El Gobierno no va a modificar la legislación laboral antes de que acabe el año, como se habían comprometido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el acuerdo presupuestario que rubricaron al margen de los agentes sociales el pasado 11 de octubre con la residencia presidencial como escenario. No da tiempo a cerrar un acuerdo tan ambicioso. A tres semanas de entrar en 2019, la Mesa de Diálogo Social ha hecho balance de estos seis meses de reuniones bajo el comando de los socialistas y ha concluido que, de momento, no se ha alcanzado el consenso necesario en las cuestiones fundamentales.
Este martes se cumplen exactamente dos meses desde que el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos rubricaron sus "Presupuestos para un estado social" en el Palacio de la Moncloa. En aquel documento, Sánchez e Iglesias dejaron por escrito su compromiso de "derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, particularmente en materia de negociación colectiva, aprobando con carácter prioritario y urgente una nueva regulación". Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha constatado ahora la falta de consenso en las cuestiones más sensibles –especialmente con la patronal, pero también con los sindicatos– y se ha visto obligado a aplazar su prometida contrarreforma laboral, al menos, hasta 2019.
Entre las cuestiones más urgentes, los socios presupuestarios -Gobierno y Unidos Podemos- pusieron en octubre negro sobre blanco la necesidad de "ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia". Además, señalaron su intención de "revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo", así como de "reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas". También hablaron de "reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial".
En el texto que sustentó la hoja de ruta presupuestaria que le ha valido al Gobierno español el tirón de orejas de Bruselas se acordaba, además, "concluir con la mayor urgencia posible" la tramitación parlamentaria de las proposiciones de ley referidas a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, "para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados", así como del artículo 34, "para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador" y otras relativas a la igualdad de trato, de oportunidades y retributiva entre hombres y mujeres "para acabar contra todas las formas de discriminación por razón de género y con los techos de cristal".
Era un acuerdo ambicioso. PSOE y Podemos también se comprometían a recuperar, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Pero las cuentas públicas penden de un hilo hasta enero, que es cuando Sánchez pretende llevarlas al Congreso, y, por tanto, esta medida también es, a día de hoy, papel mojado. No así, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros, que sí se aprobará en Consejo de Ministros en la recta final del año por decreto.
El resto de lo que en octubre se consideraban "cuestiones urgentes" tendrá que esperar ante la mencionada falta del consenso necesario en la Mesa de Diálogo Social. El propio Ministerio de Trabajo lo reconocía en una nota de evaluación tras la reunión celebrada este lunes con los líderes de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi. En el texto remitido a los medios de comunicación, el departamento que dirige Magdalena Valerio posponía al año que viene la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Previsiblemente comenzarán a funcionar a partir de enero.
Pero, además, Trabajo anunciaba que aplazaba a "los próximos meses" asuntos pendientes, como la ultraactividad de los convenios, el registro horario o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. "El Gobierno y los agentes sociales continuarán trabajando para alcanzar el mayor consenso posible", reza el comunicado del Ministerio. Y, más adelante, "en el futuro, se abordarán otros temas como la revisión de las modalidades de contratación, un plan para los parados de larga duración y todo lo relativo al futuro del trabajo: empleos verdes, transición justa y digitalización".
Cierto es que, tal y como explican fuentes de Trabajo, "la Mesa del Diálogo Social es de debate, no de unanimidad", por lo que el Gobierno podría sacar adelante gran parte de sus medidas estrella por su cuenta y riesgo, al margen de los agentes sociales, utilizando la vía del decreto. De hecho, tal y como se avanzó en La Información, ya existe bastante consenso con los sindicatos en torno a un primer paquete de seis medidas que estarían prácticamente cerradas para ser aprobadas. Sin embargo, los representantes de los empresarios se están haciendo de rogar en las negociaciones y se muestran radicalmente en contra en cuestiones como, por ejemplo, el registro horario obligatorio. El diálogo tripartito, por tanto, se va a dar más margen para abordar la polémica contrarreforma laboral.
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