Sin Cataluña no habrá reforma de la financiación autonómica. Uno de los principales pactos de Estado que tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la mesa no se cerrará hasta que el nuevo Govern catalán no esté conformado, según explican fuentes cercanas al Consejo de Ministros. El Gobierno central, por tanto, aplaza 'sine die' un asunto que está pendiente de renovarse desde 2014 y que lleva un año estancado, desde la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Tanto Moncloa como el Ministerio de Hacienda buscan "unanimidad" para aprobar el acuerdo y sin la participación de la Generalitat no hay nada que hacer.
El órdago que mantiene el bloque independentista al Estado apostando por la investidura de Puigdemont está teniendo sus consecuencias en la negociación para reformar la financiación autonómica. Ya se han celebrado en estos primeros días de 2018 varias reuniones técnicas entre el Ministerio de Hacienda y representantes de las comunidades autónomas (el pasado jueves la última), pero en el Gobierno son conscientes de que no se dan las bases para avanzar.
Habrá que esperar, por tanto, a que el nuevo Govern tome posesión y cese el artículo 155 para ofrecer a Cataluña sentarse en la mesa con el resto de ejecutivos autonómicos. Una circunstancia que nadie sabe cuándo se producirá, ya que los secesionistas no son partidarios, de momento, de proponer a un candidato a president que no tenga cuestiones pendientes con la justicia. El propio Montoro explicó este viernes ante sus colegas del Consejo de Ministros cómo se encontraban las negociaciones, según fuentes gubernamentales, y avanzó que el acuerdo no iba a ser fácil.
Tanto Rajoy como Montoro lo tienen claro: hay que negociar sí o sí con el futuro Govern catalán, que previsiblemente será independentista. Otra cosa -admiten en el Ejecutivo central- es que luego no haya acuerdo, pero el nuevo consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat tendrá que sentarse en la mesa con Montoro y el resto de autonomías. A Moncloa, en definitiva, no le vale un acuerdo parcial en el que haya división, sino que se busca que todos los afectados queden satisfechos en la medida de lo posible, una misión bastante complicada en este momento. Los Cupos vasco y navarro van aparte.
El propio Rajoy ya ha ido avanzando con el PSOE en búsqueda de un acuerdo en el que también deben participar los socialistas. Moncloa mantiene con Pedro Sánchez una vía de diálogo y Montoro tiene abiertas, a su vez, conversaciones con las autonomías donde gobiernan sus rivales. El punto de partida es el informe de la Comisión de Expertos de julio de 2017. Ferraz, por su parte, ha fijado sus condiciones para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA): corregir la infrafinanciación de algunas regiones y garantizar "los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución, así como la prestación de los servicios públicos esenciales", de forma que "todos los ciudadanos y ciudadanas , con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios".
Algunos barones socialistas también están librando su propia batalla contra el Gobierno de Rajoy en este asunto. Así, Susana Díaz (Andalucía) ha pedido a Moncloa que cumpla con su palabra de reformar el modelo tras un año sin hacer nada. Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), por su parte, han hecho público un documento en el que instan a impulsar la negociación y sugieren una reestructuración de la deuda:
Ciudadanos está totalmente de acuerdo en cerrar cuanto antes la reforma de la financiación autonómica que debería ir aparejado a la aprobación de los Presupuestos de 2018. De hecho, Rajoy y Rivera se reunieron por sorpresa el pasado 28 de diciembre en Moncloa para hablar de ello. Ambos coincidieron en que necesitaban tanto al PSOE como al nuevo Govern catalán salido de las urnas para cerrar un acuerdo. Hay que recordar que el ministro de Economía y candidato a vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, llegó a ofrecer in extremis al antiguo Ejecutivo de Puigdemont la reforma de la financiación catalana a cambio de renunciar al referéndum.
Mientras las negociaciones se congelan hasta que haya Govern, el Ministerio de Hacienda inyectará este primer trimestre de año otros 3.500 millones a Cataluña para compensar las dificultades que tiene la comunidad autónoma para financiarse en los mercados. El ministro Montoro ya ha anunciado que esta decisión toca a su fin. De hecho, en su comparecencia en el Congreso vinculó su supervivencia a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica que deberá traer aparejada una fecha límite para este mecanismo de financiación. Desde que gobierna Rajoy, el Estado ha proporcionado financiación barata a las comunidades autónomas por valor de 251.000 millones de euros, el equivalente a una cuarta parte del PIB de España. De esta cifra, 95.000 millones han ido a pagar facturas pendientes, lo que refuerza la idea de Montoro de que Cataluña, entre otras autonomías, se encontrarían quebradas si no contaran con la ayuda del Gobierno.
Rajoy ya lo avisó en verano
Rajoy sigue pensando lo mismo que lo que dijo el pasado 7 de agosto, tras el despacho que mantuvo con el Rey en Palma de Mallorca. En el Palacio de Marivent dijo que "lo que no podemos hacer es un modelo de financiación autonómico con cuatro votos contra cinco; hay que trabajar para que haya unanimidad y el Gobierno va a intentar que haya entendimiento". También lanzó un aviso a navegantes: "Siempre que hay una negociación, el 80% es la voluntad de llegar a un acuerdo, si se sientan con la voluntad de echarse los trastos a la cabeza, va a ser muy difícil".
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