¿A quién beneficia la supresión del impuesto de sucesiones?

Tras el fallecimiento de un familiar, los herederos o familia directa, entre otras cosas, deben asumir el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para poder acceder a sus bienes. Se trata de un tributo ‘polémico’, especialmente por las diferencias existentes entre las Comunidades Autónomas, quienes tienen esta competencia. Pero también causa controversia por la diferente postura que tienen los partidos políticos al respecto, algunos como Ciudadanos y PP, que ya lo han eliminado en Andalucía, apuestan por su eliminación a nivel nacional, ya que lo consideran “injusto y absurdo”.

Ante esta variedad de opiniones, surge una duda: ¿a quién beneficia realmente la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones? Sobre esta cuestión el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) emitió en 2017 un informe en el que señalaba que los principales beneficiados son “el 0,7% de los contribuyentes con mayor renta”.

Igualmente, el informe de Gestha señalaba que la supresión de este impuesto tendría un efecto limitado y señalaba como los “grandes perjudicados” al resto de contribuyentes con menores rentas, quienes compensarían la pérdida de recaudación.

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No obstante, es importante señalar que en la actualidad este impuesto afecta principalmente a las rentas más altas, ya que en la mayoría de Comunidades Autónomos se aplica una bonificación del 99% para los descendientes, ascendientes y cónyuges.

Frente a esta tesis, destaca la situación de endeudamiento a la que llegan algunos contribuyentes que aspiran a recibir una herencia, el principal argumento en contra del impuesto. La tramitación para acceder a los bienes físicos y líquidos de un fallecido implica el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debe realizarse en los seis meses posteriores a la muerte, aunque se puede solicitar una prórroga de hasta un año, ya que, en caso de tener que abonar el tributo, el importe acostumbra a ser elevado y puede alcanzar los cientos de miles de euros. Si no se abona la cantidad en plazo, el deudor puede afrontar multas de hasta el 20% que incrementarán la cifra a lo largo del tiempo.

Además, la deuda que se puede generar al no abonar el impuesto implica una situación de morosidad con Hacienda, que dificulta aún más la situación de los endeudados, ya que puede repercutir en la solicitud de ayudas o subvenciones públicas.

La disparidad de opiniones en torno a este impuesto se refleja entre los propios políticos. Precisamente también estuvo presente en las últimas elecciones generales celebradas el 28 de abril. Ciudadanos, Partido Popular y Vox incluyeron la supresión del Impuesto de Sucesiones en su programa, una promesa electoral que probablemente se repetirá en el programa para el próximo 10-N.

No obstante, cada partido propone la medida con ciertas diferencias. Mientras Ciudadanos y Vox solo señalan la eliminación de este impuesto sin mayor especificación, el PP detalla la eliminación del tributo “para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges”.

Por el contrario, desde Unidas Podemos se han mostrado a favor de mantener el impuesto e incluyeron en su programa electoral el objetivo de “hacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo, en colaboración con las comunidades autónomas, de forma que sea más progresivo y que las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas”. El PSOE no incluyó ninguna medida sobre este impuesto en su programa para el 28-A, aunque en diferentes ayuntamientos y Comunidades apuestan por aplicarlo a herencias que superen cierta cantidad.