Cuál es la receta mágica para salvar las pensiones: algunos países creen tenerla

Una de las principales patas del Estado del bienestar, el derecho a una pensión digna después de años de trabajo contribuyendo a sostener el sistema, corre el riesgo de quebrarse en la mayoría de los países desarrollados.

Sorprendentemente, que los ciudadanos vivan más se ha convertido en un problema para los gobiernos, que se ven incapaces de garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. En los últimos 100 años, la esperanza de vida en España ha aumentado en 40 años y la mitad de los niños que nacen ahora vivirán al menos 100 años. El nuestro, es el cuarto país del mundo en el que la gente vive más, tras Japón, Suiza y Singapur

El envejecimiento de la población, la baja natalidad y una cantidad de recursos limitada y supeditada a la aportaciones a la Seguridad Social son tres de las causas -hay más- que hacen que el sistema de pensiones español sea financieramente inviable y que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de la pensiones, pueda quedarse a cero el próximo año.

En este contexto, se hace más necesario que nunca afrontar una severa reforma del sistema a corto plazo y determinar si se reduce la cuantía de las prestaciones, se prolonga la edad de jubilación, si se impulsan los sistemas privados de pensiones o se apuesta por métodos más drásticos como subidas de impuestos.

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El debate, los informes y los cambios legales ya están presentes en la mayoría de los países avanzados y también muchos emergentes, que tendrán que afrontar en el medio plazo el problema. ¿Pero cuál es el modelo idóneo? ¿Cómo son las reformas que han impulsado otros países y en qué aspectos inciden? ¿Cuál puede servir a España?

A las preguntas han tratado de responder el estudio Pensiones en transición, del Instituto Aviva, y el Global Pension Index, que cada año elabora la consultora Mercer.

Según se desprende del informe de Aviva, la tendencia en la mayoría de los países es un alejamiento del modelo de reparto de las pensiones, que obliga a aportaciones fijas, y una aproximación a la capitalización individualizada, que permite aportar más o menos, con un límite mínimo y poder suspender temporalmente la cotización si se atraviesa una mala época.

Destaca el estudio que tres países -Suecia, Singapur y Australia- ha emprendido profundas reformas de sus sistemas y han puesto en marcha iniciativas innovadoras. Singapur tiene un modelo exlusivo: el trabajador y la empresa realizan aportaciones a distintos fondos públicos obligatorios para pensiones, vivienda, sanidad y educación. El resultado de esas contribuciones se puede reordenar y dirigire a un único fondo decicado exclusivamente a la jubilación.

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Mientras Suecia, es el único país con un esquema de tres prestaciones: básica/ universal, profesional obligatoria y privada complementaria obligatoria y Suecia se ha convertido en el país más flexible, ya que no establece una edad determinada de jubilación y se puede acceder a esta a partir de los 61 años. En la mayoría de los países, incluida España, la edad de jubilación es o será en el corto plazo a los 67 años

A la hora de establecer la cuantía, la mayoría de los países realizan el cómputo de la pensión de jubilación con toda la carrera laboral, mientras que en España y en otros seis países analizados se computa desde un periodo menor.

En la mayoría de los países incluidos en el informe del Instituto Aviva, la financiación de los sistemas se realiza por la vía de las cotizaciones, aportaciones a planes de pensiones o primas de seguro.

Dónde está el mejor sistema

Atendiendo a diferentes variables -idoneidad, sostenibilidad, integridad...- el índice de Mercer apunta que Dinamarca, seguida a distancia por Holanda, Finlandia, Australia, Suiza, Suecia, Canadá, Singapur, Chile y Reino Unido, tiene el mejor sistema de pensiones, incorporando importantes beneficios para los pensionistas y mostrándose sostenible en el tiempo. España no aparece en este informe debido a que no fue seleccionada como un país donde fuera posible medir las tres variables.

El sistema danés es el más eficiente. Se basa en una pensión pública que es complementada por una pensión privada. La pensión pública básica asciende a un máximo del 17% del salario medio (unos 4.000 euros anuales en España) y sólo puede accederse a ella a los 67 años y tras haber cotizado 40.

El resto de la pensión danesa procede de fondos privados (el ATP, de contribución obligatoria, y otros voluntarios). Sólo aquellas personas con insuficiente pensión privada ven complementada la pública básica con una suma que en España equivaldría a un máximo de 5.000 euros anuales adicionales (de modo que la pensión pública máxima ascienda al equivalente a 9.000 euros españoles).

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Mientras, Holanda, la segunda mejor colocada en el ránking, divide su sistema en dos partes. Una es la pensión pública básica, que corresponde a una cantidad igual al sueldo mínimo de ese país, que actualmente es de 1.500 euros. La pensión es accesible para todos los trabajadores del país a partir de los 65 años y en 2021 a partir de los 67. El Gobierno holandés aprobó una reforma para que la edad de jubilación se ajuste a las variaciones de esperanza de vida del país.

La segunda parte es de carácter voluntario y privado. Holanda figura en todos los registros internacionales como el país con menor porcentaje de su población mayor de 65 años por debajo del umbral de la pobreza (apenas un 2%). El umbral de la pobreza en Holanda está en cerca de 28.000 euros, muy por encima del salario medio español.

El tercero en el podio es Australia. Tiene un sistema de capitalización. Los empleadores cotizan el 9% de sus sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los beneficiarios y un fondo de seguridad que pone el Estado.

Este último asegura que los ingresos de los jubilados no sean menores a los que habrían recibido en el sistema estatal que había en Australia antes de la creación del sistema actual, conocido como Super. Esto asegura pensiones de un mínimo de mil dólares mensuales (935 euros).

El sistema de aportaciones del Estado para cada individuo consiste en que el gobierno le entrega un premio a los empleados de bajos ingresos que hicieran contribuciones a sus fondos. El aporte es de 1 dólar por 1 dólar con un tope de mil dólares por persona.