El sistema de pensiones pasa por su momento más crítico y cada indicador que se da a conocer supone un nuevo riesgo para su sostenibilidad y la garantía de las prestaciones futuras y su cuantía. A la espera de la jubilación a corto plazo de un aluvión de 'baby boomers', con carreras largas y sueldos por encima de la media, y en un contexto económico negativo, con un mercado laboral deteriorado, y con la natalidad en mínimos, la última alarma viene del ratio afiliado-pensionista.
Este indicador determina cuántos cotizantes están soportando las pensiones del sistema. Con pequeños altibajos, lleva meses en los que no logra superar los dos afiliados por pensionista, debido a la importante destrucción de empleo por la pandemia del coronavirus y las restricciones al comercio y a un incremento progresivo del número de pensionistas y la cuantía de sus pensiones mes a mes.
Pese a la ligera subida de cotizantes en el mes de febrero -20.632 más-, según los datos de afiliación facilitados ayer por la Seguridad Social, el ratio trabajadores-pensionistas se mantuvo 1,92. En el segundo mes del año 18.850.111 empleados dados de alta en la Seguridad Social, mientras el número de pensionistas con prestación contributiva alcanzó, el mismo periodo, los 9.807.250.
La insostenible situación es consecuencia de la precariedad laboral, los bajos salarios y la duración durante el que se percibe una pensión, que supera los 18 años. Junto a esto, la factura de las pensiones no para de crecer, las nuevas son un 33% mayores que las que se dan de baja y nómina de todas las contributivas -9,8 millones- supera ya los 10.010 millones mensuales.
Mientras, cinco comunidades -Madrid, Murcia, Canarias, Baleares y Navarra-, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, superaron de manera amplia -excepto Navarra- el ratio 2-1. Madrid presentó el mejor indicador con 2,7 trabajadores por cada pensionista, 3.209.826 frente 1.178.164. En la parte baja de la tabla se sitúan Asturias -1,18-, Galicia -1,29- , Castilla y León -1,46- y Cantabria -1,49-. En las tres primeras comunidades la población con más de 65 años supera el 25% y en Cantabria, el 21%, un envejecimiento muy importante que juega en contra del mantenimiento del régimen de pensiones.
Solidaridad regional
La solidaridad entre las regiones, con unas estructuras de población y laborales muy diferentes, ha servido hasta el momento para afianzar un régimen de pensiones único, sostenible y justo, pero los cambios de calado son inminentes para mantener la estabilidad de sistema, que acumuló un déficit de 45.000 millones de euros en 2020 -el 4,1% del PIB, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas; con una cotización media por trabajador de apenas 640 euros mensuales y que crece a mucho menor ritmo que las pensiones -1.029 euros de media-; y con salarios promedios inferiores a 1.200 euros anuales a los de las nuevas pensiones, el panorama se presenta desolador.
El Gobierno ha pactado ya la transferencia al País Vasco de la gestión económica, que podría producirse definitivamente en 2022, un riesgo para la solidaridad que hasta ahora ofrecía el sistema, pero que se puede agravar, ya que hay otras siete comunidades -Cataluña, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Baleares- que recogen la posibilidad de pedir el traspaso de esta competencia.
Según destaca BBVA, gracias a la solidaridad interterritorial -basada en la redistribución de las cotizaciones-, las regiones rejuvenecidas financian a las envejecidas, independientemente de si son ricas o pobres. Así, Canarias, con 2,28 afiliados por pensionista, complementa con sus excedentes de cotizaciones las pensiones pagadas en Asturias, donde apenas hay un cotizante por cada pensión. Mientras, las islas, donde la pensión media de las nuevas altas de jubilación son un 47% inferiores a las de Asturias, se benefician de la solidaridad en la distribución de las prestaciones, a través de los complementos de mínimos, que se concentran en los trabajadores que tienen carreras más cortas y con menor densidad de cotización.
En las comunidades más ricas, como el País Vasco, Madrid, Cataluña o Navarra, donde se realizan las cotizaciones medias más altas, y en Asturias -con un elevado número de trabajadores procedentes de la mina y la industria-, se obtienen las pensiones más elevadas. Estas pueden ser hasta un 50% superiores a las que se cobran en Extremadura, la región, junto a Galicia y Murcia, donde son las prestaciones más bajas, debido, básicamente, a los escasos salarios de sus empleados.
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