Como si de un tsunami se tratara, las principales empresas eléctricas del país han reaccionado en tromba contra las medidas anunciadas por el gobierno de coalición al que tachan de intervencionista en un mercado “ya de por sí excesivamente regulado”.
De toda la panoplia de medidas, las denominadas estructurales son las más temidas por las compañías. Estas ya han sufrido en bolsa el anticipo de un castigo que, a buen seguro, se prolongará en el tiempo. La principal de estas acciones fue adelantada el lunes por el presidente del gobierno. El ejecutivo de Sánchez obligará a Endesa, Naturgy, Iberdrola y EDP a ofrecer parte de la energía que producen a otros competidores. El mecanismo consistirá en unas subastas a las que podrán concurrir tanto comercializadoras como otras empresas que operan como agentes en el mercado mayorista. De esta forma, tendrán que ofrecer un precio de venta significativamente menor al que esas mismas empresas encontrarían en la práctica acudiendo al mercado eléctrico.
Existen claros obstáculos legales para que se pueda llevar adelante una iniciativa que sería pionera en el complejo mercado eléctrico europeo. Las previsiones del gobierno estiman que las cuatro empresas directamente afectadas oferten 15.830 GWh a la nueva subasta entre particulares. Esto equivale al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020. Hay que tener en cuenta que en ese año la demanda energética nacional supuso casi un 8% menos que en 2018, algo que relativizará el efecto final de la medida, planteada para igualar la factura de la luz “de una manera similar” a la que pagaron los consumidores en ese mismo año.
El principal escollo con el que se encontrará el Ejecutivo serán los argumentos jurídicos de las empresas, que ya están mirando con lupa las disposiciones del Real Decreto-ley que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. La unanimidad entre las empresas consultadas por La Información es total y ponen el punto de mira en el “ataque directo contra la competencia”, y es que en el articulado no queda clara la viabilidad legal de que las mismas empresas que concurren en el mercado mayorista puedan comprarse energía entre ellas. Para algunos expertos, esta “nueva injerencia del Ejecutivo” supone “una especie de oligopolio dentro del oligopolio”.
El gobierno ha utilizado en diversas ocasiones el modelo francés como ejemplo de un sistema en el que una compañía oferta energía a otras empresas para que estas puedan a su vez venderla a los consumidores. La única - y crucial - diferencia que plantea el modelo galo con respecto al propuesto en España es que es una empresa pública, EDF, quien realiza esta operación. Independientemente del origen nuclear de la energía que se subasta en el país vecino, lo cierto es que la actuación pública no vulnera las leyes de competencia comunitarias. Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP no dudarán un instante en acudir a los tribunales, bien sea formando un “frente común” o de manera aislada para detener esta “intromisión en el libre mercado”.
Rebajar la fiscalidad "como sea"
Junto a la intervención en el mercado marginalista, el consejo de ministros ha tocado el último de los impuestos sobre el que podía actuar. Se trata del Impuesto sobre la Electricidad que impone una tasa del 5,11% sobre el recibo de la factura. El gobierno plantea su rebaja hasta el 0,5%, algo que supondrá una reducción de unos 3 euros al mes sobre la factura final que paga el consumidor eléctrico. Esta medida se aplicará tanto a aquellos consumidores acogidos al mercado regulado (los sufridores del alza de precios), como al mercado libre. A diferencia de la rebaja del IVA, este impuesto es de carácter autonómico, por lo que habrá que compensar a las comunidades por el mismo importe que dejarán de recibir, a la razón de 100 millones de euros mensuales, 400 millones si el impuesto se suspende hasta fin de año.
Ya en la tercera semana de julio, el Congreso aprobó reducir el IVA de la factura de la luz del 21% al 10%. La disminución en la recaudación fiscal estaba prevista que se aplicara durante tres meses para todos aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 10kW. Desde julio el precio del mercado mayorista se ha situado por encima de los 120 euros de media. Ayer, el gobierno amplió esta medida hasta fin de año. La acción, aun siendo efectiva para el objetivo final, supone una reducción de ingresos excesiva para el Estado. Al no tratarse de una medida quirúrgica, dirigida únicamente a aquellos consumidores que realmente están sufriendo en sus bolsillos el incremento de precios, el Estado deja de ingresar aproximadamente 800 millones de euros.
También en julio, el gobierno suspendió el impuesto que grava el 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Esta rebaja fiscal afecta directamente a las empresas generadoras de electricidad. El gobierno “espera” que las empresas trasladen este potencial ahorro, cifrado en 400 millones al trimestre a los consumidores. Para las empresas del sector, la rebaja del Impuesto sobre la Electricidad “contradice la filosofía original de este impuesto” que era precisamente no trasladar su coste el consumidor, por lo que “difícilmente algo que no se estaba trasladando se puede dejar de dirigir al consumidor”. En este sentido, la ampliación de la suspensión supondrá un potencial ahorro de otros 400 millones de euros.
En total, el Estado dejará de percibir 2.000 millones de euros en forma de impuestos para las arcas públicas en 2021. Su parte en la contribución para “como sea” rebajar fiscalmente la factura.
Cambios en el bono social
Las posibilidades de que el nuevo Real Decreto-ley sea impugnado no se paran en la nueva subasta que tendrán que realizar las cuatro principales compañías generadoras de electricidad en España. El consejo de ministros ha aprobado otras medidas con un carácter más permanente que afectan directamente a los consumidores vulnerables y también a las empresas que sufragan su coste. Se asegurará un suministro mínimo vital que ampliará la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. Durante este tiempo, las compañías tendrán que garantizar un “abastecimiento mínimo de confort”.
Para las empresas afectadas la exigencia de no cortar el suministro eléctrico “no supone ninguna novedad, ya que en la práctica no estamos cortando el servicio a nadie, ni siquiera si no es un consumidor vulnerable”; ahora bien, el hecho de que el ejecutivo haya decidido actuar sobre el Bono Social, vuelve a abrir los fantasmas de los recursos legales. En el pasado, las eléctricas ya ganaron al gobierno de España en los tribunales, que obligaba a estas compañías a sufragar el coste del Bono Social, lo que supone diferentes descuentos en la factura final del consumidor en función de su nivel de vulnerabilidad. Volver a abrir este melón supondrá una nueva impugnación por parte de las empresas que afilan ya sus ‘fees’ con los grandes despachos de abogados contratados. Desde siempre, las empresas han recurrido judicialmente todas las medidas que aprueba el ejecutivo, independientemente del color del mismo.
Los tribunales han fallado en numerosas ocasiones a favor de las mismas, un hecho que, al final, obliga a retribuir a las compañías eléctricas por los ingresos indebidamente restados más los intereses de demora. “Es exactamente lo que ocurrió con el canon hidráulico que el gobierno de Mariano Rajoy impuso a los saltos de agua”. En ese caso se tuvo que devolver 1.200 millones de euros a las compañías hidroeléctricas. Un concepto que, aun a día de hoy, estamos pagando en cómodos plazos en nuestra factura de la luz y que puede volver a repetirse
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