El Gobierno ha conseguido sacar adelante in extremis el Decreto Ley de interinos, una norma que busca dar estabilidad a este colectivo y que ha sido el proyecto 'estrella' de Miquel Iceta tras su breve paso por el Ministerio de Función Pública. PSOE, Unidas Podemos, además de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que dudó hasta última hora el sentido de su voto, votaron sí a la ley, Teruel Existe y Compromís. Mientras el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo, una decisión que supone un aviso para próximas negociaciones, incluida la de Presupuestos, y un recordatorio de que su voto resulta fundamental. Al resultado final fue ajustadísimo: 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones.
Varios de los socios minoritarios y habituales del Gobierno para sacar adelante leyes y que deben dar el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, como Junts per Catalunya, el PDeCAT, la CUP y EH Bildu, se han descolgado en la votación y han dicho no al Decreto que defendió María Jesús Montero, de la que ahora depende Hacienda, pero también Función Pública. Además, han votado en contra el Partido Popular, Coalición Canaria, Ciudadanos, Foro Asturias y Vox. La Ley, según el Gobierno, busca acabar con los altos niveles de temporalidad en la Administración, superiores al 35% en las comunidades autónomas -último dato disponible- y predominantes en sectores como educación y sanidad.
Se pretende estabilizar 300.000 plazas antes de 2025 y reducir la temporalidad enquistada en las autonomías y que supera el 30% a solamente un 8%
El Gobierno finalmente ha cedido y prevé incorporar modificaciones en la norma, como oposiciones no eliminatorias y la exención de ellas al personal temporal con más de diez años de experiencia y que no haya obtenido plaza en ese periodo, unos cambios que se introducirán durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y que se ha comprometido a tener definitivamente aprobado antes de que acabe el próximo mes de octubre.
La ley pretende estabilizar más 300.000 plazas actualmente ocupadas por interinos antes del 2025. El texto, aprobado por el Consejo de Ministros a principio de mes, cuenta con el visto bueno de los sindicatos más representativos en la Función Pública, que no lo han tenido fácil para respaldar esta ley, pero no de los responsables autonómicos, fundamentalmente de las administradas por los nacionalistas, que tienen el bajo su gestión el mayor número de interinos, ni de las diferentes plataformas que pretenden representar a este colectivo, que ha denunciado su situación en diferentes instancias.
Reducir la temporalidad al 8%
Las administraciones públicas contaban en enero de 2021 con un total de 659.700 empleados bajo el epígrafe Otro personal, básicamente interinos, concentrados en un 86% en las comunidades autónomas. La elevada temporalidad de los empleados públicos, enquistada en sobre todo en las administraciones autonómicas, es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta, desde hace años, la Función Pública que, además, deberá afrontar en breve plazo un aluvión de jubilaciones de sus efectivos, muchos procedentes del 'baby boom' y que se incorporaron a la plantilla pública a finales de los 70, sin un recambio previsto. Un total de 330.000 empleados de las administraciones se retirarán en los próximos cinco años.
Acabar con la temporalidad ha sido uno de los principales objetivos que se han marcado todos los responsables de la Función Pública que hasta ahora han pasado por el Ministerio, pero el éxito ha sido más bien escaso y frenado por la crisis; los recortes de plantilla, que supusieron tirar de personal temporal, y la Covid, que ha obligado a contrataciones puntuales y de interinos para hacer frente a una situación inesperada y en principio puntual han agravado la situación. La intención ha sido siempre situar la temporalidad en torno al 8%.
Montero defiende el decreto
La ministra Montero reconoció que el real decreto de los interinos es la solución para un problema que no satisface a todos los afectados, pero muestra voluntad de darles respuesta. "Seguiremos poniendo en el centro a los ciudadanos, necesitamos unos servicios públicos fuertes y a la altura. El origen de este decreto ley es para buscar una solución eficaz en el tiempo para solucionar la temporalidad en los empleos públicos. La solución a este problema complejo no satisface a todos los afectados, que lógicamente aspiran a una plaza. Pero nuestra voluntad es dar respuesta a esta situación y se prevén dos medidas para las personas que no superen los procesos selectivos".
Mientras, Unidas Podemos justificó su sí "en que hay abusos, no puede ser que la Administración cometa un abuso mayor, que se vayan los interinos a la calle sin indemnización. No nos gusta todo el decreto, pero vamos a votar a favor. Seguiremos peleando para que se mejore". Por su parte ERC, que finalmente respaldó la ley, señaló que a "lo mejor al señor Iceta no le contaron que no tienen mayoría absoluta. Además de pactarlo ustedes, deben pactarlo con los grupos parlamentarios. Nosotros hemos modificado nuestra posición en cinco horas. Lo vamos a hacer y creo que hacemos bien. En el diagnóstico, 800.000 personas se encuentran en un momento en el que pueden perder su trabajo por la inacción de las administraciones".
