La reforma de las pensiones española está en el punto de mira de diferentes organismos económicos españoles e internacionales, que entienden que las medidas anunciadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, algunas ya puestas en marcha previo acuerdo con los agentes sociales, son insuficientes para la garantizar la sostenibilidad del sistema. Las consecuencias, en el caso de no incluir iniciativas de calado, pueden ser graves e, incluso, dramáticas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido uno de los organismo más agoreros y ayer mismo ha alertado que nuestro país podría acabar como Grecia o Portugal, países en los que sus caóticos sistemas de pensiones y la despreocupación de sus gobernantes obligaron a tijeretazos de hasta un 40% en las prestaciones.
Pese a todo, en este caso, España no es Grecia, y si bien es cierto que existen similitudes en algunos aspectos que han hecho saltar las alarmas del FMI, otros hacen evidente que el contexto no será tan negativo si se emprenden medidas. Entre estas, según apuntan determinados organismos, estaría elevar el cómputo para calcular las pensiones más allá de los 25 años actuales o adaptar las prestaciones a la evolución demográfica -Factor de Sostenibilidad-, que supondrían un recorte muy importante del gasto. El FMI critica también la decisión de actualizar las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).
España es uno de los países con una tasa de fertilidad más bajas del continente -1,24 hijos por mujer-, solo por detrás de Malta; con una esperanza de vida más alta -82,33 años-; y con una de las tasas de sustitución con respecto al último salario más elevadas -72,3% para el sueldo medio-, algo que también le sucedía a Grecia ¿Pero que se hizo -o más bien no se hizo- para que este país tuviese que asumir hasta 13 recortes en las prestaciones de sus pensionistas? Lo que es evidente es que antes de 2010, año en el que se pone en marcha el primer programa de rescate, el sistema de pensiones público griego era totalmente insostenible.
En Grecia, 40.000 hijas solteras de funcionarios cobraban de por vida 1.000 euros de pensión y había hasta 133 fondos de pensiones, uno por actividad
La edad legal de jubilación en el país heleno antes de 2010 era de 60 años, la jubilación antes de esa edad era mayoritaria, no se exigía un período mínimo de cotización para acceder a la pensión contributiva y el cálculo de esta última se realizaba sobre la base exclusiva de los últimos años. En España se siempre se ha exigido un número mínimo de años para acceder a una prestación contributiva y se ha ido aumentando progresivamente los años para realizar el cálculo de la prestación hasta los 25 actuales. Junto a esto, en Grecia el gasto en prestaciones en 2006 suponía el 13,5% del PIB, pero se elevó al 17,5% en 2013, unos porcentajes alejados de la realidad española. Los analistas de la realidad griega antes del rescate vaticinaban que si no se hubiesen puesto en marcha drásticas medidas, el gasto con respecto al PIB hubiera llegado al 24%.
Mientras, la tasa de reposición -porcentaje del importe de la pensión sobre el último salario- era de las más generosas de Europa, la gestión del sistema estaba ensombrecida por la corrupción y el fraude a una escala que no es ni siquiera imaginable en España, y había 133 fondos de pensiones diferentes, prácticamente uno para cada actividad. Según recogía en uno de sus artículos la revista Actualidad Internacional Sociolaboral, elaborada por el Ministerio de Trabajo, una de las dañinas peculiaridades del sistema griego era que 40.000 hijas solteras de funcionarios, de todas las edades, cobraban una pensión vitalicia de 1.000 euros. Las reformas posteriores obligaron a limitar la edad para percibir esta excepcional prestación a 18 años.
Tras la aplicación de medidas condicionadas por el Plan de Rescate, la edad legal de jubilación de los griegos ha subido en cinco años, hasta los 65, mientras en España la edad de retiro se situará en 2027 en los 67 años, algo a lo que también aspira el Gobierno griego. Éste ha aplicado iniciativas que en nuestro país están vigentes desde hace décadas enfocadas a restringir la posibilidad de jubilarse de manera anticipada, acreditar un periodo mínimo de 15 años de cotización para acceder a una pensión contributiva y la necesidad de cotizar durante cuatro décadas para obtener la pensión completa.
La pensión media griega ha pasado de 1.350 a 833 euros y los recortes en las más altas rondan el 40%. Llegaron a desaparecer hasta las pagas extra
Pero la decisión más dura fue aplicar recortes en las prestaciones, con la supresión de las dos pagas extraordinarias y con un tijeretazo, en 2013, de la cuantía de todas la mensualidades. El efecto inmediato fue la reducción de un 15% en las prestaciones más bajas y del 40%, en las más altas. La pensión media actual ha pasado de 833 euros desde los 1.350 que se pagaban de media en 2009 y en la actualidad, más de cuatro pensionistas de cada diez pensionistas cobran menos de 665 euros, que determinan el umbral de pobreza.
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