La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene claro que el devenir de la legislación laboral en España pasa por reforzar los derechos de los trabajadores frente a los empresarios y para ello, mientras negocia el contenido de la 'gran reforma' con las patronales y los sindicatos, ha activado varias medidas por la vía silenciosa que van precisamente en esa dirección, elevando el control de la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos y la modificación sustancial de las condiciones laborales por parte de la empresa, concretamente en lo que se refiere a las rebajas de sueldos.
A la espera de que el diálogo social dé sus frutos y la contrarreforma laboral quede aprobada en apenas tres semanas, el Ministerio de Trabajo se ha adelantado publicando varias medidas en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, el BOE recogía el pasado viernes, 3 de diciembre, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, un amplio documento que busca, en palabras de Díaz, "cambiar el paradigma" de este organismo, elevando sus funciones de control sobre determinados aspectos de las relaciones laborales. El texto, que cuenta con toda la validez legal, no ha sido consultado con la CEOE, según afirman fuentes empresariales que muestran su "sorpresa" ante el contenido del mismo.
"Por la puerta de atrás" -denuncian las mismas fuentes de la patronal- el Ministerio de Trabajo modifica las funciones de la Inspección para elevar su intervención en algunos procesos. Concretamente, en el 'objetivo 14', el Plan refuerza "el papel del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y reducción de la jornada de trabajo". Hay que recordar que, tras la reforma laboral de 2012, la regulación de los despidos colectivos varió sustancialmente y, entre otros aspectos (como la eliminación de la autorización administrativa), modificó el alcance de la intervención de la Inspección en la tramitación de los ERE y le atribuyó, fundamentalmente, una labor de comprobación de la aportación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas.
Pues bien, el Ministerio considera que "es preciso volver a dotar a las personas trabajadoras de un sistema de protección frente a las medidas que implican la extinción, la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas organizativas o de producción que, en ausencia del mecanismo de autorización administrativa previa, solo puede realizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante informe a la autoridad laboral y, en su caso, la jurisdicción social en los supuestos de impugnación", según consta en el citado Plan. A renglón seguido, el departamento que dirige Yolanda Díaz también estima "conveniente" llevar a cabo una modificación normativa para que la jurisdicción mercantil solicite el correspondiente informe directamente a la Inspección.
El Plan, de este modo, está diseñado para incrementar las competencias de la Inspección, por la vía de los informes, en el caso de que los ERE promovidos por las empresas acaben en los tribunales. La cuestión está en si la intervención de la Inspección en estos procedimientos debe limitarse a una mera comprobación documental o puede ir más allá valorando las causas alegadas por la empresa. Muchos informes de la ITSS entraban a valorar la mayoría de los extremos implicados en estos procesos, no únicamente los aspectos formales, pero esa actuación ha resultado jurídicamente cuestionable por la falta de previsión normativa expresa. Ahora el Ministerio ha activado esta modificación normativa, pero lo ha hecho por la vía del Plan de la Inspección, sin llevar el asunto a la mesa de diálogo social.
El movimiento de Díaz no ha gustado en la patronal, ya que hasta ahora en los borradores gubernamentales solo se había planteado la recuperación de la autorización administrativa en los ERTE. Pero no es el único. El mencionado Plan publicado en el BOE -y por tanto, vigente- también refuerza la actuación de la Inspección en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo "más lesivas" para los trabajadores. Concretamente, en el 'objetivo 17' propone una "modificación normativa que establezca el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la jurisdicción social en los procedimientos judiciales en materia de modificación de la cuantía salarial". Aquí el borrador que el Gobierno está negociando con patronal y sindicatos presenta una mayor rigidez en la regulación, pero de momento no se ha llegado a un acuerdo sobre este tema.
Trabajo considera que "la reducción del salario impacta de forma grave y lesiva sobre las condiciones de trabajo" y que "la posición de las personas afectadas por esta medida es particularmente débil, especialmente cuando aquella tiene carácter individual o no puede intervenir un sindicato, por no existir en la empresa". Por ese motivo, además de las medidas de asistencia técnica, conciliación y mediación, propone la introducción en la Ley de jurisdicción social del informe preceptivo de la ITSS, como ya existe en los procedimientos de clasificación profesional, en los de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo consistentes en la reducción de la cuantía salarial, cuando sean individuales o en el caso de las colectivas en las que, en su periodo de consulta, no intervengan sindicatos u órganos unitarios de representación de las personas trabajadoras.
De este modo, el Ministerio de Trabajo ha diseñado una estrategia inspectora que interfiere de manera directa en algunas de las materias más sensibles que se están negociando contra reloj en la mesa de diálogo social. La reforma laboral tiene que estar sí o sí publicada en el BOE antes del día 31 de diciembre, porque así está comprometido con la Comisión Europea a cambio de los fondos de recuperación. Pero, mientras llega, Yolanda Díaz ha activado otras vías por las que alcanzar sus objetivos en materia de control sobre algunos de los procedimientos empresariales que, a su juicio, más merman las condiciones laborales a raíz de la reforma que introdujo el PP en 2012. Gobierno, patronal y sindicatos encaran tres semanas de alta tensión.
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