Mujeres, 'baby boom', jóvenes... ¿Quién paga los platos rotos de las pensiones?

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha dado a conocer las medidas más controvertidas de la reforma de las pensiones, que en este momento se negocia con los agentes sociales tras ser remitido el texto a Bruselas con el objetivo de que los fondos de recuperación lleguen a España. Pese a que este año solo se aprobarán, en el cuarto trimestre, dos de las medidas 'estrella' -la revalorizacion de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) y las penalizaciones al retiro -, lo mostrado hasta ahora ha generado críticas y no todos los colectivos se muestran satisfechos con los avances.

A pesar de que algunas de las propuestas iniciales han sido suavizadas y otras aparcadas, aunque pueden ser retomadas en el futuro, ya empieza a estar claro quienes soportarán el peso de la reforma y los grupos de edad menos perjudicados e, incluso, beneficiados. Los actuales pensionistas, especialmente activos, son los claros ganadores, mientras los jóvenes y una parte importante de los 'baby boomers' son los que deberán garantizar con su trabajo las actuales prestaciones y las suyas, que se verán claramente reducidas, según se deriva del análisis realizado desde los colectivos más afectados por la reforma.

Los actuales pensionistas

Son los auténticos ganadores con la reforma de las pensiones, que precisamente pretende dar sostenibilidad al sistema para que sus prestaciones no tengan que reducirse. Han sido los que más se han movilizado en la calle y en las redes sociales, y por los que, de momento, más han dado la cara los sindicatos mayoritarios. Los actuales jubilados -también el resto de los pensionistas- tienen garantizado el poder adquisitivo de sus prestaciones, ya que no sufrirán merma alguna en su prestación aunque el Índice de Precios al Consumo (IPC) sea negativo, como se recogía en los primeros borradores de la reforma.

'Millenials' y 'generación Z'

Los 'millenials', nacidos entre 1981 y 1995; la 'Generación Z', que engloba a los nacidos entre 1995 y 2015, y la corta 'Generación X' serán los mayores perjudicados de las medidas que actualmente se recogen en el texto. Sobre sus espaldas recaerá la parte más dura de la reforma, que les obligará a trabajar durante muchos más años si quieren cobrar algo cuando llegue su retiro. Deben garantizar sus pensiones y las de sus compañeros de generación con su trabajo, un escenario realmente complicado. Están sobrecualificados o muy poco formados, se incorporan tarde al mercado laboral y están mayoritariamente en el paro, para que cuando llegue el momento puedan cobrar algo cuando se retiren.

Pese a que los cambios les afectan -y mucho- los más jóvenes, frustrados por su precariedad laboral, se han mostrado poco activos ante la reforma. Con escasa experiencia y sin 'hueco' en el mercado de trabajo, tienen una tasa de paro del 40% y están especialmente expuestos ante las crisis económicas. Casi cuatro de cada diez jóvenes cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2021 es de 950 euros, y la crisis provocada por la Covid hará que pierdan hasta el 40% del sueldo, según Fedea, y aumente su temporalidad, que ya supera el 60%.

La generación 'baby boom'

Los nacidos entre 1958 y 1975, cuando se inició la recuperación económica después de los duros años de la posguerra, serán los próximos jubilados y tienen mucho que perder con la reforma. Pese a que algunos ya han alcanzado la edad para retirarse y un número reducido ya lo ha hecho de forma anticipada, a la mayoría les 'pillarán' de lleno las medidas más duras, desde las penalizaciones a la jubilación anticipada al factor de equidad generacional, con el que se recalculará la prestación según la esperanza de vida y otros parámetros.

Los 'baby boom' han tenido largas carreras de cotización y sus sueldos garantizan prestaciones elevadas o muy elevadas. Los sindicatos y plataformas como Asjubi40 han defendido que estos trabajadores no sean sancionados si deciden adelantar su retiro e incluso han planteado que los actuales jubilados con largos años de cotización y que fueron penalizados deberían recuperar la parte de pensión que perdieron. Pese a que la pandemia del coronavirus ha reducido la esperanza de vida, la media se situó en 82,4 años en 2020. La de las mujeres fue de 85,1 años y la de los hombres, de 79,7.

Sus cotizaciones garantizan buena parte de la sostenibilidad del sistema, pero lo cierto es que la mayoría de los jubilados -que cobrarán su prestación durante más de 20 años - necesitan al menos dos afiliados para sostener las prestaciones de un jubilado, algo que ya no sucede en hasta 14 regiones, que no sobrevivirían sin la caja única. Mientras, en ciudades como Ourense y Lugo ya hay más pensionistas que ocupados. El aumento de cuantía de las nuevas prestaciones y el tiempo durante las que las perciben, que será cada vez mayor, hace imposible que las cuotas de afiliados puedan afrontar 9,8 millones de prestaciones contributivas.

Mujeres y maternidad

Las mujeres trabajadoras presentan importantes lagunas de cotización, ya que en la mayoría de los casos asumen el cuidado de los hijos y de los mayores, lo que las obliga a dejar el empleo -su tasa de paro es cuatro puntos superior a la de los hombres- u optar por puestos eventuales; precarios y a tiempo parcial. Su remuneración es menor que la de los hombres, lo que supone unas pensiones inferiores -más de un 30%-, a las que acceden mucho más tarde -hasta un año-.

El cálculo de la pensión con más años de los 25 actuales fue aparcado -aunque no descartado- hace unos meses. Está fórmula perjudicaría claramente a las mujeres, también a los que se jubilen después de los 65, para las que contar toda la vida laboral supondría un recorte del 4,48% en su prestación, frente al 3,37% para los hombres. El Gobierno parece decantarse por tener en cuenta los mejores años de cotización dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

Escrivá ha decidido aplicar un plus de maternidad, que también pueden cobrar los hombres, para compensar los desequilibrios laborales que supone ser madre y los efectos de estos en la pensión. El Gobierno de Mariano Rajoy aplicaba un extra de entre el 5% y el 15% en la pensión por cada hijo, pero que claramente perjudicaba a las prestaciones menores y beneficiaba las altas. La medida actual, más justa, supone 378 euros anuales por cada hijo, pero no considera las familias numerosas de cuatro o más. Esta medida, que ya se aplica, salió aprobada en el Parlamento por la mínima.

'Tijeretazo' a las rentas altas

Para salvar un sistema de pensiones deficitario, una de las claves que ha decidido poner sobre la mesa el ministro es el incremento de las bases máximas de cotización, que son las que pagan las rentas más altas, que no ven reflejado 'su esfuerzo' en su futura pensión, que no crece al mismo ritmo que lo que aportan mensualmente a la Seguridad Social. La justificación es que los más 'ricos' tienen más calidad de vida, viven más y cobran más tiempo su pensión. El aumento se hará a partir de 2022 y de forma gradual a lo largo de 30 años.

Junto a esto, entre los desincentivos para adelantar la jubilación, hay uno especialmente dirigido a los que tienen derecho a una pensión máxima porque han cotizado por encima de la base máxima de cotización y, normalmente, durante décadas. A este colectivo el sistema actual les aplica una reducción por retiro anticipado que puede llegar al 4%, frente al 16% que se aplica al resto (más adelante será el 21%). La solución de la Seguridad Social, con la que se muestra disconforme Comisiones Obreras, es aplicar los mismos coeficientes para todos y un periodo transitorio de 12 años.

El malestar de los autónomos

La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales que los autónomos coticen entre 90 y 1.220 euros al mes en función de sus ingresos, una medida que no ha gustado nada a los trabajadores por cuenta propia, que habitualmente cotizan de forma voluntaria por lo mínimo, 289 euros. El resultado es que su pensión media apenas alcanza los 791 euros, frente a los 1.332 que cobran los jubilados del Régimen General, y se retiran mucho más tarde con el objeto de mejorar la cuantía de su prestación.

El nuevo sistema, que constará de 13 tramos acorde a los rendimientos, empezaría a tener efectos a partir de 2023 y se desarrollaría durante nueve años. El rango de cotizaciones contempla una cotización de 90 euros para los que ingresen 3.000 euros al año, mientras que la cotización máxima de 1.220 euros está prevista para los que ingresen más de 48.841 euros y pagarían a la Seguridad Social 14.640 euros al año.

Los funcionarios quedan igual

Pese al temor de los funcionarios inscritos en el Régimen de Clases Pasivas de que su sistema, con importantes privilegios, desaparezca, no parece que en principio vaya a suceder. Sin embargo, los constantes rumores de los últimos meses han provocado un aluvión de jubilaciones anticipadas. Muchos piensan que en los próximos años habrá cambios en un régimen que les permite retirarse de forma voluntaria a los 60 años con 30 cotizados, aunque con penalización, y un año después, sin sanción alguna. Sus carreras son permanentes y sus sueldos medios -que no paran de aumentar durante su vida laboral- son superiores a los del sector privado.

Viudas y jubiladas

Las pensiones de viudedad estuvieron en el foco en los primeros meses de la reforma. Se planteó la posibilidad de cambios -de momento aparcados- ante una situación que ha cambiado radicalmente desde que en 1956 se decidiese crear un sistema para cubrir las necesidades de las mujeres, que mayoritariamente no trabajaban y no tenían ingreso alguno, cuando moría su cónyuge. La situación ha cambiado radicalmente, desde las 125 pesetas iniciales, a los 37.900 euros brutos anuales de máximo. 

La realidad social es diferente, la mujer se ha incorporado al mercado, si bien es cierto que la brecha de género salarial y en las pensiones sigue siendo muy importante. Una de cada tres viudas -también hay un número muy pequeño de hombres- cobran dos pensiones -viudedad y jubilación- . Hasta 750.000 viudas tendrían al menos dos ingresos. La OCDE apuesta porque la de viudedad sea una prestación temporal y que se empiece a cobrar cuando el beneficiario o beneficiaria dejen de tener una edad idónea para trabajar.