Junto a la llamada aministía fiscal de 2012, una medida con la que el Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, pretendía aflorar el dinero oculto en el extranjero, el Ejecutivo del PP aprobó el modelo 720.
Se aprobó el 29 de Octubre de 2012 como modificación de la normativa tributaria y presupuestaria para adecuar la normativa financiera e intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Obliga a los contribuyentes con un patrimonio superior a 50.000 euros fuera de España a declararlo ante la Hacienda Pública so pena de gravosas sanciones.
Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, ambas actuaciones han permitido aflorar bases fiscales ocultas por más de 40.000 millones de euros, bases que permanecían escondidas a ojos del Fisco y que ahora figuran en las bases de datos de la Agencia Tributaria.
Están obligados a presentar este modelo las personas físicas y jurídicas que residen en territorio español y los establecimientos permanentes en España de personas o entidades no residentes. El titular, representante, autorizado, beneficiario, persona o entidad con poderes de disposición o titular real, tendrá la obligación de informar acerca de las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero y bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
Sin embargo, Bruselas concluye que la regulación de la Declaración Tributaria sobre Bienes y Derechos en el Extranjero incumple cinco libertades comunitarias y fuerza las leyes europeas en al menos dos aspectos clave: la imprescriptibilidad de las irregularidades fiscales cometidas y el duro régimen sancionador establecido por no presentar la declaración informativa o hacerlo de manera incompleta.
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