Montoro se reserva la carta de cargar a las CCAA parte del coste de la rebaja fiscal

El mensaje de Hacienda de que el Estado asumirá la factura de 1.500 millones del ajuste en el IRPF carece de reflejo normativo en los Presupuestos

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se guarda la carta de cargar a las CCAA parte del coste de la rebaja fiscal / CORDON PRESS

El discurso oficial del Ministerio de Hacienda es que ni un solo euro de los 1.500 millones que costará la rebaja fiscal en el IRPF prevista en el proyecto de Presupuestos de 2018 se cargará a las arcas de los gobiernos autonómicos. Sin embargo, en dicho proyecto no hay una sola disposición que garantice que eso vaya a ser así, y, como es normal, esa circunstancia genera cierta incertidumbre al respecto. Hablamos aquí de la parte de la rebaja fiscal que se refiere a la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo, ya que el coste de las deducciones por circunstancias familiares afecta únicamente a las cuentas del Estado.

La justificación que se da desde Hacienda a esta aparente laguna es que el proyecto presupuestario ha mantenido la cuantía inicial prevista en las entregas a cuenta a las comunidades autónomas pese a la rebaja fiscal, es decir, que no se ha detraído de los pagos a las autonomías el eventual impacto que sobre la recaudación tendrá la ampliación de la reducción sobre los rendimientos del trabajo en el IRPF a los contribuyentes con rentas inferiores a 16.825 euros. De otro modo, que Hacienda ha garantizado a las comunidades autónomas que recibirán los mismos recursos presupuestarios en 2018 pese a que es probable que se recaude menos de lo previsto como consecuencia de este ajuste.

Pero eso no está tan claro. El articulado del proyecto de Presupuestos de 2018 dice que "el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos que se abonen a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 se calculará a partir de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017" salvo en determinados casos específicos. Es decir, que aunque la rebaja fiscal entre en vigor el próximo 1 de julio como está previsto la retención a aplicar sobre las nóminas de los trabajadores será en general la misma antes y después de la entrada en vigor de los Presupuestos de 2018, lo que desplaza el impacto real de la rebaja sobre las nóminas de los trabajadores y sobre la recaudación al próximo año, en concreto al momento en que los contribuyentes ajusten cuentas con Hacienda por el ejercicio fiscal de 2018 en la Campaña de Renta.

Lo explica el profesor de Economía Pública de la Universidad de Alcalá, Alain Cuenca. "El grueso del impacto de la rebaja fiscal por la elevación de la reducción sobre los rendimientos del trabajo en el IRPF se percibirá en 2019, éste año lo que se notará será el resto de las medidas adoptadas: el cheque guardería y las deducciones para familias con algún miembro con discapacidad y por hijo a cargo para familias numerosas". Así lo señaló también este martes en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), José Luis Escrivá, que estimó que la factura de la rebaja fiscal sería de 900 millones de euros en 2018 y de 1.300 millones en 2019.

La factura para las cuentas autonómicas, en 2019

Cuenca precisa que a efectos de las cuentas autonómicas las deducciones y cheques son irrelevantes pues no afectan a la base imponible y su coste se carga en su totalidad a las cuentas del Estado. Por tanto, el núcleo de la controversia se sitúa en la factura derivada de la ampliación de la reducción por rendimientos de trabajo, y ésta incidirá en su mayor parte en los ingresos de 2019, no en los de 2018.

Los expertos consultados señalan que lo más adecuado hubiera sido que el Gobierno incluyera en los Presupuestos alguna referencia que garantizara que el Estado va a asumir el grueso de la factura de esta rebaja fiscal, en cumplimiento del principio de lealtad institucional que prevé que las medidas fiscales adoptadas desde el Gobierno Central deben ser neutrales para las arcas autonómicas. 

La Ley de Financiación Autonómica prevé el ajuste automático de este tipo de situaciones en el IVA y en los Impuestos Especiales, pero no en el IRPF. Por ejemplo, la rebaja del IVA de las entradas del cine del 21% al 10% pasará una factura a las arcas públicas de 60 millones de euros, pero como a las comunidades autónomas les corresponde el 50% de esa recaudación el Estado se hará cargo de ese coste reintegrando los 30 millones de euros de recaudación perdidos por las comunidades autónomas vía Fondo de Suficiencia del sistema de financiación.

La ley, sin embargo, no prevé este automatismo en el caso del IRPF, por lo que la inacción por parte del Gobierno Central haría que parte de la factura de la rebaja fiscal - unos 750 millones de euros- se filtrara de manera inexorable a las arcas autonómicas. Hacienda, no obstante, dispone aún de margen para evitar esta situación. 

La primera alternativa pasaría por evitar que el coste de la rebaja fiscal en los ingresos por IRPF de 2019 afectaran a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, lo que implicaría desvincular éstas de los ingresos esperados. Es una opción un tanto rocambolesca porque se supone que dichos anticipos se calculan en función de la evolución de los ingresos esperados, pero posible ya que los criterios en función de los cuales se realiza este reparto son un auténtico misterio.

La segunda alternativa sería compensar la eventual pérdida recaudatoria sufrida por las arcas autonómicas en la liquidación del ejercicio fiscal de 2018 - algo que ocurrirá en 2020- lo que sería más riguroso desde el punto de vista legal. A día de hoy el asunto es un enigma.

Montoro se reserva la carta de cargar a las CCAA parte del coste de la rebaja fiscal

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