Fue la primera promesa rota del Gobierno socialista. Cuando solo llevaba dos semanas como inquilino, Pedro Sánchez recibía en el Palacio de la Moncloa a los agentes sociales. Con ayuda de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y ante la atenta mirada de los representantes de la patronal, el recién estrenado presidente reconocía a los sindicatos su incapacidad para derogar la reforma que introdujo el PP para flexibilizar el mercado laboral en el año 2012. Con apenas 84 diputados, su debilidad parlamentaria le impide revocar la norma por completo. Sin embargo, desde el consenso político y el diálogo social, el Ejecutivo puede modificar lo que considera los aspectos "más lesivos" de aquella ley que, hace seis años y medio, entró en vigor por real decreto para paliar los efectos que una crisis económica sin precedentes iba a tener sobre nuestro mercado de trabajo.
La alternativa a la derogación total de la reforma laboral consiste en agrupar una serie de medidas parciales y pasa por llevar a cabo una reformulación del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI. El horizonte, en principio, sigue siendo 2020. Aunque el Gobierno ya contempla un escenario de prórroga presupuestaria si no consigue los apoyos a las cuentas públicas que ha elaborado junto con sus socios de Podemos, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y, al menos en público, descarta por completo el adelanto electoral.
Tendría, por tanto, algo menos de dos años para sacar adelante su contrarreforma en la compleja aritmética parlamentaria, sin olvidar el desarrollo de los acuerdos alcanzados en el ámbito tripartito con los interlocutores sociales. Pero, ¿cuáles son esos aspectos considerados por los socialistas perjudiciales para el empleo, que hay que eliminar, y qué modificaciones se pretende incluir para modernizar la legislación laboral actual? El que sigue se perfila como el decálogo del Ejecutivo.
Según acaba de avanzar el propio Sánchez, las prioridades en materia laboral son tres. Primero, llevar a cabo una revisión integral de los contratos en España, reduciendo los tipos a solo tres (fijo, temporal y de formación), revisando el contrato en prácticas y promoviendo el de relevo. Después, establecer el registro horario obligatorio para controlar la jornada laboral y evitar los abusos en las horas extraordinarias. Y, por último, permitir que los convenios posibiliten la extinción del contrato por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación para facilitar el relevo generacional.
Unos anuncios sobre los que los empresarios ya han manifestado su preocupación. El director de relaciones laborales de la CEOE, Jordi García Viña, cree que estas medidas "no sirven" para crear empleo. Mientras, por su parte, el secretario general de UGT se ha mostrado bastante crítico. No por el contenido, que estaría dispuesto a discutir en el marco de un acuerdo para dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa, más bien, Pepe Álvarez ha reprochado al presidente "ir soltando partes de un todo" y le ha reclamado que ponga una "fecha de caducidad" a la mesa del diálogo social sobre el mercado de trabajo. Las negociaciones no pueden eternizarse.
Precisamente, en la segunda reunión que tuvieron en la Moncloa en julio, los sindicatos arrancaron al Ejecutivo el compromiso de estudiar los acuerdos alcanzados en el ámbito bipartito con los empresarios. Entre ellos, la recuperación de la prevalencia del convenio del sector y de la ultraactividad, con el objetivo de evitar descuelgues injustificados e impulsar la renovación y actualización de los convenios para que no pierdan vigencia.
El Gobierno también se mostró favorable a introducir modificaciones en la legislación relacionada con la subcontratación, con el propósito de evitar la competencia desleal entre empresas y el deterioro de las condiciones de trabajo. Asimismo, avanzó todo un paquete de lucha contra el fraude en la contratación para combatir la excesiva temporalidad y se planteó las reducciones de jornada como alternativas al despido, en aquellas empresas con dificultades económicas, sin perjuicio en la protección social ni en la retribución de los trabajadores.
Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en medidas concretas para dos de los colectivos menos favorecidos del mercado laboral, como son los jóvenes y las mujeres. Por un lado, se está elaborando un plan de choque por el empleo juvenil, que podría ponerse en marcha incluso antes de que acabe este año, y por otro se está tramitando en el Congreso una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Esta última propuesta incluye, como novedad, la imposición de multas de hasta 50.000 euros para los empresarios que impidan "el ejercicio responsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral" y la obligación, a partir del año 2023, de contar con representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración. Medidas a las que se suman el establecimiento de auditorías salariales obligatorias en las compañías de más de 250 trabajadores y de sanciones por importe de hasta el 1,3% de la masa salarial de la empresa que pague menos a una mujer que, con igual cualificación, desempeña el mismo trabajo que un hombre.
¿Pero, qué hay en los Presupuestos?
En líneas generales, la receta socialista contra los males del mercado laboral español se compone de diez ingredientes básicos. El problema es que el Gobierno los ha ido colocando sobre mesas distintas. El decálogo que aquí se resume se extrae de declaraciones del presidente y sus ministros y ministras en los últimos meses, de iniciativas legislativas en trámite en el Congreso de los Diputados, del propio programa electoral que Sánchez desempolva de vez en cuando y de los acuerdos planteados por la patronal y los sindicatos en el marco del diálogo social.
Está por ver en qué se materializan todas estas propuestas, y cuándo. Por lo pronto, y a la espera de concretar cuestiones como la posibilidad de introducir la indemnización creciente y de recortar sustancialmente las bonificaciones y deducciones, la mayoría del arco parlamentario podría mostrarse favorable a limitar los tipos de contratos, como han avanzado Ciudadanos y PP (siempre que no se derogue su reforma, de la que sacan pecho por la cantidad del empleo creado en los últimos años).
También muchos grupos han registrado sus propias iniciativas legislativas para implantar auditorías salariales que acaben con la brecha retributiva de género. Y en cuanto al registro horario obligatorio, el PSOE ya consiguió, desde la oposición, que el Congreso aprobara una proposición no de ley sobre este control de horas. Logró el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que votó en contra, y la abstención de Ciudadanos.
De hecho, en el acuerdo presupuestario alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sí figura esta obligación del registro horario, así como la ampliación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Sin embargo, destaca por su ausencia el retorno a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa para revertir uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral de Mariano Rajoy, pese a que Hacienda asegura que sigue estando en la agenda del Gobierno.
También se especifican en el texto remitido a Bruselas otras cuestiones en materia laboral, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019 o la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años. Asimismo, se establece la igualdad retributiva entre hombres y mujeres para acabar con la brecha salarial.
Todo para iniciar en 2019, en el marco del diálogo social, los trabajos para la elaboración de un nuevo "Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI". Con o sin nuevos Presupuestos para el año que viene, y de aquí a que se cierre la que será la reforma de la reforma, el Ejecutivo ya está avisando de que utilizará todas las herramientas legales que estén a su disposición para poner en marcha las medidas necesarias para implantar su "agenda del cambio".
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