Preocupación en Moncloa

El caos de la reforma laboral amenaza la agenda de Sánchez y los fondos de la UE

Los votos necesarios para sacar adelante la norma, en el aire a una semana de la votación. Díaz busca a la desesperada el sí de los socios de investidura para evitar que el apoyo de Cs ponga en jaque la legislatura.

Pedro Sánchez
El caos de la reforma laboral amenaza la agenda de Sánchez y los fondos de la UE. 
Europa Press

El Gobierno todavía no cuenta con los votos necesarios para sacar adelante la reforma laboral en el Congreso y, cuando apenas falta una semana para que se produzca la votación, en Moncloa empieza a cundir el pánico. Hay dos opciones de geometría variable: la vía Ciudadanos, que respeta el pacto con la CEOE; o el bloque de investidura, que quiere alterar el texto consensuado con los empresarios. La primera supone una amenaza real para la agenda reformista que Pedro Sánchez debe desplegar en los próximos meses y, en consecuencia, para la legislatura y la recepción de los fondos europeos. Y la segunda, que en principio parece inviable porque el presidente del Gobierno le ha prohibido a Yolanda Díaz tocar una sola coma del texto, sí deja una ventana abierta a la ministra de Trabajo para calibrar un complejo juego de equilibrios y convencer al PNV y ERC sin que la patronal salga del pacto.

El nerviosismo en Moncloa es palpable. La reforma laboral, junto con la del sistema de las pensiones, se presenta ante Bruselas como uno de los grandes hitos de este Gobierno y la Comisión Europea ya ha hecho una primera valoración positiva de la misma. Por eso el Ejecutivo quiere convalidarla en el Congreso de los Diputados tal y como se ha publicado en el BOE, sin tramitarla como proyecto de ley ni dar ninguna opción a los grupos parlamentarios de introducir modificaciones. ¿Por qué esto es tan importante para Sánchez? Porque las autoridades europeas exigen que las grandes reformas de país se hagan con acuerdo social y se presenten en tiempo y forma, tal y como se ha conseguido, y advierten además de que si se modifican las normas una vez aprobadas se retirarán los fondos abonados. Y el tramo de 12.000 millones que depende de esta reforma es vital para España, por eso el Gobierno no puede permitirse saltarse el guion.

Pero los grupos parlamentarios le reprochan al Gobierno que, si bien el diálogo social es necesario, la mesa de negociación tripartita en la que se acuerdan las grandes reformas con la patronal y los sindicatos no debería sustituir al Parlamento, que es la sede de la soberanía popular. Ya montaron en cólera cuando el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, llevó a votación a última hora la primera parte de la reforma de las pensiones y finalmente acabó introduciendo el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional en una enmienda de ERC y Bildu. Ahora, los partidos vuelven a reclamar su derecho a (y deber de) ejercer el poder legislativo, pero el Ejecutivo insiste en arrebatar al Congreso esa potestad. Es más, fuentes gubernamentales confían casi ciegamente en que el decreto será convalidado y descartan por completo que decaiga una normativa que ha sido pactada y ya está en vigor.

Para conseguir la convalidación inmediata del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el Gobierno necesita más síes que noes. Unidas Podemos insiste en negociar con la mayoría de investidura y rechaza sacar adelante la reforma con Inés Arrimadas. El problema es que tanto el PNV como ERC y Bildu quieren cambios en el texto y Sánchez se niega en redondo. Ante esta tesitura, Yolanda Díaz tiene un plan, que pasa por llegar a acuerdos de mínimos o compromisos a futuro con estos grupos parlamentarios, que no comprometan la literalidad del texto pactado con la CEOE. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que se podría buscar una fórmula, incluso, para resolver el conflicto en torno a la estructura territorial de la negociación colectiva, sin que eso implicase la salida de la patronal del acuerdo.

Los riesgos del 'plan b'

Lo cierto es que el esquema territorial de negociación colectiva no se ha tocado en el decreto de reforma laboral (solo se recupera la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial), pero el Ministerio de Trabajo sí había introducido en los borradores iniciales una propuesta para recuperar la prevalencia del convenio autonómico, que finalmente fue eliminada por la oposición frontal de los empresarios. De este modo, cualquier modificación en este sentido sería rechazada de plano por la CEOE y considerada como una traición por parte del Gobierno, según avanzan fuentes de la organización empresarial. Además, el cambio tampoco sería bien visto en Bruselas, dado que la Comisión ha advertido a España en sus recomendaciones de que no deben darse pasos atrás en la unidad de mercado. Así lo recuerdan fuentes al tanto de las evaluaciones que están haciendo las autoridades europeas de las reformas españolas, que avisan de que un paso en esa dirección implicaría un incumplimiento del hito.

Pero Yolanda Díaz insiste en que la mayoría para sacar adelante la reforma laboral que tanto esfuerzo le ha costado pactar en la mesa de diálogo social debe lograrse con los socios que apoyaron al Gobierno de coalición. Precisamente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo viaja este miércoles a Barcelona en visita oficial, donde mantendrá encuentros con representantes sindicales y empresariales, para intentar atraer a las bases de ERC al pacto. Acompañada de su número dos, Joaquín Pérez Rey, por la mañana se reúne con UGT y por la tarde con CCOO. Y el jueves se desplaza a la sede central de Seat en Martorell, donde será recibida por su vicepresidente, Wayne Griffiths, a quien también tratará de convencer de que esta es la reforma que necesita el país en este momento, ya que no hay que olvidar que el sector de la automoción se ha mostrado especialmente crítico con el acuerdo firmado por la CEOE.

Ante la complejidad para atraer a los socios habituales, el Gobierno, y especialmente el sector socialista de la coalición, tiene un plan b. La opción de sacar adelante la reforma laboral con Cs empieza a tomar fuerza, pero en Moncloa son conscientes de los riesgos que conlleva. Con media legislatura por delante y un ambicioso Plan de Recuperación comprometido con Bruselas, el Ejecutivo no puede permitirse el abandono de sus socios de investidura en la convalidación de las reformas venideras. La reforma fiscal, la segunda parte de la reforma de las pensiones o la Ley de Vivienda son solo algunos de los hitos económicos a cumplir en la agenda reformista. También hay otros proyectos pendientes, como la Ley Audiovisual, que tiene importantes incursiones en competencias autonómicas. En cola, asimismo, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Memoria Democrática, además de la subida del salario mínimo para 2022, también atascada.

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