La reforma de la financiación autonómica y la puesta en marcha de un nuevo modelo territorial se plantean como la punta de lanza para iniciar la legislatura y abrir camino a una futura reforma de la Constitución, a partir de los cambios que haya que introducir en el Título VIII de la Carta Magna, que es el que se centra en la organización territorial del Estado. Fuentes cercanas a las negociaciones del próximo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos contemplan esta opción como una forma de empezar a negociar con todos los partidos políticos, sobre todo con los nacionalistas (salvo País Vasco y Navarra), y encauzar un diálogo que allane el camino para otros acuerdos futuros, hasta que se pueda abordar con garantías de consenso una reforma de la Constitución.
El nuevo modelo de financiación es algo que ya estaba muy adelantado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública cuando estuvo el frente Meritxell Batet, antes de llegar a la Presidencia del Congreso, pero no se pudo poner en marcha “por un simple problema de falta de tiempo”. El parón político posterior ha alargado la cuestión que, no obstante, está contemplada como la primera iniciativa legislativa a debatir y poner en marcha, una vez que se logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado, por la mayor parte de los partidos políticos, incluidos los soberanistas.
La postura de los partidos catalanes y su disposición a tratar este tema por delante de cuestiones que están fuera de la Constitución, como la autodeterminación y el referéndum, será una de las claves para poder lleva a buen puerto el resultado final o una posible reforma constitucional a largo plazo. Desde ERC y Junts per Catalunya admiten que negociar la financiación de forma previa ayudaría a descargar la tensión en las conversaciones futuras, pero advierten al mismo tiempo que "el conflicto político en Cataluña no se soluciona con una lluvia de millones".
Según señalan, la financiación autonómica es una cuestión "que se debe tratar de manera ordinaria porque es lo que toca". Pero, aunque dicen "no estar en esa pantalla aún", no dejan de recordar que este debate es algo que forma parte del descontento de los sectores independentistas con el Estado. "Hablar de esto mejoraría el diálogo, claro. Pero el foco no está puesto allí ahora mismo", señalan.
En otras fuerzas nacionalistas, como Coalición Canaria o Compromís, lo ven de manera distinta. En el partido valenciano que lidera Joan Baldoví desde Madrid es una de las que más ha insistido en ello, señalando que esta es su principal demanda para que Sánchez consiga su 'sí' en la investidura. Algo en lo que recibirán el apoyo de Más País, sus socios a nivel nacional, que han hecho suya esta reclamación. La financiación también es un asunto de máxima importancia para las formaciones regionalistas, entre las que están el PRC y Teruel Existe.
Avanzar con cambios legales
Con ese escenario, desde todas las fuerzas políticas se advierte que el fraccionamiento en el que ha entrado el Congreso y el papel clave que van a jugar los partidos regionalistas y separatistas para llegar a acuerdos, ha complicado las opciones de plantear una reforma completa de las Constitución, de forma que, los más optimistas, plantean avanzar en los cambios legislativos que se pueden hacer dentro del perímetro constitucional, y aplazar 'sine die' un nuevo texto global.
Desde un punto de vista puramente financiero, desde el PSOE nunca se ha ocultado la disposición a ceder a las autonomías una parte mayor de la recaudación y gestión de los principales impuestos, sobre todo del IRPF, si bien admiten que la cuestión se complica más cuando se trata del Impuesto de Sociedades o el IVA. Aunque haya más cesión de gasto a las comunidades autónomas, el Estado debe mantener el control de los ingresos de cara a cumplir con los requerimientos de déficit de Bruselas, con lo que en la fórmula de equilibrio que se busque deberán contar también las inversiones que se comprometan en cada territorio, algo que valoran de forma prioritaria las formaciones nacionalistas.
Desde el ámbito académico, expertos en Derecho como el profesor José Carlos García Moncó, de la Universidad de Alcalá de Henares, advierten que el grado de autonomía que tienen las regiones españolas es tan amplio o más que existe en el caso de los ‘lander’ alemanes y apuntan con claridad a un modelo federal. Aún así, habría asegura que hay que plantearse una reforma pautada de la Constitución para lograr un consenso que, de otra manera, hoy es imposible.
De otro lado, el profesor emérito de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres de Moral, asegura que se pueden hacer muchos avances en el texto de la CE en cuestiones como la normativa electoral, el régimen de la Corona o la ampliación de las garantías de los derechos económicos y sociales para equipararlas a las que gozan los derechos fundamentales. En ese contexto, la opción de empezar a mover el titulo VIII con una nueva financiación, que lleve a un modelo territorial más avanzado que el que se estableció de forma coyuntural hace cuarenta años, es una buena vía para buscar un consenso entre partidos políticos que hace imposible modificar ahora la Carta Magna.
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