El Gobierno aprobó durante la primera quincena de junio el Ingreso Mínimo Vital. Se convertía, así, en la medida de mayor calado social, pues tenía como objetivo minimizar los efectos de la crisis económica (ocasionada por la pandemia del coronavirus) entre los más vulnerables. Sin embargo, casi tres meses después, solo alrededor de 80.000 familias han recibido esta ayuda. El número que calculaba la cartera de José Luis Escrivá ascendía hasta 850.000 hogares. En la casilla de salida y sin haber entrado en juego, aún se mantienen unas 700.000 prestaciones.
Ante esta situación, muchas de las miradas han ido a parar a Tragsa. Pero, ¿quién es esta empresa y qué tiene que ver en el Ingreso Mínimo Vital?
Tramitación de prestaciones
Con el objetivo de agilizar la gestión de todas las solicitudes que se esperaban, la administración encargó la gestión electrónica de las mismas a la empresa pública Tragsa, quien incluso ya buscaba en mayo trabajadores que llevasen a cabo la tramitación de solicitudes y prestaciones.
Tragsa es un grupo empresarial público integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según explicó la propia empresa en un comunicado: "El grupo Tragsa, a través de su filial tecnológica Tragsatec, presta apoyo al Instituto Nacional de la Seguridad Social en la captura y tramitación de la gestión electrónica de las prestaciones económicas del Ingreso Mínimo Vital".
Niega la 'alteración' de los plazos para tramitar la renta mínima
Tras haberse convertido en el centro de la diana por el retraso de las prestaciones, Tragsa salió al paso para desmentir las informaciones surgidas en diversos medios durante los últimos días.
"En el marco de este encargo, y en relación al proceso de tramitación, desde el Grupo se aclara que el método de clasificación de los expedientes tiene como único objetivo gestionar adecuadamente y de manera eficaz cada una de las solicitudes recibidas. Es por tanto falso la existencia de una norma interna dictada desde Tragsatec con el fin de retrasar o alterar los plazos de tramitación de los expedientes", decía en un comunicado.
¿Cómo se tramitan las prestaciones del IMV?
"Desde que se recepciona un expediente hasta su tramitación por parte de un funcionario del INSS, que es quien aprueba o deniega finalmente el expediente, la solicitud pasa por diferentes estados", detallan desde Tragsa.
Explican, por tanto, que cuando un tramitador finaliza su estudio, dispone de la documentación necesaria o, en su ausencia, se le ha solicitado al ciudadano, traslada este expediente a su superior con la asignación de "Requerido", indicando que está listo para su revisión posterior y control de calidad.
"De esta forma, bajo la categoría de “Requerido”, se encuentran tanto los expedientes que cuentan con toda la documentación correcta como aquellos que están pendientes de subsanar algún error sin quedar ninguno de ellos paralizado. Se trata de una nomenclatura, un código interno utilizado únicamente para dar traslado del expediente a la siguiente fase del proceso y que, bajo ningún concepto, paraliza o ralentiza el proceso", añaden.
Entonces, ¿a qué se deben los retrasos?
Según dijo Escrivá hace poco más de una semana, la demora se debía fundamentalmente a los errores que se estaban detectando en las solicitudes.
El Ministerio reconocía, eso sí, el cuello de botella que se está produciendo con esta nueva prestación que nació para paliar los efectos económicos de la pandemia sobre la población más vulnerable y asegura que en las últimas semanas se han desplegado "diferentes iniciativas con el objetivo de mejorar el proceso de tramitación".
Tragsa
Fundada en enero de 1977 y con una plantilla de alrededor de 11.000 empleados, la empresa se estructura a partir de la matriz Tragsa, que es la responsable de la ejecución de obras y servicios, y la filial Tragsatec, que se encarga de la ingeniería, consultoría y asistencia técnica.
Es, precisamente, esta última, la que constituye el soporte tecnológico del Grupo, incluyendo sistemas de información geográfica, desarrollo de entornos web y producción y gestión de bases de datos.
Su accionariado se estructura de la siguiente forma: la SEPI, con un 51 % de participación, el Fondo Español de Garantía Agraria -con un 38,92%-, la Dirección General del Patrimonio del Estado -con un 9,94%- y, por último, t35 administraciones territoriales entre CCAA, diputaciones y cabildos insulares.
