El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas urgentes para apaciguar las protestas del sector agrícola y evitar así que la crisis del campo se cronifique y acabe por convertirse en un problema de la magnitud de los chalecos amarillos en Francia. Entre las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en el ámbito laboral, la medida estrella es la reducción del número de jornadas de trabajo necesarias para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura. Las peonadas mínimas pasan de 35 a 20, una rebaja que viene a azuzar el mercado negro de jornales, advierten fuentes del sector.
La sombra del fraude ha perseguido al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER), su antigua denominación, prácticamente desde su puesta en marcha en 1986 bajo el mandato de Felipe González. La sospecha está fundada en la compraventa ilegal de peonadas para poder cobrar los subsidios. "Hay quien percibe las ayudas sin haber puesto un pie en el campo en su vida", denuncia una funcionaria de una oficina del Sepe en Andalucía que prefiere permanecer en el anonimato.
Es un secreto a voces en la región. Se ha generado un auténtico mercado negro entre agricultores, jornaleros e incluso sus familiares que permite alcanzar los jornales necesarios a lo largo de un año –antes 35, ahora 20– para cobrar un mínimo de 430 euros durante seis meses (en el caso de la renta agraria la cuantía se incrementa en función de las jornadas cotizadas). Mediante "chanchullos" y "trapicheos" se "apañan" las peonadas requeridas para que "incluso mujeres amas de casa que no han trabajado jamás en el campo accedan al subsidio porque sus maridos les apañan el papeleo", asegura un agricultor andaluz.
"La rebaja a 20 jornadas solo beneficia a quienes abusan, los que trabajan lo justo", afirma la trabajadora del Sepe del área, que asegura que este colectivo "prefiere cobrar el paro a trabajar". Por supuesto, "a quienes trabajan de verdad les sobran jornales para pedir el subsidio, por eso los que están deseando que los bajen son quienes no se dedican verdaderamente al campo", comenta. Su experiencia en la oficina en la que gestiona estos subsidios a diario le ha enseñado que "muchos echan unos días con el único objetivo de cobrar la ayuda durante seis meses o están estudiando fuera de la provincia y les viene bien esta paga o trabajan en el régimen general y lo compatibilizan...", revela.
Esta funcionaria habla de "peonadas fantasma" y otros métodos fraudulentos que están "a la orden del día" no solo en Andalucía, también en Extremadura. A su juicio, este incentivo perverso que hace que el jornalero prefiera cobrar la prestación pública antes que ir a trabajar al campo no hace más que agrandar el agujero de la Seguridad Social por la merma de cotizaciones. Mientras, las patronales del sector denuncian que estas rentas suponen un freno a la hora de encontrar mano de obra y que lo que son en realidad es un caladero de votos para los políticos.
¿Cuánto cuestan la renta y el subsidio agrario?
El coste conjunto de la renta y el subsidio agrario asciende a 904,87 millones de euros, de acuerdo con los datos acumulados a noviembre de 2019. En diciembre de 2018 (último dato anual actualizado) el desembolso total fue de 985,49 millones. En cualquier caso, esta cantidad apenas supone el 5% respecto del gasto total en prestaciones por desempleo. En noviembre de 2019 había 186.433 beneficiarios, frente a los más de 200.000 que llegaron a acumularse en el año 2015. Son, en ambos casos, en torno al 10% del total de beneficiarios de prestaciones de paro.
El Gobierno ha llevado a cabo la rebaja de 35 a 20 peonadas "tras la constatación de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles impuestos por Estados Unidos a este sector, junto al elemento climatológico como agravante de efectos adversos sobre la actividad del sector agrario", según reza la nota del Ministerio de Trabajo. "Circunstancias todas ellas que han repercutido en una disminución del empleo de los trabajadores eventuales agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y que ha reducido el número de jornadas cotizadas, requisito esencial para acceder al subsidio", justifica.
Hay que tener en cuenta que los contratos del campo tienen sus peculiaridades, como que se firman con una duración determinada pero no se trabajan todos los días porque, entre otros factores, depende de la climatología. De ahí que se apunten los jornales. "A veces trabajan 80 días y les apuntan menos, los justos legales para acceder al subsidio, y el resto los cobran en negro", revelan desde el Sepe. Otra de las situaciones que se encuentran los funcionarios andaluces es que muchos empresarios obligan a los trabajadores a pagar por los seguros para cubrir sus gastos. "En Navarra me apuntan todos los días y no tengo que pagar", ha llegado a comentar un joven que se va a cubrir la campaña del espárrago.
Todo esto, unido a que los mayores de 52 años que cobran el subsidio REASS no necesitan trabajar ni un solo día en el campo para cobrar todo el año esta prestación pública hasta que se jubilen. Y tampoco hay que olvidar que los propios ayuntamientos destinan una serie de fondos para poner en marcha obras públicas en las que dan trabajo a sus vecinos. Gracias a estos empleos temporales, los parados pueden conseguir las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario.
La inspección, vigilante
Por supuesto, este tipo de situaciones no pasan desapercibidos para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ya tiene campañas centralizadas en detectar estos fraudes en el campo. A esto se suma que el Gobierno acaba de modificar el acceso de los inspectores a los alojamientos y locales de descanso puestos a disposición de los trabajadores por parte de la empresa, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se ejecuta la actividad laboral. "El objetivo de esta medida es combatir algunas de las extremas condiciones que se están dando en algunos lugares de trabajo, para lo que se permitirá a la Inspección entrar y revisar las condiciones de estas viviendas", explica el Ministerio de Trabajo.
"El cambio normativo, que es totalmente respetuoso con la inviolabilidad del domicilio, puesto que no altera la necesidad de consentimiento expreso de las personas que habiten en el mismo o la autorización judicial, va en la línea de garantizar unas condiciones laborales dignas y reforzar la idea del trabajo decente", añade. El Gobierno pretende dar respuesta con esta medida a la denuncia hecha recientemente por el relator de Naciones Unidas sobre la situación de extrema pobreza que viven los trabajadores eventuales del campo en nuestro país, aunque no se limita a este sector de actividad, sino que se amplía al ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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