Rajoy arranca por sorpresa con más impuestos

  • La semana queda marcada por la temprana ruptura de las promesas electorales del flamante Gobierno de Mariano Rajoy al aplicar un aumento de cargas fiscales a las nóminas, los ahorros y la vivienda propia para recaudar 6.300 millones de euros.

Madrid, 31 dic.- La semana queda marcada por la temprana ruptura de las promesas electorales del flamante Gobierno de Mariano Rajoy al aplicar un aumento de cargas fiscales a las nóminas, los ahorros y la vivienda propia para recaudar 6.300 millones de euros.

Ese incremento por sorpresa forma parte de un ajuste de casi 15.200 millones adoptado el viernes por el Consejo de Ministros tras haber encontrado, según adujo, una desviación presupuestaria, muy superior a los compromisos del anterior Ejecutivo, que eleva el déficit público del 6 % al 8 %.

Para "tapar el agujero" fueron decretadas nuevas cargas fiscales excepcionales para 2011 y 2012 con el fin de recaudar adicionalmente esos casi 6.300 millones de dólares, las dos terceras partes mediante un incremento del impuesto a los rendimientos del trabajo y el resto a los beneficios del ahorro y a los bienes inmuebles.

Por otro lado, la administración del Estado reducirá un 18 % su estructura y habrá un primer recorte de gasto de 8.900 millones en todos los ministerios, fundamentalmente en obras públicas.

El 20 % de la poda corresponde a Fomento, mientras que Industria, Economía y Asuntos Exteriores tendrán reducciones cada ministerio del orden del 11 al 13 % del total.

Ese ajuste de 15.175 millones solo es, como dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "el inicio del inicio" de otros venideros.

El Gobierno tendrá que recortar entre 36.000 y 40.000 millones para reducir el déficit en 2012 al 4,4 % del PIB, de acuerdo a lo comprometido con la Unión Europea.

Con las medidas adoptadas este viernes el Gobierno dijo que espera rebajar el déficit un punto porcentual, de manera inmediata.

El Gobierno reconoce que no ha cuantificado aún el impacto en la actividad económica de dicho ajuste, que puede debilitar más el consumo, hacer más profunda la recesión y no ayudar a la creación de empleo, según los temores manifestados por la oposición y los sindicatos.

El lunes, el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, había reconocido que España recaerá en recesión y tres días después el Banco de España informaba de que tras el estancamiento del tercer trimestre se registró en el cuarto una contracción, aún pendiente de establecer con exactitud.

El crecimiento de las exportaciones y los ingresos por el turismo no pudieron compensar la caída en los demás apartados, sobre todo del consumo y la inversión.

Según los datos conocidos durante la semana, el consumo privado continuó disminuyendo hasta una tasa interanual del 7,2 % mientras que la constitución de hipotecas sobre viviendas se redujo en octubre casi un 44 % respecto al mismo mes del año anterior.

De Guindos confirmó que el PIB caerá tanto en el cuarto trimestre de 2011 (posiblemente entre un 0,2 % y un 0,3 %) como en el primero de 2012, lo que conlleva esa recaída en recesión.

Por su lado, el Instituto de Finanzas Internacionales, que reúne a los principales bancos del mundo, calculó que la economía española sufrirá en 2012 una contracción del 2,1 %, el doble del promedio de la zona del euro e igual que Italia, para crecer solo una décima en 2013.

Pero esas previsiones eran anteriores a que el Gobierno del Partido Popular anunciara por sorpresa la fuerte subida de impuestos, unas medidas que la prensa anunció como "drástico hachazo fiscal" (El Mundo), "duro ajuste para empezar" (La Vanguardia), "el mayor recorte de la historia (El País) o "sacrificio fiscal" (Expansión).

Además, el Gobierno congeló el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo (de 641 euros) y subió las pensiones en un 1 %, un incremento que, según los analistas, queda prácticamente diluido por el aumento del IRPF, que será progresivo desde el 0,75 % al 7 %.

El martes, en su discurso en la apertura de la décima legislatura, el rey recordó a los legisladores la "obligación de contribuir con decisión y eficacia" a la superación de la crisis y atender las demandas en ese sentido de los ciudadanos de "una actuación responsable, solidaria y efectiva".

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