El Gobierno trabaja a contrarreloj para sacar adelante una batería de medidas económicas que palien, en cierta medida, el incremento generalizado de los precios. El resumen es bien sencillo: nunca antes la gasolina, los carburantes o los alimentos habían estado tan caros. Durante estas dos últimas semanas, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha citado con representantes europeos y económicos para poner consenso a un plan que consideran urgente. El día en cuestión ya está marcado en rojo en el calendario: el próximo martes, 29 de marzo, el paquete de reformas llegará al Consejo de Ministros.
En este sentido, una de las medidas que había sobre la mesa para evitar que el precio de la electricidad siguiese en la escalada del último mes, era poner un límite al mercado mayorista de 180 euros, el megavatio hora (MWh). Fue precisamente el jueves pasado, cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que tanto España como Portugal -países que comparten mercado eléctrico- tenían intención de llevar esa propuesta a cabo, para evitar el efecto del encarecimiento sobre familias y empresas.
El precio máximo de 180 euros MWh era una referencia que ya existía en la regulación española y portuguesa hasta que en 2019, una directiva europea prohibió mantener topes a las ofertas de las eléctricas en el mercado mayorista.
Pese a todo, cuatro días después de ponerlo sobre la mesa, Teresa Ribera ha dado marcha atrás. Tal y como ha confirmado el Ejecutivo, ahora trabaja en otras opciones que permitan concitar mayor unanimidad en el ámbito de la Unión Europea. Según fuentes del Ministerio, se está trabajando en opciones mejores y más interesantes, más sencillas y con más posibilidades de éxito en el ámbito europeo que el de esa limitación del precio máximo que se podría alcanzar en las ofertas en el mercado eléctrico.
A la espera de la UE
Ribera indicó que, si la Unión Europea se retrasaba en tomar decisiones, habría una decisión nacional junto con el Gobierno portugués, porque la sociedad y las empresas no pueden esperar más. Un día antes, el ministro de Medioambiente y Acción Climática portugués, João Matos Fernandes, ya había avanzado esa propuesta de limitar el precio máximo del mercado mayorista y dio detalles sobre la propuesta.
Según Fernandes, las centrales de ciclo combinado a gas natural que tuvieran costes variables por encima de ese precio de 180 euros/MWh recibirían el diferencial de coste, pagado por un fondo común europeo o, si fuese a través de financiación nacional, con el déficit tarifario. Añadió que este mecanismo permitiría un ahorro mensual conjunto para España y Portugal de 5.700 millones de euros (1.100 millones en el caso de Portugal).
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