Recibo luz. Lara (iu) pide que se audite “con luz y taquígrafos” el sector eléctrico


El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, reclamó este viernes una auditoría “con luz y taquígrafos” sobre los costes del sector eléctrico, tras la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de anular la subasta eléctrica de ayer, jueves.
Esta decisión, dijo Cayo Lara, “da más fuerza a nuestra propuesta y viene a darnos la razón para que se realice, con luz y taquígrafos, una auditoría sobre los costes del sector”, así como de los beneficios de más de 2.000 millones de euros de alguna de estas compañías “a pesar del déficit tarifario, que es una cosa que cuesta entender”.
Según informó IU en una nota de prensa, Lara dijo que “no puede ser que hoy nadie pueda comprender qué es lo que pasa con estas subidas y que el común de los mortales no entendamos que se siga manteniendo que el sistema está funcionando de una manera correcta”.
Cayo Lara advirtió de que si el recibo eléctrico sube finalmente en un porcentaje similar al anunciado provocaría una “catástrofe” que acarreará, entre otras consecuencias, el aumento del desempleo y que “se eche a la gente a la calle de forma inmediata”.
Recordó que este año se han producido más de 1,4 millones de cortes de luz por falta de pago, el doble que el año anterior, y dijo la “pobreza energética está alcanzando cada vez a más familias”.
Asimismo, destacó que en dos años “el Gobierno del PP ha aumentado casi en un 31% la tarifa de la luz” y que en los últimos cinco años el precio del recibo eléctrico ha subido un 63%.
A su juicio, el de la energía es un “sector estratégico” que “nunca debió salir de manos del Estado”. Hizo hincapié en la contradicción que supone que exista un déficit de tarifa mientras las grandes compañías eléctricas aumentan sus beneficios.
Además, criticó que haya destacados dirigentes políticos que ocuparon altas responsabilidades de Gobierno -Felipe González, José María Aznar, Pedro Solbes o Elena Salgado- y acabaron “de manera habitual” en los consejos de administración de empresas que “fueron privatizadas por sus propios gobiernos”.

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