La quiebra de Isolux lo sitúa como el mayor moroso con el Fisco: 370 millones

  • Las inmobiliarias Nozar y Prasa salen del top 5 de deudores con Hacienda por primera vez desde 2015, igual que la empresa de yates del jeque del City 
Fotografía protestas Isolux Corsán
Fotografía protestas Isolux Corsán

La declaración de concurso de acreedores en dos de las principales sociedades del Grupo Isolux Corsán, hasta hace unos meses la séptima mayor empresa de construcción española por volumen de facturación, la ha encaramado a la poco noble condición de principal moroso con la Hacienda Pública española. La suma de las deudas tributarias del grupo constructor y de su enseña de concesiones roza los 370 millones de euros y lo sitúa por encima de los 353 millones que adeuda Reyal Urbis, que desde 2015 y hasta este año ha figurado como la sociedad con un volumen mayor de deudas con el Fisco.

El Grupo Isolux admitió a principios de 2018 un agujero patrimonial de 3.830 millones de euros y un volumen de deudas de 5.695 millones, con un activo de tan solo 1.865 millones para responder de las mismas. Dentro de ese maremágnum de desequilibrios patrimoniales y endeudamiento, la Hacienda Pública le reclama cerca de 370 millones de euros, cuyo cobro se antoja complicado por el valor de lo que queda de la compañía y por el ingente volumen de pasivo que arrastra.

Reyal Urbis, la inmobiliaria de Rafael Santamaría, se mantiene como el segundo mayor moroso con la Hacienda pública con 353 millones de euros en deudas. Desde el año 2015, la compañía ha reintegrado a la Hacienda Pública unos 25 millones de euros, apenas un 6% del volumen total que adeuda a las arcas del Estado. El tercer puesto de esta suerte de 'podio de la vergüenza fiscal' lo ocupa una firma semidesconocida, Vittone 1842, una planta situada en Figueras que se dedica a la importación de bebidas alcohólicas y posterior distribución que arrastra desde hace tres años una deuda fiscal de 134 millones de euros.

El cuarto lugar en la lista de morosos de Hacienda lo ocupa Aifos, la promotora inmobiliaria del empresario Jesús Ruiz Casado que dejó sin construir 6.000 viviendas que ya había vendido en la Costa del Sol y que arrastra una deuda de 98,6 millones de euros con la Agencia Tributaria. Los impagos fiscales de la matriz constituyen solo un parte de la deuda total que el grupo empresarial mantiene con Hacienda, ya que a ese principal hay que sumar, como publica La Opinión de Málaga, los impagos de otras ramas del grupo como Promotores y Consultores Ziur (37,7 millones) y de los propietarios del hólding, el propio Jesús Ruiz y su esposa, Teresa Maldonado, que deben 15,6 millones cada uno. En conjunto, las deudas con Hacienda rondan los 168 millones de euros.

El quinto mayor moroso con la administración es la sociedad de inversión Banreal Holding, creada en su día por el empresario venezolano Julio Herrera, y que acumula una deuda fiscal que supera también los 98 millones, que no se ha reducido ni un euro desde el año 2015.

Sale del Top 5 por primera vez desde el año 2015 la cordobesa Prasa, la inmobiliaria del empresario Pepe Romero que pelea por salir de la quiebra con una deuda con el Fisco de  97,94 millones de euros. Las perspectivas no parecen muy halagüeñas. La compañía había logrado en los últimos cuatro ejercicios reducir su deuda tributaria de 101 millones a 96 millones, una reducción que se ha quebrado este año. También abandona ese 'escaparate' la inmobiliaria Nozar, que en solo un año ha reducido la deuda que le exige Hacienda de 198 millones de euros a 56,87 millones.

En el top 10 de los mayores morosos figuran otros habituales de esta lista como Obras Nuevas de Edificación, 2000, una de las enseñas del entramado empresarial de Francisco Hernando, el célebre 'Pocero de Seseña', con más de 86 millones de euros en impuestos pendientes de pago; Anca Corporate, el hólding inversor del empresario hotelero Antonio Catalán (AC Hoteles), que pese a sus esfuerzos por sacar su nombre de la lista a través de los tribunales continúa apareciendo con una deuda pendiente cercana a los 82 millones de euros. También continúa la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), la plataforma de apoyo a la discapacidad que intentó replicar el modelo de la ONCE con la emisión de una lotería no legal y que adeuda a Hacienda más de 86 millones de euros desde hace un puñado de años.

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