Lo que para algunos ha sido una victoria sobre la banca, para otros, como las cooperativas de vivienda, está siendo una dolorosa e injusta derrota. La reforma abordada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la regulación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados - que grava el registro público de contratos hipotecarios - no solo dispuso que fuera la banca en lugar de los ciudadanos la que asumiera su coste sino que también eliminó buena parte de las exenciones que preveía la norma del impuesto bajo el argumento de que ya no eran necesarias toda vez que serían las entidades financieras las que tendrían que asumirlo en el futuro.
La argumentación gubernamental tenía grietas y una de ellas impacta de lleno sobre las cooperativas de vivienda, como pone de manifiesto la principal organización representativa del sector, Concovi. En efecto, bajo el esquema anterior los proyectos cooperativos estaban exentos de pagar el impuesto, lo que suponía que ni los partícipes tenían que asumir ese coste a la hora de contratar su hipoteca - siempre que se subrogaran al préstamo hipotecario de la cooperativa - ni los promotores tenían que pagarlo a la hora de solicitar al banco la liquidez necesaria para adquirir el suelo, edificar las viviendas o dar una hipoteca a los cooperativistas.
El decreto de Sánchez modificó ese esquema tributario por completo, y para mal para los intereses de las cooperativas de vivienda. La supresión de la exención fiscal para las cooperativas implicó que lo que antes no se pagaba ahora sí se tiene que pagar, aunque sea por parte del banco. Las consecuencias sobre la financiación de los proyectos cooperativos no se han hecho esperar. Las entidades financieras han encarecido la financiación que prestan a las cooperativas y éstas se han encontrado con una factura sobrevenida que no esperaban y que ahora intentan digerir como pueden.
En el ínterin, decenas de proyectos cooperativos se han visto obligados a parar dejando en el aire el desarrollo de 1.200 viviendas y el futuro como propietarios de un inmueble de miles de cooperativistas de toda España. La situación del sector es complicada. "Las cooperativas siempre han sido un ámbito fiscalmente protegido por su singular naturaleza y por su carácter social, pero eso ha dejado de ser así", define la situación el presidente de Concovi, Juan Casares.
Un 'rejón' para un sector en auge
La preocupación inicial en el sector por el decreto gubernamental se ha tornado en indignación cuando se ha comprobado la falta de iniciativa del Gobierno para solucionar la situación. Como era de esperar, ante la asignación de un nuevo coste no esperado las entidades financieras han reaccionado encareciendo la financiación que prestan a los proyectos, con el agravante de que las cooperativas no piden 150.000 o 200.000 euros para un préstamo hipotecario sino cantidades millonarias para afrontar la adquisición de un suelo, la financiación de la construcción de un edificio o el préstamo hipotecario de cientos de cooperativistas.
"Ha habido casos de cooperativas que ya tenían acordado el préstamo con la entidad bancaria y que de un día para otro se han quedado sin esa financiación por el decreto del Gobierno", explica Juan Casares. "Otras, que tenían encarrilada la negociación y definido su proyecto empresarial se han encontrado con que de repente el capítulo de costes financieros se les ha disparado. Muchos están buscando una solución, pero es muy posible que algunos proyectos estén abocados a la quiebra".
Según Concovi, el sector - que atiende la mitad de la demanda de vivienda del país - está bloqueado. "La medida afecta de forma inadmisible al desarrollo e impulso de la Economía Social y frena la creación de empleo en un sector, como son las cooperativas de vivienda, que en 2018 ha generado 5.632 puestos de trabajo directos", asegura la entidad en un comunicado para ponderar la gravedad de la situación.
El Gobierno da la espalda a las cooperativas
Pero lo que más indigna al sector es la desidia y la falta de respuestas del Gobierno, que en su día justificó la urgencia del Real Decreto aprobado por el temor precisamente a una parálisis del mercado hipotecario. Poco después de la publicación del Real Decreto que modificaba la norma del Impuestos de Actos Jurídicos Documentados el presidente de Concovi solicitó una reunión urgente con la directora general de Tributos, María José Garde, para poner de manifiesto el incierto futuro que aguardaba al sector si el Gobierno no garantizaba al menos el mismo tratamiento que recibía antes del cambio legal.
La reunión tuvo lugar a principios del mes de diciembre y según el presidente de Concovi, Juan Casares, la actitud de la directora general de Tributos fue receptiva a los planteamientos del sector de las cooperativas de vivienda, que le trasladó con todo lujo de detalles - documentación incluida - la peliaguda situación en la que el decreto exprés aprobado por el Gobierno para corregir el AJD había puesto al sector.
Según Casares, la directora general anunció que trasladaría la situación a la secretaria de Estado de Hacienda para buscarle una solución y comprometió una respuesta en el plazo de una semana. No hubo respuesta. Y lo que sí hubo fue un real decreto de medidas fiscales con contenidos de lo más variados que se aprobó el 28 de diciembre y que no incluía medida alguna para solucionar la situación de las cooperativas.
El Gobierno ha remitido al sector al trámite parlamentario de la norma para introducir las correcciones que éste considere oportunas. Concovi recuerda en su comunicado que hay 20.000 personas que han confiado su futura vivienda a una cooperativa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios