Las CCAA tramitan in extremis 900.000 multas Covid para evitar que prescriban

Las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tramitan 'in extremis', después de meses de parón, las denuncias impuestas durante el primer estado de alarma, con el objeto de que no prescriban y poder recaudar al menos una mínima parte de las sanciones impuestas. Los plazos de los procedimientos administrativos fueron suspendidos durante la situación de alarma sanitaria hasta el 1 de junio de 2020 -y las multas graves -de 600,1 a 30.000 euros- por desobediencia a la autoridad prescriben un año después de esa fecha. 

Las administraciones públicas disponen de doce meses para notificar las denuncias relacionadas con incumplimientos de las restricciones impuestas por el coronavirus "y si no lo hacen, la multa prescribiría", asegura Legálitas. Junto a esto admite que desde el pasado 9 de mayo, fecha en la que terminó el estado de alarma, también decayeron las competencias sancionadoras, lo que no quiere decir necesariamente, como algunos entienden, que si la multa no ha sido notificada, las autoridades competentes ya no pueden hacerlo. "Lo cierto es que las administraciones siguen notificando aquellas sanciones que fueron impuestas en el estado de alarma", admiten desde la compañía.

Durante el primer estado de alarma, que coincidió con los meses más duros de la pandemia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impusieron 1,14 millones de multas por incumplimientos de las restricciones contra el coronavirus, la mayor parte graves. El Gobierno reconocía a principios de  mayo, en una respuesta parlamentaria, que se habían tramitado o comenzado a tramitar el 20% de las sanciones, un total de 228.000, por lo que quedaban pendientes, en manos de comunidades y ayuntamientos, más de 900.000.

Ante el vencimiento a partir de principios del próximo mes de junio de un alto porcentaje de las sanciones que se impusieron entre el 14 de marzo y al 21 de junio del 2020 -primer estado de alarma-, las administraciones están utilizando diferentes mecanismos, desde la externalización de los servicios por vía de emergencia, como la Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana; hasta la contratación de personal temporal y la aprobación de planes de choque, como en la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, para hacer llegar las denuncias a los ciudadanos.

Los mecanismos de las comunidades

Las multas del Ayuntamiento de Madrid, cuyos responsables aseguraban hace un mes que seis de cada diez de las impuestas entre marzo y junio ya habían sido notificadas, está agilizando el proceso y las cartas certificadas no paran de llegar a los ciudadanos que fueron multados hace un año. A Víctor H., que fue sancionado a principios de mayo de 2020 por una falta grave de desobediencia a la autoridad con 601 euros, le llegó el pasado lunes una notificación que asegura que ya no esperaba después de un año.

Cuando se recibe la denuncia solo hay dos opciones: pagar la mitad de la multa -300,5 euros- en 15 días o recurrirla en el mismo plazo. Victor H. admite que cruzó unos metros el límite de su distrito cuando trataba de comprar un  ordenador portátil, básico para su actividad laboral, después de que se averiase el que tenía. Las limitaciones a la movilidad en el primer estado de alarma tenían como excepción la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros médicos, desplazamientos a bancos o asistencia y cuidado de mayores.

Externalización de servicios

La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Sanidad, adjudicó el pasado sin publicidad y por vía de emergencia un contrato para el "apoyo en la gestión de la tramitación de denuncias y procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa sanitaria para la prevención de la propagación de la Covid-19". El adjudicatario fue Servicios de Colaboración Integral, que trabaja con numerosas administraciones en la gestión de multas, de impuestos de entidades locales y la actualización de bases de datos catastrales, que consiguió un contrato de más de 582.00 euros, según recoge el Portal de Contratación del Estado.

El objeto de la licitación es que la empresa adjudicataria consiga recaudar el máximo y para ello ofrece dos incentivos, uno variable del 15% más IVA en función de la recaudación efectivamente obtenida y uno fijo de 16 euros más IVA por expediente gestionado. La CAM, para justificar la adjudicación,  admite las enormes dificultades con las que se ha enfrentado, debido a que los expedientes que le han ido llegando proceden de la Policía Nacional, de las locales, de la Guardia Civil y de los ayuntamientos, y muchos de ellos están manuscritos. A esto hay que unir la falta de medios materiales y humanos y la sobrecarga de trabajo sobrevenida. 

Mientras. la Generalitat Valenciana, que solo había cobrado en el mes de abril de este año 1.170 multas de las 144.000 que debe gestionar y que apenas había recaudado 200.000 euros, también decidió ponerse en manos de una empresa privada para agilizar los cobros antes de que las sanciones prescriban. El contrato, dotado con 1,74 millones de euros, se adjudicó por procedimiento de emergencia y por un año a la firma Martínez Centro de Gestión (MCG).

Según recogía el diario El Mundo hace unos días, la falta de medios materiales y humanos y las dudas y cambios normativos han hecho que la gestión de las sanciones por la pandemia en Andalucía se haya visto claramente frenada, hasta el punto de que en algunas de las provincias el porcentaje de denuncias pendientes de ser tramitadas alcanza el 70%, lo que según reconoce la propia Junta de Andalucía, supone un riesgo cierto de prescripción y de que muchas sanciones queden finalmente sin cobrar. En esta comunidad también ha sido necesario contratar interinos y cambiar a funcionarios de puestos para agilizar los trámites.