La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, que ya se ha remitido al Congreso para su tratamiento parlamentario. "Estoy orgullosa de esta ley porque es solvente, es rigurosa, y constitucionalmente irreprochable", ha dicho Sánchez durante su intervención. La ministra ha insistido en que la vivienda es "un derecho básico" que durante años se ha convertido "en una gran preocupación" para muchos ciudadanos.
Por eso, ha justificado la redacción de esta normativa "que ni ataca la propiedad privada ni invade competencias" de las comunidades autónomas. Por el contrario, Sánchez ha recalcado que la futura ley fomentará el parque público de vivienda y fijará patrones para proporcionar casas dignas y asequibles. "El mercado ha sido incapaz de ofrecer soluciones a muchos españoles. La especulación ha campado a sus anchas en determinadas zonas. La ley viene a corregir eso, a ofrecer seguridad a los propietarios y a los inquilinos", ha subrayado la ministra.
Sánchez ha reprochado a los partidos de la derecha su oposición a la futura ley, aunque ha reconocido que no le ha "sorprendido la reacción". La ministra se ha dirigido a los partidos conservadores para advertirles de que el acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes "no es una cuestión ideológica" y que todos, "votantes de izquierda y de derecha", sufren los problemas del alquiler o la compra. Sánchez se ha referido, en concreto, a los dirigentes del PP que "están dando la espalda a los jóvenes". "Me pregunto si es serio anunciar medidas de fomento a la natalidad cuando muchos de los pretendidos padres no tienen una casa donde educar a sus hijos", ha comentado en alusión a las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno espera tener aprobada la Ley de Vivienda en el tercer trimestre de 2022, por lo que ha pedido su tramitación de urgencia en el Congreso, y espera cumplir así su compromiso con la Comisión Europea, ya que la norma es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley el pasado 1 de febrero. La vuelta de la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros se demoró cerca de un más por la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debía analizar la posible interferencia de tres artículos de la nueva normativa con la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, el texto del órgano judicial aprobó un informe preceptivo, no vinculante, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica". El Mitma reconoció que el documento informó "de otros aspectos", en relación a las competencias autonómicas, por lo que procedió al "ajuste formal de algunas cuestiones, clarificando el marco de la competencia y la cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado". A pesar de las modificaciones, la futura ley mantiene el respeto al marco competencial de las autonomías, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad y derecho a la función social.
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