fondo de ahorro, que puede mantener aunque cambie de trabajo y que el Estado incentiva utilizar como complemento a la pensión. Esta "hucha" o "mochila", como se llama en la república alpina, se va llenando con la aportación mensual de la empresa, un 1,53 % del salario bruto del empleado o de los aportes de los autónomos.
Hasta la introducción de la reforma, la casi totalidad (el 96%) de los trabajadores del sector turístico, fundamental para el país alpino, carecían de una indemnización por despido. En otros sectores, muchos empresarios despedían a sus empleados justo antes de empezar a tener derecho a un finiquito, normalmente tras 36 meses de trabajo ininterrumpido en la compañía.
Con el nuevo sistema las empresas deciden mantener al trabajador en función de su productividad y no de su coste de salida, que de facto es cero. Actualmente, unos 3,6 millones de los 4,3 millones de los empleados y autónomos en Austria tienen una o varias "huchas" con fondos, administradas por alguna de las diez sociedades gestoras. El Estado garantiza el cien por cien de las aportaciones netas, mientras que las cajas invierten el dinero en el mercado financiero para conseguir un rendimiento del capital.
Entre 2004 y 2019 la rentabilidad media anual fue del 2,37%, lejos del 6% prometido por el Gobierno cuando este modelo fue aprobado. Descontando la inflación, el rendimiento neto medio fue solo del 0,47%, destaca un estudio del sindicato GPA/djp.
"Ha aumentado la movilidad de los empleados"
El sindicato califica el sistema como un "avance en política social", ya que incluye a empleados con contratos temporales y garantiza los fondos también en caso de que un empleado renuncie a su trabajo. De esta forma, señala GPA/djp, "ha aumentado la movilidad de los empleados", algo que también confirman desde la Cámara de Economía (WKO), la patronal. Ante el modesto rendimiento, los representantes sindicales exigen desde hace años una subida del aporte de las empresas, hasta el 2 o 2,5% del salario bruto, lo que la patronal rechaza.
Peter Pichler, responsable del sector de cajas de pensiones de la WKO, asegura en declaraciones a Efe que una subida "está fuera de cualquier debate". David Mum, del sindicato GPA/djp, argumenta que antes de la reforma, entre un 2,5 y 2,7 % del gasto en personal iba a pagar el finiquito, un valor que ahora es del 1,53%. Eso sí, en algunos sectores con gran temporalidad como el turismo, la gastronomía o la construcción, apenas se pagaban indemnizaciones. "En general, el nuevo sistema es más barato que el anterior y encima más justo para los trabajadores", asegura Mum a Efe.
Para el sindicato, el objetivo debe ser que un empleado acumule tras una vida laboral de 40 años un salario anual, lo que en estos momentos de bajo rendimiento parece imposible. Pichler, por su parte, matiza que en el sistema anterior solo uno de cada cuatro empleados recibía una indemnización, y sólo uno de cada cien llegaba a una indemnización de un año de salario, aunque eso después de 25 años trabajados.
Para el representante de la patronal, el problema es otro: el hecho que un creciente número de empleados retira sus fondos después de ser despedidos. Y es que el sistema permite al empleado disponer de los fondos en caso de despido tras al menos cinco años de trabajo. En caso de dejar su trabajo de forma voluntaria no puede acceder a esos fondos. "Si la gente mantiene el dinero en el fondo entonces es más probable que el rendimiento y el total acumulado sean más altos al final de la vida laboral", asegura Pichler.
Mum, por su parte, destaca que el dinero de la mochila no necesariamente es una pensión adicional sino que puede servir también como "capital puente" para periodos sin empleo.
Las ventajas fiscales
Si el capital es transferido a una caja privada de pensiones no se grava de ninguna forma, mientras que si se decide recuperarlo de una sola vez, Hacienda impone un impuesto del 6%. En caso de fallecimiento, el dinero acumulado hasta ese momento se entrega a los herederos. Para Mum, el único problema del sistema actual es el elevado coste de administración, que según la ley puede ser de hasta un 0,8% del dinero aportado.
"En lugar de las diez cajas actuales hubiese sido mejor tener un ente público, más eficaz, para gestionar esos fondos en beneficio de los asalariados", concluye el experto.
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