"La comunicación entre Nadia y Yolanda no fluye". Con esta contundente afirmación, fuentes gubernamentales confirman lo que, por otro lado, ya se venía advirtiendo desde el mismo momento en que se formó el Gobierno de coalición. El punto débil de la economía española es el mercado laboral y, como materia transversal a ambos departamentos, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, chocan en sus enfoques sobre la reforma necesaria para acabar con grandes males como el paro o la dualidad. Este pulso ha llevado a rebajar las conversaciones a un segundo nivel y se está planeando crear una comisión específica de secretarios de Estado para abordar la cuestión y consensuar un planteamiento antes de llevar una propuesta formal del Gobierno a la mesa del diálogo social, según ha podido saber La Información.
Fuentes conocedoras de estas estrategias internas de Moncloa explican que se ha decidido "bajar la negociación a nivel de los responsables de Secretarías de Estado" y después "elevar los resultados" a las ministras, antes de trasladar una propuesta consensuada a patronal y sindicatos. La intención del Gobierno, hay que recordar, es llevar a cabo antes de que acabe el año algunas modificaciones sobre la reforma laboral de 2012. A un mes vista del parón propio de las navidades, los agentes sociales están inmersos aún en las conversaciones sobre los 'riders' y en breve deben abordar también la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021. El tiempo apremia y es clave que el Ejecutivo no se enrede en diferencias internas para poder aprobar estos cambios, de ahí que se plantee ahora este comité 'ad hoc', explican las mismas fuentes.
Los ministerios implicados, no obstante, aseguran no tener constancia de la creación de esta comisión específica. Sí admiten que las reuniones de trabajo a distintos niveles ministeriales son habituales en materias transversales que afectan al área económica del Ejecutivo en su conjunto, entre ellas, la reforma laboral. "Más en un momento en el que se tienen que cerrar los flecos de las reformas que se incluirán en el Plan de Recuperación que hay que remitir Bruselas", matizan desde Economía. "El contacto es fluido y constante", zanjan. En estos trabajos preparatorios también participarían otros departamentos como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá o el de Hacienda, que pilota la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Desde Trabajo, por su parte, se remiten al programa de coalición, que recoge literalmente la derogación de la reforma laboral del PP, empezando por sus aspectos más lesivos.
Sin embargo, fuentes gubernamentales insisten en que la puesta en marcha de un comité de segundo nivel en el que estarían involucrados los secretarios de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, entre otros perfiles técnicos, resulta necesaria porque "la comunicación entre Calviño y Díaz no fluye". Más en un momento en el que, aunque Trabajo tenga las competencias en esta materia y el mandato de cumplir el acuerdo de la coalición progresista, con los fondos europeos nace una nueva legitimidad para la Vicepresidencia económica, "que tiene el mandato de Bruselas de cumplir con las recomendaciones de la Comisión en materia laboral".
"Esto legitima a Calviño para entrar en el terreno y ahí está el choque", aseguran las fuentes consultadas. Lo cierto es que, jurídicamente, los fondos europeos no están vinculados a reformas como la laboral o la de pensiones. No existe, por tanto una condicionalidad directa para recibir estas ayudas, vinculadas a una agenda 'digital y verde', como tampoco dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como se ha llegado a afirmar desde el Gobierno, o de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como aseguró el PP desde la oposición. Pero las autoridades europeas sí han realizado seguidos apercibimientos a España sobre los desafíos del mercado laboral y recomendaciones específicas para reducir el paro y la dualidad e incentivar la contratación, siempre defendiendo la flexibilidad introducida por el marco de 2012.
Los sindicatos, por su parte, también han desvinculado los fondos europeos de la reforma laboral. Mientras la patronal insiste en que, en plena pandemia, no es el momento de abordar este debate. En cualquier caso, no es intención del Gobierno derogar la totalidad de la legislación del PP, o esa es la sensación que empieza a calar entre los agentes sociales. "No es solo Calviño, sino una amplia mayoría del PSOE que, a diferencia del área de Unidas Podemos, ya no apuesta con contundencia por derogar la reforma de 2012, sino por elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI", indican fuentes sindicales. "Economía y Trabajo no quieren chocar frontalmente y es en ese marco en el que van a desembarcar las medidas que se negocien dentro del propio Ejecutivo y se eleven a Bruselas", auguran.
Según se recoge en el Plan Anual Normativo del Gobierno, la intención del Ministerio de Trabajo es aprobar, en la recta final del año, una ley que modifique "la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". La idea, en líneas generales, es derogar la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo (ultraactividad), además de limitar la subcontratación a servicios especializados que no constituyan la actividad principal de la empresa.
En algunos aspectos, la negociación con los agentes sociales estaba bastante avanzada antes de la pandemia, si bien el asunto de la subcontratación no gustaba a la patronal por entender que aparejaba graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo al hacer inviable la supervivencia de muchas empresas. La cuestión de la vuelta a la prevalencia del convenio de sector tampoco está clara, pues según publicó El País, en documentos internos del Ministerio de Asuntos Económicos se aboga por la prioridad de los convenios de empresa. Esta y otras diferencias con la agenda de la ministra de Trabajo se resolverán, si el plan de Moncloa cristaliza, en una comisión de secretarios de Estado que, a nivel técnico, analizará las posibilidades, cerrará flecos y propondrá un planteamiento consensuado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios