Derogar o no derogar, esa es la cuestión. El verbo de la discordia que tanto Pedro Sánchez como Nadia Calviño han evitado utilizar a toda costa al referirse a la reforma laboral del PP y que Yolanda Díaz ha repetido hasta la saciedad. Lo cierto es que hasta ahora solo había aparecido en documentos oficiales firmados por el PSOE y Unidas Podemos en dos ocasiones: la primera, en el acuerdo de coalición, y la segunda, en el polémico pacto con Bildu. Pero la introducción del término en el comunicado trasladado por Moncloa tras la reunión mantenida por los socios este martes para cerrar el posicionamiento del Gobierno respecto a esta reforma capital para Bruselas ha reabierto el debate. "Están en la batalla retórica, siempre lo han estado... pero en realidad no cambia nada. Sánchez ha cerrado un acuerdo semántico, pero las dos almas del Gobierno mantienen sus posturas. La verdadera guerra se va a librar en la mesa con la patronal y los sindicatos", augura una fuente del diálogo social con amplia experiencia en esta negociación.
Tras la crisis abierta por la injerencia de Calviño en la reforma laboral de Díaz, el acuerdo alcanzado entre los socios la semana pasada establecía que este martes Pedro Sánchez se reuniría con las vicepresidentas primera y segunda y con los titulares de Seguridad Social, Hacienda y Educación, para "fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social, en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición". Y eso es básicamente lo que ha sucedido. Presidente, vicepresidentas y ministros se han limitado a ratificar lo ya firmado. Con un matiz: Yolanda Díaz ha conseguido que el término "derogar", que ya aparecía en el acuerdo de coalición que pactaron Sánchez y Pablo Iglesias, se incluyese en la redacción del breve comunicado que Moncloa trasladó a los medios de comunicación al término del encuentro.
La inclusión de este verbo en la nota de apenas cinco párrafos remitida por la Secretaría de Estado de Comunicación no es baladí. Aunque en el acuerdo de coalición firmado hace casi dos años ya se dejó este asunto meridianamente claro ("derogaremos la reforma laboral"), para Díaz era fundamental que esa palabra apareciera en el comunicado de Moncloa tras la reunión con Sánchez para fijar posiciones. Y ello a pesar de que la derogación íntegra de la reforma laboral nunca ha estado sobre la mesa. Ni en el acuerdo de coalición, ni en el Plan de Recuperación, ni en los borradores diseñados por el Ministerio de Trabajo que llevan ocho meses debatiendo los agentes sociales se ha planteado nada más allá de modificar algunos aspectos introducidos en 2012 en el marco de la negociación colectiva.
Pero "la retórica es importante, especialmente para Yolanda Díaz, que tiene que vender a su electorado la derogación de la reforma laboral del PP... ¡Es una de las banderas de su negociado!", analiza una fuente del diálogo social que insiste en que la verdadera discusión está en la mesa en la que participan la patronal y los sindicatos, donde se debaten los contenidos de la norma y las medidas concretas. Ese foro vuelve a reunirse este miércoles, bajo la dirección del secretario de Estado de Empleo y con la participación, como novedad, de dos directores generales de Economía y Seguridad Social. Y ya tienen el orden del día sobre la mesa: van a hablar del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la duración del contrato de trabajo. "Es en ese espacio donde se tienen que ir cerrando los debates técnicos, ignorando el ruido político", reclaman desde la mesa de diálogo social.
En la cita de este miércoles, en la que se abordará el artículo 15 del ET de manera prácticamente monográfica, tanto la patronal como los sindicatos van a pedir explicaciones a los representantes gubernamentales sobre la resolución del conflicto en el seno del Gobierno y, sobre todo, garantías de que la crisis abierta entre Díaz y Calviño no va a contaminar las negociaciones. Los agentes sociales insisten en que la polémica no está zanjada porque las vicepresidentas mantienen sus posturas encontradas respecto al contenido de la reforma laboral y auguran semanas de roces y tensiones tanto en la mesa de diálogo social como en los cónclaves semanales entre los secretarios de Estado de los departamentos implicados por la norma para fijar la posición gubernamental. Pero estos choques se van a intentar mantener en la más estricta discreción para evitar interferencias.
Los choques se van a mantener en la más estricta discreción para evitar interferencias en las negociaciones
El inconcluso comunicado de Moncloa aviva esta teoría, porque en lugar de concretar el contenido de la reforma, la deja abierta en los aspectos más polémicos, al apostar por "una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo". En la nota, los socios constatan que "la temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español" y se muestran "decididos a dejarlas atrás". Si bien evitan entrar al fondo de la cuestión y se limitan a afirmar que "es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y establecer condiciones claras para la subcontratación".
Pero la frase de la polémica es esta: "El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012...", pero no se queda ahí, porque matiza: "...en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea". Es decir, en un intento por encajar las dos posturas del Gobierno, Sánchez ha jugado con el lenguaje para cerrar un comunicado conjunto en el que resuelve el complejo juego de equilibrios en esta materia a favor de la derogación, pero solo de los aspectos ya pactados entre PSOE y UP. En definitiva, lo que han acordado los socios de la coalición es cumplir con el acuerdo de investidura de diciembre de 2019, así como con las reformas comprometidas con Bruselas.
Se refieren, por tanto, a retocar el esquema de negociación colectiva para recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa; a limitar la subcontratación a servicios ajenos a la actividad principal de la empresa y la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte del empresario; así como a revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. Además, esos acuerdos contemplan la simplificación del menú de contratos de trabajo y la reducción de la temporalidad, favoreciendo el uso del contrato fijo-discontinuo, así como la revisión de las causas de despido.
Esos son los principales aspectos incluidos tanto en el acuerdo de coalición como en el Plan de Recuperación, si bien están pendientes de concretarse en la mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos, donde los socios del Gobierno se han comprometido a buscar un acuerdo tripartito. De este modo, el objetivo continúa siendo la derogación de algunos aspectos de la reforma de 2012, pero no de su totalidad, al no entrar, por ejemplo, en temas más polémicos como la indemnización por despido, que el PP redujo de manera considerable con esa reforma que aprobó de manera unilateral durante la crisis financiera. En paralelo, se pretenden introducir novedades en ese Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, como el nuevo mecanismo de sostenibilidad del empleo que vendrá a acompañar a los ERTE en el marco legislativo para favorecer la flexibilidad interna en las empresas.
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