La temporalidad, en el foco

De Báñez a Díaz: cuatro años de periplo para desmontar el caos en los contratos

El PP presentó una propuesta a los agentes sociales en noviembre de 2017 para reducir las modalidades de contratación a tres, pero más flexible para las empresas que la que ahora plantea el Gobierno PSOE-UP.

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De Báñez a Díaz: cuatro años de periplo para desmontar el caos en los contratos
La Información

En noviembre de 2017, el Gobierno del Partido Popular planteó a los agentes sociales una revolucionaria propuesta para reordenar el menú de contratos. Bajo la batuta de la exministra Fátima Báñez, el Ministerio de Empleo puso sobre la mesa un borrador inicial que sería el comienzo de un periplo de cuatro años. El pasado lunes, La Información revelaba en primicia la reforma de calado que tiene entre manos el actual departamento de Trabajo que dirige la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz. De fondo, una recomendación persistente de la Comisión Europea: España debe reducir la excesiva temporalidad de su mercado laboral. La meta es la misma a día de hoy que años atrás, si bien los caminos para alcanzarla son diametralmente distintos. ¿Qué proponía entonces el PP y cuál es ahora la apuesta de la coalición del PSOE y Unidas Podemos para desmantelar el modelo de contratación?

En principio, los modelos presentan más similitudes de las que cabría esperar de dos formaciones políticas con recetas económicas antagónicas. El boceto del PP dibujaba un esquema con tres tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal de protección (indemnización) creciente y otro formativo. Asimismo, el borrador que ha elaborado el actual Ministerio de Trabajo también plantea la reducción de las modalidades contractuales a tres: una estable, una temporal por causas productivas u organizativas y otra de formación o prácticas. Por tanto, las principales diferencias entre lo que se puso negro sobre blanco en 2017 y lo que se ha plasmado ahora no residen tanto en la forma como en el fondo: el PP buscaba luchar contra la temporalidad sin causa, avanzando en flexibilidad y dotando de un mayor protagonismo a la negociación colectiva; mientras el planteamiento del actual Gobierno persigue el blindaje de las plantillas a través de una mayor protección del trabajador temporal ante los abusos y el despido.

En ambos casos, el foco se sitúa en el refuerzo de los principios de causalidad en la contratación temporal, si bien el enfoque difiere desde el primer párrafo. La propuesta del PP partía de la premisa de que, "pese a la preferencia del ordenamiento jurídico español por la contratación indefinida, no se puede desconocer la necesidad de la contratación temporal, ya sea porque existen causas objetivas vinculadas a razones organizativas o productivas ya porque existen razones vinculadas al propio trabajador que buscan un incremento de su experiencia profesional o la obtención de una cualificación profesional específica que garantiza, en ambos casos, una mejora de su empleabilidad y el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo". En cambio, en el borrador que está ahora en discusión se establece de manera tajante que "el contrato se presume concertado por tiempo indefinido" y "solo podrá celebrarse un contrato de trabajo de duración determinada por razones de carácter productivo y organizativo".

Báñez diseñó un planteamiento para limitar el uso de la contratación temporal "a sus justos términos, evitando su utilización abusiva y poniendo freno a la excesiva segmentación y dualidad" del mercado laboral, reduciendo las modalidades contractuales a las tres antes mencionadas y dejando en manos de la negociación colectiva el establecimiento de las causas sobre lo que se entiende por necesidad temporal de mano de obra y el volumen total de trabajadores eventuales en la empresa. Con la misma idea, Díaz ha esquematizado un nuevo menú con solo dos modalidades de contrato temporal (para cubrir bajas o picos de demanda), limitando la duración máxima de la relación laboral a un año, obligando a hacer fijos a los interinos tras dos años de sustitución y blindando a los temporales ante el despido disciplinario, que pasaría a considerarse nulo por ley y, por tanto, la empresa estaría obligada a la readmisión del trabajador.

El borrador del PP entraba a esbozar también el diseño del nuevo contrato formativo, si bien este apartado aún no se ha desarrollado en la reforma que está proponiendo ahora el Ministerio de Trabajo a la patronal y los sindicatos, por lo que resulta imposible realizar una comparación. En cualquier caso, el resto del documento, en lo que se refiere a la protección del trabajador ante los abusos en la contratación temporal (con medidas como, por ejemplo, la adquisición automática de la condición de fijos cuando no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social o hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses en un periodo de 30 meses) la redacción se mantiene en los términos en los que, de hecho, está estipulado actualmente en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Con todo, la medida más revolucionaria que pretendía introducir el PP en 2017 aparece sin desarrollar en ese borrador inicial, donde apenas se menciona el concepto de "protección creciente". Para entender a qué se refería el equipo de Fátima Báñez hay que retroceder un año atrás, hasta agosto de 2016. El acuerdo suscrito entre el PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy incluía esa modalidad, que solo podría hacerse cuando concurriera una "necesidad temporalmente limitada de mano de obra" y con duración máxima de dos años ampliable a otros tres, con una indemnización creciente de 12 días de salario para el primer año, 16 para el segundo y 20 para el tercero. Aquel pacto también contempló la introducción de la denominada 'mochila austriaca', el fondo individual de indemnización por despido que durante años ha sido objeto de un eterno debate inconcluso.

Quien fuera secretario de Estado de Empleo en aquella época, Juan Pablo Riesgo, rememora para La Información que aquella propuesta lo que buscaba era "luchar contra la temporalidad sin causa, pero avanzando en flexibilidad". "Ahora se limita la temporalidad, y la subcontratación, y se pretende hacer más rígido el marco de relaciones laborales (descuelgues, prioridad y ultraactividad de los convenios, despidos..), dejando pocas alternativas a la empresa", añade el socio responsable de EY Insights en relación a la reforma que ha planteado el actual Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo.

A juicio del exnúmero dos de Báñez -ahora en el think tank de la firma de servicios profesionales de EY- "es importante que al tiempo que se combate la temporalidad sin causa, se potencie la flexibilidad y se reduzca la brecha de condiciones laborales entre fijos y temporales", para lo cual considera especialmente oportuno utilizar los fondos europeos Next Generation EU para implantar "cuentas individuales de capitalización que cubran parte de esas divergencias". El Gobierno ha descartado esta última vía, pero sí se ha comprometido con la Comisión Europea ha desarrollar nuevos mecanismos de flexibilidad interna para las empresas en crisis.

Salvando las distancias

Hechas las comparaciones, conviene salvar las distancias entre la propuesta que hizo el PP a finales de 2017 y que ha elaborado ahora el departamento de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. El Gobierno de Rajoy se movía entonces en un entorno de crecimiento económico por encima del 3%, con la recuperación encarrilada tras la crisis financiera. En cambio, la situación actual de pandemia, con una reactivación incipiente tras el mayor desplome del PIB en tiempos de paz, condiciona absolutamente todas las medidas que pueda poner en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sobre todo porque de las reformas que se lleven a cabo van a depender los 150.000 millones de euros que corresponden a España de los fondos de recuperación de la UE. No obstante, sí procede destacar que la idea de simplificar el menú de contratos no es nueva, más bien, lleva años circulando en las salas de máquinas de distintos gobiernos, empujado por las recomendaciones de Bruselas.

La idea de simplificar los contratos no es nueva, lleva años circulando en las salas de máquinas de distintos Gobiernos

La reforma laboral, en cualquier caso, está atascada en la mesa del diálogo social en estos momentos. Los empresarios han hecho una enmienda a la totalidad al documento presentado por Trabajo al considerar que implica una pérdida de flexibilidad en el marco de las relaciones laborales que retraerá la creación de empleo y fomentará los despidos. La CEOE defiende la necesidad de reducir la excesiva tasa de temporalidad en el mercado de trabajo, tal y como han reclamado las autoridades europeas a España en innumerables ocasiones, pero no con un planteamiento que "pone en peligro el empleo, en un momento en el que la contratación tiene que ir como un tiro" e "ignora las necesidades del tejido empresarial y de los trabajadores", así como los factores estacionales propios de la economía española. "No hay antecedentes de una reforma como la que se está planteando... Europa no lo va a permitir", zanjan las fuentes empresariales consultadas. El Ministerio va a sufrir para atraer a la patronal a un acuerdo en estos términos.

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