A la espera del PNV. Así está Rajoy, de nuevo en manos nacionalistas, a los que ya les otorgó el Cupo para intentar 'facilitar' el acuerdo. El resto de Comunidades aún esperan sus acuerdos de financiación. Parece ser este el precio a pagar por unos presupuestos que el 1 de enero entrarán en vigor de forma automática la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 en ausencia de nuevas cuentas para 2018, lo que supondrá la sexta prórroga presupuestaria desde que se aprobó la Constitución en diciembre de 1978.
En estos 40 años se han prorrogado los presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017 por motivos diferentes y mediante fórmulas distintas, ya que aunque la Constitución establece la prórroga automática, el Gobierno de turno puede optar por hacerlo mediante un real decreto ley para adoptar decisiones urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
Este año se producirá conforme a lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución: "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".
Consigna: evitar incurrir en mucho gasto
No obstante, el Gobierno ha acordado en el último Consejo de Ministros del año tomar medidas para evitar incurrir en un elevado gasto mientras dure la prórroga, lo que materializará en los próximos días a través de una orden del Ministerio de Hacienda, que previsiblemente obligará a los ministerios a pedir autorización previa para determinados desembolsos.
A la prórroga de este año se ha llegado después de que al Gobierno de Mariano Rajoy le fuera imposible recabar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante las cuentas de 2018, en medio de la crisis desatada por el desafío soberanista del Ejecutivo catalán. Aunque el Gobierno no parece trabajar en otro escenario que no sea el de aprobar unos nuevos presupuestos, Rajoy ha restado importancia al tema durante su balance anual del viernes al afirmar que, si no se consiguen sacar adelante, se continuará con la prórroga de los actuales.
La firme negativa del PNV (por ahora) a apoyar al Gobierno, dada su oposición a la actuación del Ejecutivo central en Cataluña, hace posible que pueda llegar a pasarse el año sin nuevas cuentas.
El gran problema se dará en 2019
El problema vendría si tampoco se lograra un acuerdo para los presupuestos de 2019, ya que una prórroga de la prórroga -aunque legalmente posible- dejaría a Rajoy en una situación muy difícil para seguir gobernando. Algo parecido ocurrió en 1995, cuando el rechazo del Congreso a los PGE para 1996 presentados por el Gobierno de Felipe González obligó a prorrogar las cuentas mediante decreto ley a la espera de que se celebraran las elecciones generales adelantadas a marzo del año siguiente.
A finales de 1982 se prorrogaron también por decreto ley, ya que las Cortes se habían disuelto en agosto y las elecciones se celebraron en octubre, sin tiempo material para presentar el proyecto de presupuestos.
De igual forma, los de 1978 se prorrogaron ante la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones sin que se hubieran aprobado unas nuevas cuentas para 1979.
Las elecciones adelantadas a noviembre de 2011 también hicieron que José Luis Rodríguez Zapatero dejara el Gobierno sin presupuestos para el año siguiente. En este caso los presupuestos de 2011 fueron prorrogados por el nuevo Ejecutivo de Rajoy, pero lo hizo mediante un decreto ley de medidas urgentes para la corrección del déficit que incluyó una subida del IRPF y recortes por importe 8.900 millones de euros.
En 2016 el Gobierno venía de una situación de interinidad que obligó a una segunda cita electoral que impidió formar nuevo Gobierno hasta noviembre, con lo que la prórroga de las cuentas fue automática hasta que el 31 de marzo de 2017 se presentaron las nuevas cuentas que entraron en vigor a mitad de año.
Las claves de los nuevos presupuestos
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 pretenden incluir una rebaja del IRPF para las rentas más bajas de 2.000 millones de euros, de forma que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año dejarán de pagar por este tributo. La bajada del IRPF irá destinada a las rentas más bajas, a las familias numerosas y a quienes tienen a su cargo ancianos o personas con discapacidad, así como a personas de "cierta edad" a modo de "prima fiscal". Junto a ella está comprometida la bajada del IVA del cine del 21% al 10%.
En el plan presupuestario, el Gobierno proyectaba una disminución del gasto total seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. En concreto, el gasto en Sanidad se reducirá del 6% del PIB de este año al 5,8% en 2018, el de Educación del 3,9% al 3,8% y el de protección social del 16,5% al 16,2%, aunque en términos absolutos en Sanidad y protección social se registrarán incrementos.
A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,9% al 5,7% del PIB, en orden público y seguridad del 1,9% al 1,8%, y el de actividades recreativas, cultura y religión del 1,1% al 1%, mientras que subirá en Defensa, al pasar del 0,9% al 1%, y en asuntos económicos, del 3,7% al 3,8%, en tanto que se mantendrá en protección del medio ambiente (0,8%) y en vivienda y servicios comunitarios (0,4%).
El año 2018 vendrá acompañado de una revalorización de las pensiones del 0,25%, mientras que, sobre el sueldo de los funcionarios, Hacienda trasladó a los sindicatos a mediados de noviembre la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los empleados públicos en 2018 e incluso de subir los sueldos públicos al menos un 1,5%, así como de llevar a cabo un acuerdo de estabilización de empleo pública.
De hecho, el departamento de Cristóbal Montoro mejoró en tres ocasiones su oferta salarial para 2018 en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La última horquilla contemplaba una subida de entre el 5,34% y el 8% en el próximo trienio, un incremento "insuficiente" para los sindicatos.
Respecto a la oferta de empleo público, sobre la que en septiembre las partes están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo, pasaría por extender el acuerdo de estabilidad de interinos suscrito el pasado mes de marzo (estabilización de 250.000 interinos en tres años) al conjunto de las administraciones, que hasta ahora solo afectaba a Sanidad, Educación y Justicia, con una tasa de reposición del 100% a todos los servicios esenciales y del 115% a la Policía Local.
Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas a partir de 2018 y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.
Por su parte, Ciudadanos también demandará que los PGE del próximo año den continuidad a las medidas que ya consiguió incorporar en las cuentas públicas de 2017, entre las que figuran la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil. También incluirán partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras.
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