Calcular las pensiones a 35 años supone bajarlas un 4% y ahorra 18.000 millones

Los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afrontarán en el último cuatrimestre de este ejercicio la ampliación del número de años que se tendrán en cuenta para calcular las pensiones, un compromiso adquirido con Bruselas y recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá bastantes efectos positivos y algunos negativos, pero subsanables. La medida supondrá un ahorro importante para un sistema deficitario y compensará en buena medida el incremento de gasto que generará la subida de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), pero también, en principio, un recorte de algunas prestaciones de jubilación, fundamentalmente de las mujeres y los autónomos.

El Gobierno ya ha expresado su intención de impulsar la fórmula de los 35 años cotizados para calcular las pensiones, en un contexto en que la mayoría de los países europeos ya tienen en cuenta toda la vida laboral. La decisión del Ejecutivo ha sido avalada por el Pacto de Toledo, criticada por los sindicatos y supone un alivio financiero para el sistema, como se ha constatado con la ampliación de 15 a 25 años recogida en la reforma de pensiones de 2011. Son muchos los estudios que analizan el impacto de la medida y el ministerio tiene sus propias proyecciones, pero la base para realizar las estimaciones es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que tiene en cuenta registros de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria y del Padrón Continuo del INE, y es la que utiliza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público independiente que presidió durante cuatro años José Luis Escrivá, el actual ministro de la Seguridad Social.

La Airef lleva analizando las consecuencias de la reforma de pensiones en marcha desde 2020 y ha tenido en cuenta distintos escenarios, con cuadros que permiten estimar los efectos de las diferentes medidas con unas condiciones demográficas negativas -baja natalidad o reducida entrada de migrantes- o macroeconómicas -inflación desbocada o bajo crecimiento-. Con un contexto neutro y con la vista puesta en 2050, la pensión media pasaría a 1.954 euros -prácticamente el doble que en la actualidad- si se tienen en cuenta 25 años. Si se estiman los últimos 35 años la prestación se reduce a 1.876 euros, un 4,5% menos. La estimación se basa en la puesta en marcha de la iniciativa de forma progresiva a partir de 2023, aumentando dos años cada ejercicio y concluyendo en 2027. 

Los efectos de la medida serían graduales y, en muchos casos, subsanables. En 2037 la rebaja media de las prestaciones solo supondría un 2,4%

Durante los primeros años, los efectos serán apenas perceptibles, según las estimaciones del organismo, y en 2037 la rebaja media de las prestaciones solo supondría un 2,4%. Mientras los parados, los trabajadores despedidos a final de su vida laboral y los asalariados con una vida laboral estable no notarían diferencias o se beneficiarían, colectivos como las mujeres y los trabajadores por cuenta propia si lo notarían. Por eso el Gobierno tiene previsto incorporar cláusulas que permitan en determinadas circunstancias la elección de los mejores años de cotización. Su puesta en marcha reforzaría la contributividad del sistema y también un ahorro importante. 

El gasto en pensiones en 2050 sería de 32.239 millones de euros mensuales con el actual sistema, pero con la ampliación del cómputo a 35 años el importe se reduciría a 30.945 millones, lo que supondría 18.110 millones de euros anuales de ahorro. Junto a esto, el gasto en pensiones con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) caería en 0,6 puntos porcentuales, pasando del 14,2% al 13,6%, un importante alivio para el presupuesto. Además, el efecto se trasladaría a la tasa de cobertura -porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajador- se reduciría en 2,1 puntos, pasando de 53,3% a 51,2%. En la actualidad esta tasa de sustitución ronda el 60%.

El objetivo de los autónomos era hasta ahora cotizar al menos 37 años y medio, forzando al máximo las aportaciones al sistema en los últimos 25

Los trabajadores autónomos va a ser uno de los colectivos más afectados por la medida y se verán obligados a cambiar determinados hábitos que ya tenían asumidos. Así, a partir de la MCVL se constata un importante incremento de la cotización a medida que avanza la edad de los trabajadores por cuenta propia. El objetivo hasta ahora era cotizar al menos 37 años y medio para alcanzar la jubilación a los 65, forzando al máximo la cotización en los últimos 25, que son los que cuenta para determinar la cuantía de la prestación de retiro. Elevar los años de cómputo forzará a incrementar los años de sobrecotización con el fin de obtener la mejor pensión. Diversos estudios constatan que estos trabajadores modifican su estrategia para cotizar por la base límite desde los 45 años, a 20 años del retiro. El nuevo sistema de cotización evitará, en parte, la estrategia de aportar poco los primeros años y al límite en los 'importantes' de la vida laboral.

Prácticamente la totalidad de los países europeos contemplan, de alguna u otra manera, toda la carrera completa de cotización para determinar la prestación de jubilación. Alemania, Italia y Suecia tienen en cuenta toda la vida laboral para estimar la cuantía de la pensión de retiro, mientras en Portugal son los últimos 40 años y en el Reino Unido son los ejercicios cotizados. Mientras, los Países Bajos, la pensión se genera a razón de un 2% por cada año de trabajo o residencia entre los 15 y 65 años. Si trabajó o vivió siempre en los Países Bajos el beneficiario tiene derecho al 100%.

El Gobierno ha asegurado que todas las grandes reformas de pensiones desde 1985 incluyeron la extensión del periodo de cálculo de las prestaciones. La intención actual, recogida en el Componente 30 de Plan de Recuperación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones prevé que la ampliación a 35 años tenga lugar antes de que finalice 2022 y que se ponga en marcha forma gradual a partir de 2023. El Ejecutivo admite que de manera general, la medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero que puede tener efectos negativos. Por esa razón, asegura, es importante complementarla con medidas que modulen sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización.