La pinza de los alcaldes podría convertirse en guantazo parlamentario y caos normativo. La puesta en marcha del nuevo mecanismo para la utilización de un superávit conjunto de 5.000 millones por parte de los ayuntamientos ya está en vigor, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado a mediados de semana y tras la firma institucional en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. Sin embargo, todavía debe ratificarse por el Congreso de los Diputados y, vista la postura que mantienen hasta ocho partidos distintos (y completamente antagónicos) respecto al texto, el visto bueno final se antoja casi imposible. La unión histórica de PP, Cs, Unidas Podemos, PNV, BNG, Coalición Canaria, PDeCAT y ERC confía aún en que el Gobierno dé marcha atrás y reunirse de nuevo con Hacienda. Si no, el Parlamento dictará sentencia.
Un varapalo que supondría una cascada de problemas, mucho mayores de lo que supuso aquella vez, hace un año y medio, cuando Podemos tumbó en el Congreso un decreto sobre los precios del alquiler que llevaba en vigor casi un mes (entonces como socio puntual tras la moción de censura a Mariano Rajoy del verano anterior). El problema más evidente es sobre el propio mecanismo recién pactado, ya que la cesión de remanentes de los ayuntamientos a Hacienda (para su devolución más adelante y recepción de fondos vía Presupuestos) debe tramitarse antes del 15 de septiembre y podría darse que se inicie el proceso y se deba anular.
Pero, además, es que el Gobierno de coalición aprovechó la redacción de este real decreto de urgencia para convertirlo en una especie de texto 'escoba' normativo antes de las vacaciones de verano (algo usual en los Consejos de Ministros antes de acabar el año o la temporada). Aquí, junto al polémico modelo de financiación para los entes locales, el Ejecutivo incorporó una docena de decisiones inmediatas en el ámbito económico y social: desde la ampliación hasta el mes de octubre del IVA al 0% para una larga lista de productos sanitarios hasta el traspaso de competencias (excepto en la parte fiscal) en materia de juego del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón (IU/Unidas Podemos).
Aunque las medidas económicas urgentes que se quedarían en el aire van mucho más allá. Por ejemplo, la disposición adicional novena del Decreto establecía por fin los requisitos que tendrían que cumplir las empresas que quisieran acogerse al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y que, por ejemplo, limitaba la concesión de dividendos, los extra en los sueldos de los directivos o el veto a grandes compras de otras firmas del sector hasta que no se devolviera un 75% del dinero que se hubiera recibido.
Asimismo, el real decreto de los ayuntamientos incorporaba otra medida que había generado bastante polémica entre los sanitarios contagiados por la enfermedad y cómo consideraba la Seguridad Social su situación en términos de baja. En concreto, se había aprobado "prorrogar la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, hasta que las autoridades sanitarias decreten el levantamiento de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria".
El otro gran bloque afectado por la posible marcha atrás del decreto atañe a la fiscalidad del País Vasco y Canarias, para los que el pacto con los ayuntamientos establecía normas específicas acorde con sus sistemas tributarios específicos o incluso el sector energético. Sobre este, el decreto consideraba urgente la trasposición de directivas europeas "sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural, con el objeto de reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea".
La rebelión de los alcaldes se venía fraguando desde que la FEMP aprobó el acuerdo con Hacienda con un empate final en la votación en la que su presidente, el socialista Caballero, impuso el voto de calidad para que pasara el texto. La ira ha hervido hasta el viernes, cuando han asistido a una reunión telemática los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto; de Cádiz, José María González; de Granada, Luis Salvador García; de Madrid, José Luis Martínez Almedia; de Murcia, José Francisco Ballesta; de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández; de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el de Reus (Tarragona), Carles Pellicer; el de Lleida, Miquel Pueyo, y el de Zaragoza, Jorge Azcón, que había promovido el encuentro. También se ha sumado al frente el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que no ha podido participar en el encuentro, pero quien se ha comprometido a firmar el documento que los promotores quieren compartir con todas las capitales de provincia y las ciudades de al menos 100.000 habitantes.
Por su parte, el Partido Popular ya anunció el martes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por "invasión de la autonomía local" tras ese acuerdo impulsado por el Gobierno y desde Cataluña y algunos ayuntamientos están planteando sendos recursos ante la justicia.
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