El Gobierno de España tenía previsto invertir durante 2018 en Galicia por todos los conceptos una cifra de 936,8 millones de euros. No era ni mucho menos la más alta de todas las comunidades autónomas e incluso era vista como insuficiente desde la comunidad gallega ya que suponía la segunda cifra más baja en tres lustros. El País Vasco, por ejemplo, aupado por el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2018 incrementó un 32% su previsión de inversiones, hasta los 509 millones; Andalucía se llevó en el reparto presupuestario cerca de 1.500 millones; y para Cataluña se preveían 1.350 millones, el 13,3% del total, por debajo de su peso en la economía.
Pero una cosa es lo que se pinta en los Presupuestos y otra muy diferente lo que se ejecuta. El saldo de las inversiones efectivamente ejecutadas durante el primer semestre del año, es decir, las decididas en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, revela que Galicia se llevó casi la mitad de la inversión total regionalizable de ese periodo y las inversiones consignadas en el presupuesto con destino a esta comunidad autónoma superaron con holgura la suma de las aplicadas a Andalucía, Cataluña y País Vasco juntas: poco más de 100 millones de euros.
En un contexto general de moderación inversora, tanto en la parte dependiente directamente de los Presupuestos (6.181 millones de euros) como en la vinculada a la acción del sector público empresarial (Adif, Renfe, Aena y demás, que sumaba 7.160 millones de euros); en la que apenas se comprometió una cuarta parte de la inversión total prevista, en Galicia se ejecutaron cerca del 70% de las inversiones previstas para el conjunto del ejercicio y en la parte que corresponde a los Presupuestos se aplicaron más de doble de los fondos previstos para todo el año.
Grifo cerrado para Cataluña, Andalucía y el País Vasco
La política inversora del Gobierno Rajoy durante sus últimos meses de mandato no fue particularmente buena para Cataluña. Las promesas de inversión deslizadas por el Gobierno del Estado en las semanas posteriores a las elecciones catalanas de diciembre de 2017 y la leve mejora en la consignación de inversiones para Cataluña en los Presupuestos de 2018 no tuvieron reflejo real.
A la espera de la política de gestos del gabinete Sánchez, hasta junio, las inversiones dependientes del Ministerio de Fomento, Defensa, Agricultura y el resto de la estructura ministerial del Estado en la comunidad autónoma apenas superaron los 37 millones de euros frente a los 186 millones previstos para el conjunto de 2018, es decir, que en medio año apenas se ejecutaron uno de cada cinco euros disponibles.
El desempeño desde el sector público empresarial no fue mucho más halagüeño. El volumen inversor fue más relevante (más de 261 millones de euros), pero el porcentaje sobre el total se situó en un nivel muy similar y a 30 de junio aún quedaban más de 830 millones por aplicar.
La negociación de un pacto presupuestario entre el Gobierno y el PNV auguraba un trato especial durante la primera parte del año. Nada de esto ocurrió. La Administración del Estado apenas ejecutó el 18% de los fondos disponibles para Euskadi en la primera mitad del año y en el caso del sector público empresarial la ejecución fue aún menor: un 10%.
Andalucía también tiene derecho a sentirse damnificada. De los 592 millones de euros pintados en el Presupuesto de 2018 en la primera mitad del año solo llegaron a la región 66 millones. El tejido empresarial público también tenía grandes planes para Andalucía, pero de los 766 millones previstos solo ha podido dar salida a 156 millones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios