Sánchez pacta el fin de la reforma laboral sin el comité de 'sabios' que obliga la ley

"Pacta sunt servanda". O lo que es lo mismo: lo firmado obliga. Con estas palabras el vicepresidente segundo Pablo Iglesias protagonizaba ayer el enésimo encontronazo con el bloque socialista del Gobierno, horas después de que el PSOE tuviera que rectificar el acuerdo alcanzado con EH Bildu para matizar que la derogación de la reforma laboral no sería ni total ni inmediata (intervención de la vicepresidenta económica Nadia Calviño mediante). Las reacciones de la patronal y los sindicatos no se hicieron esperar por el nuevo regate al diálogo social. Pero lo que es aún más cruento es que el presidente Pedro Sánchez autorizó un acuerdo político para acabar con la legislación del PP en materia laboral cuando acumula un año de retraso en la constitución del grupo de expertos que en teoría iba a asesorar al Gobierno sobre su medida estrella. 

Ni está ni se le espera. Fuentes gubernamentales confirman a La Información que la constitución del comité de sabios que debía haberse hecho efectiva hace un año está completamente atascada. El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que introdujo el polémico registro horario obligatorio en las empresas, establecía que "el Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores" y que lo haría mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previa audiencia con interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y Relaciones Laborales. Nada de eso ha sucedido a día de hoy.

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Eran los pasos previos para el diseño del bautizado como Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, el culmen de la contrarreforma laboral que pretendía dar cabida a las actuales transformaciones del mercado de trabajo como la digitalización, la robotización o la internacionalización del empleo y que buscaba el máximo consenso político. Pero más de un año después de la aprobación de aquel Real Decreto Ley y cerca de que se cumplan los once meses de retraso respecto a la fecha límite fijada por el Ejecutivo (entonces monocolor socialista) no se ha avanzado en ninguna de estas cuestiones. Primero porque el Gobierno estuvo en funciones hasta finales del año pasado y después porque tras las elecciones de noviembre y la formación de la coalición PSOE-UP en enero, poco recorrido ha tenido el nuevo Ejecutivo hasta la irrupción de la crisis del coronavirus que ha trastocado todos sus planes.

Sin expertos en materia laboral que asesoren al Gobierno sobre este cometido, Sánchez autorizó el miércoles a su la portavoz parlamentaria Adriana Lastra a firmar un acuerdo con la formación 'aberzale' para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 antes de que finalice la vigencia de las medidas extraordinarias aprobadas para dar respuesta a la crisis actual, es decir, antes de que acabe el año. Todo ello a cambio de la abstención de Bildu en la votación de la prórroga del estado de alarma y a espaldas del resto de grupos políticos y de los agentes sociales. A última hora de la noche el PSOE rectificaba el acuerdo y trasladaba a los medios de comunicación un comunicado para aclarar que la derogación de la reforma laboral seguiría el curso marcado en el pacto de coalición con Unidas Podemos.

¿Qué decía ese acuerdo? Empezaba rotundo: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012". Si bien después añadía que esto se haría en el marco del diálogo social y que se empezaría por tres aspectos urgentes. El primero sería la eliminación del despido objetivo por absentismo, algo que se llevó a cabo el pasado mes de febrero y que llamativamente el Ejecutivo mantiene en la nueva versión del pacto con Bildu. El segundo pasa por la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y el tercero por el retorno a la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa. También se apostaba por limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la compañía.

Ese programa de Gobierno se firmó a punto de acabar 2019, antes de la investidura del líder socialista que se produjo a principios de enero, y ya entonces se generó una gran discusión sobre si la derogación de la reforma laboral sería total o parcial. Desde el flanco morado de la coalición defendían que el documento no dejaba lugar a dudas, que se trataba de una derogación integra de la norma, mientras el bloque socialista abarcaba la cuestión con una mayor prudencia. Pesos pesados del Ejecutivo como Calviño siempre han evitado hablar de derogación de reformas. Ayer mismo durante su intervención en el Círculo de Economía advertía de que "sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la mas mínima inseguridad jurídica en este momento" y matizaba que cualquier retoque se hará "de forma dialogada y consensuada con los agentes sociales".

El primer paso se dio con la derogación del artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores, que permitía a las empresas despedir a los empleados por causas objetivas por acumulación de bajas laborales médicas, intermitentes pero justificadas. "Vamos desmontando la reforma laboral del PP", sostuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros del 19 de febrero. La supresión de este artículo llegaba, sin embargo, sin acuerdo en el diálogo social. Según explicaron entonces desde la patronal y los sindicatos, Trabajo remitió a los agentes sociales un comunicado formal, pero no les dio la posibilidad de presentar alegaciones al texto. Un primer encontronazo tras el gran acuerdo alcanzado para el salario mínimo.

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Ahora el Gobierno ha vuelto a saltarse el diálogo social. Hasta tal punto que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha levantado de la mesa. Eso sí, temporalmente. Fuentes de la patronal explican que la indignación entre los empresarios es "brutal" y que se suspenden todas las negociaciones abiertas con el Gobierno hasta que les den explicaciones convincentes sobre el pacto alcanzado con Bildu "con nocturnidad y alevosía". "En estas condiciones no podemos continuar dialogando nada", sentencian. Ayer mismo Garamendi canceló la reunión prevista con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para tratar cuestiones técnicas sobre el Ingreso Mínimo Vital que tiene previsto aprobar el Gobierno la semana que viene.

Más allá del posicionamiento que adoptaron los agentes sociales -incluso los sindicatos llegaron a criticar al Gobierno por haber ocultado un pacto con el que, en principio, hasta estarían de acuerdo- ayer se echó en falta alguna reacción de la ministra Díaz. A última hora la patronal seguía sin recibir ningún tipo de explicación de la responsable de la política laboral del Gobierno, mientras fuentes sindicales aseguraban haber intercambiado "algún whatsapp" con miembros del Ejecutivo. La sensación general entre los agentes sociales es que Díaz desconocía el acuerdo firmado por PSOE, UP y Bildu hasta que se publicó en la prensa y, de hecho, en la misma tarde del miércoles mantuvieron una reunión tripartita que, según trasladan, fluyó con absoluta normalidad y en ningún momento se trató este asunto.