Madrid, 25 oct.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado hoy a los españoles, a poco más de un mes de que acabe el plazo para la regularización fiscal voluntaria, que pagar impuestos es una obligación ciudadana y que el Ejecutivo no dudará en hacer todo lo que esté en su mano para perseguir el fraude.
Ha sido durante la visita al Palacio de la Moncloa de los máximos responsables de la Agencia Tributaria (AEAT), a los que el presidente ha felicitado por la recaudación entre enero y septiembre de casi 8.500 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone el 18,7 % más que en el mismo periodo de 2011.
El presidente ha recordado que los servicios públicos se financian con los impuestos que pagan los españoles, un "sacrificio" que merece el respecto y la responsabilidad del Gobierno, que tiene que "cuidar de cada euro" y "administrarlo con inteligencia".
Por ello ha considerado "de justicia" luchar por convertir el fraude fiscal en "una práctica en desuso", para lo cual el Ejecutivo está haciendo la reforma legal "más ambiciosa" de la democracia.
"Es lógico que el Estado se dote de instrumentos disuasorios para evitar la evasión y el fraude fiscal. No olvidemos que aquel que no paga sus impuestos no sólo deja de contribuir al fondo común, sino que hace uso de unos servicios que le están pagando el resto de los españoles", ha dicho.
Ha recordado que ya ha superado el tramite parlamentario la ley de lucha contra el fraude fiscal -aprobada definitivamente ayer por el Senado- que endurece las sanciones a los defraudadores, introduce la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas, limita los pagos en efectivo a 2.500 euros y obliga a informar sobre cuentas y valores en el extranjero.
La ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en las próximas fechas y entrará en vigor un día después, salvo para la prohibición de operaciones en efectivo de más de 2.500 euros, que se comenzará a aplicar 20 días más tarde, según fuentes de Hacienda.
Además, está en trámite parlamentario la modificación del Código Penal que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora, y eleva el plazo de prescripción de las infracciones más graves de 5 a 10 años.
No obstante, el Gobierno ha abierto un proceso de regularización fiscal que termina el 30 de noviembre y que permite aflorar rentas ocultas a un tipo único del 10 %, así como dividendos de fuente extranjera a un gravamen del 8 %.
El Ministerio de Hacienda descarta alargar este proceso, a pesar de que ha recibido peticiones al respecto y de que el resultado de recaudación aún está muy lejos de los 2.500 millones previstos.
Los únicos datos publicados son de julio y reflejan una recaudación hasta ese momento de 51,89 millones procedentes de la regularización fiscal aprobada a finales de marzo, pero concretada en el mes de junio, cuando se publicó el modelo de declaración especial.
Hacienda, que no publicará más datos hasta que termine el proceso, cree que será durante el mes de noviembre cuando se producirá el mayor número de declaraciones especiales, puesto que están recibiendo numerosas consultas de asesores fiscales y despachos de abogados al respecto.
A un mes de que expire el plazo, Rajoy ha apelado a la solidaridad de quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, y ha añadido que la experiencia demuestra que la economía sumergida perjudica también a quienes la practican, "porque merma la riqueza de todos". EFE
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