Desde el 21% actual

Reducir el IVA de los carburantes al 4% restaría 6.000 millones a la recaudación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que se revisará la fiscalidad de los carburantes pero deja la negociación con los demás partidos y los agentes sociales para finales de mes.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, habla con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Europa Press

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a revisar la fiscalidad de aquellos productos en los que está repercutiendo de forma más intensa la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética agravada por el conflicto. Por ello, se da por hecho que el Gobierno planteará una revisión a la baja de impuestos como el del valor añadido (IVA) que se aplica a los carburantes. Con la inflación en el 7,6% en tasa interanual y algunas gasolineras habiendo marcado el precio de dos euros por litro de diésel o gasolina, el Ejecutivo busca contener las consecuencias económicas que sufren los consumidores, sin embargo, estas medidas mermarán la recaudación pública, en unos 6.000 millones anuales si se opta por reducir el IVA del 21% al 4%.

La asociación española de fabricantes de automóviles y camiones (ANFAC) calcula que los ingresos del IVA por consumo de carburantes alcanzaron los 7.487 millones de euros en 2019, un año antes, se situaron en los 7.380 millones y la cifra se redujo hasta los 5.619 millones en 2020, a causa de las restricciones a la actividad y a la movilidad impuestas por la pandemia. Tomando como referencia los ingresos de 2019, cuyo tipo impositivo fue del 21%, se calcula que reducir el tipo de los carburantes al 4% restaría más de 6.000 millones de euros a la recaudación, si Moncloa opta por reducirlo al 10%, la merma sería de 3.900 millones. Se trata de cifras importantes y que se suman a los 12.000 millones que según reveló la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, cuestan las medidas implantas para contener el alza de los precios de la electricidad.

Reducir el IVA al 4% para los carburantes supondría incluirlos en el grupo de productos con un tipo superreducido, entre los que se incluyen bienes de primeras necesidad como las frutas, verduras, huevos, pan o legumbres; y es algo que ya pusieron sobre la mesa algunas comunidades autónomas en la conferencia de presidentes celebrada el pasado fin de semana. Según ha podido saber La Información, los presidentes autonómicos del Partido Popular ya plantearon esta opción a Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también propuso la rebaja del impuesto de la electricidad y del IVA del gas al 4%, mientras dure la escalada de precios. 

Pero la decisión, sea la que sea, tendrá que esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no desveló qué medidas se incluirán en el "plan nacional de respuesta a las consecuencia económicas de la guerra" pero sí confirmó que se aprobaría en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo y que "incluirá rebajas fiscales". Sánchez quiere debatir la situación con los agentes sociales y con el resto de partidos políticos. Además, todo el Gobierno tiene puesto el foco sobre el Consejo Europeo que se reunirá los próximos 24 y 25 de marzo. Entonces, los jefes de Gobierno de los países de la Unión Europea deberán decidir si se excluye el gas para el cálculo del precio de la electricidad, algo por lo que apuesta el Ejecutivo español. Por este motivo, no se espera que se tome una decisión hasta finales de mes, una vez se haya acordado una postura a nivel europeo. Hasta entonces, Sánchez tratará de convencer a los socios europeos, mientras deja a las vicepresidentas la negociación con la oposición, sindicatos y empresarios.

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) advierten que Moncloa tiene "poco o ningún margen" para bajar el IVA a los carburantes, primero, porque sería necesario modificar la directiva europea y la ley de impuestos especiales o del IVA y, segundo, porque tendría "un enorme coste asociado". Por ello, proponen al Gobierno que se aprueben beneficios fiscales en el impuesto sobre Sociedades y sobre la renta de las personas físicas (IRPF), como las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas. Sobre los cálculos en la recaudación, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, comenta en conversación con este periódico que el cálculo es complicado si no se conoce la metodología de ANFAC. Los datos de la Agencia Tributaria no permiten discernir los ámbitos de ingresos del IVA. En cualquier caso, cree que si se produce una rebaja sería al 10% y en ningún caso al 4%. El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), Julio Ransés, considera que "es preferible aplicar tipos superreducidos, en lugar de exenciones, por los efectos distorsionadores que tienen estas últimas".

Para compensar esta reducción de los ingresos públicos, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, planteó este lunes una subida de impuestos a las empresas eléctricas y así costear las medidas que se pongan en marcha para reducir las facturas de los consumidores y colectivos más vulnerables. "Dados los beneficios de las empresas energéticas -asociados al fuerte incremento de los precios-, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto", explicó Cormann. 

Planes frustrados

La crisis energética, con los precios disparados y con el agravante de la invasión de Ucrania, ha obligado al Gobierno a cambiar sus planes fiscales. La ministra de Hacienda ya dejó claro que no habría subidas de impuestos mientras el contexto fuese de "inestabilidad internacional", lo hizo el mismo día que el comité de expertos para la reforma fiscal entregaba el documento en el que había trabajado durante diez meses para que el Ejecutivo tuviera una guía para llevar a cabo cambios en el sistema tributario. Entre las propuestas, los catedráticos instaban a Moncloa precisamente a eliminar progresivamente los tipos reducidos (10%) y superreducido (4%) del IVA y a igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina.

En el Plan de Recuperación, Moncloa se comprometió con la Comisión Europea a revisar la imposición sobre los hidrocarburos en el cuarto trimestre de 2022. El objetivo era igualar la tributación del diésel y la gasolina, que hasta ahora beneficia al diésel porque en su momento se consideró que contaminaba menos. La fiscalidad medioambiental es uno de los caballos de batalla del Gobierno, pero el contexto actual ha obligado a Montero a parar su hoja de ruta e incluso a tomar decisiones en la dirección contraria, al menos, hasta que los precios de la energía se moderen.

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