"Radicales" dirigen violentas protestas antimineras en Perú, según ministro

Lima, 1 jun.- Las protestas antimineras en Perú de los últimos días, en las que han muerto dos manifestantes de la región de Cuzco, son dirigidas por "gente muy radical", "ideologizada, comunista y ultraizquierdista", afirmó hoy el ministro de Justicia, Juan Jiménez.

"El nivel de intolerancia de quienes están dirigiendo la protesta en la zona es muy alto. Lastimosamente es gente muy radical, gente que está muy ideologizada y eso impide que se pueda avanzar", sostuvo Jiménez durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima.

Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, hasta abril pasado se ha registrado la muerte de 14 personas en el país durante conflictos sociales, las últimas dos ocurrieron el lunes por armas de fuego en protestas contra la mina de cobre Tintaya, de la firma suiza Xstrata y ubicada en la provincia de Espinar, en Cuzco.

"La Policía sí usa balas de goma para repeler la violencia y esas son las instrucciones que tienen... el tema está sujeto a investigación, hay que ver de dónde provienen esos disparos, quién los ha ocasionado. Se ha encontrado gente con armas de fuego en la zona. Es un tema que no hay que prejuzgar todavía", expresó.

Para Jiménez, el Perú está entrando en "una espiral de violencia muy preocupante", pues en los días de protesta contra Xstrata hubo además decenas de heridos y detenidos, por lo que se declaró el estado de emergencia (de excepción) en la zona.

"La violencia es un medio para conseguir las demandas de la población y esto esta generando serios delitos que están afectando bienes jurídicos protegidos. Se está secuestrando autoridades, policías y funcionarios", destacó Jiménez.

Los manifestantes contra Xstrata piden que se eleve del 3 % al 30 % el aporte de la minera a la comunidad y que se evalúen los posibles daños medioambientales.

Para el ministro no es una casualidad que el jueves pasado se haya retomado un paro indefinido contra el proyecto minero Conga, de 4.800 millones dólares de inversión, en la región noreste de Cajamarca, donde la mayoría de la población teme que se contamine las reservas de agua de la zona.

Jiménez reconoció la falta de velocidad del Estado para responder a los conflictos sociales, que hasta abril eran 243 y de los cuales 145 eran por motivos socioambientales, según la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, el funcionario señaló que el traslado a Ica del detenido alcalde de Espinar, Óscar Mollehuanca, acusado por disturbios y peculado durante las manifestaciones, se debe a una ampliación de competencias por los violentos sucesos.

El ministro indicó que es la obligación de todo Estado garantizar la vida de las personas y su integridad, pero que también lo es controlar las manifestaciones violentas.