El Gobierno está debatiendo con los agentes sociales sobre la posibilidad de permitir a las empresas de trabajo temporal que firmen contratos fijos-discontinuos con los trabajadores cedidos a las empresas usuarias, un cambio de paradigma que permitiría el trasvase de decenas de miles de contratos temporales a fijos, ya que esta modalidad contractual computa en las estadísticas como indefinido. Así figura en el último borrador de la reforma laboral al que ha tenido acceso La Información y que ha incluido este asunto recientemente tras haber mostrado la CEOE su interés por abrir el debate sobre el papel de las ETT en la canalización de la temporalidad.
En un principio, la mesa de diálogo social valoró la opción de que las ETT pudieran celebrar contratos de puesta a disposición para trabajos temporales siempre que la relación laboral de la persona cedida estuviera concertada por tiempo indefinido, un planteamiento valorado positivamente desde el flanco sindical. Sin embargo, en el último documento se modifica este apartado y lo que se ha introducido es la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan concertar contratos fijos-discontinuos con los trabajadores contratados para ser cedidos a las empresas usuarias.
No es un cambio menor. Aunque el marco normativo vigente no impide a la ETT celebrar contratos indefinidos, lo que –en principio- conduce a admitir la posibilidad de que pueda celebrar cualquier tipo de contrato fijo (incluido el fijo-discontinuo), recientemente el Tribunal Supremo ha tumbado esta posibilidad. Con la modificación que plantea el último borrador debatido entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, las empresas de trabajo temporal estarían legalmente habilitadas para firmar este tipo de contratos.
El fijo-discontinuo es un tipo de contrato laboral que se utiliza para trabajos que tienen el carácter de fijos, que son estables, pero discontinuos en el tiempo. Por ejemplo, los trabajos de recogida de fruta de temporada o los empleos de verano relacionados con el turismo y la hostelería. Los trabajadores no tienen un contrato temporal, sino indefinido; forman parte de la plantilla fija de la empresa, solo que no trabajan todo el año, pero conservan su derecho a ser llamados al año siguiente y en los periodos de inactividad permanecen en el paro. Es, en realidad, un 'falso indefinido'.
'Boom' del falso indefinido
En los últimos años, y especialmente desde la crisis financiera de 2008, se ha producido un 'boom' de este tipo de contratos. Si en el año 2006 la Encuesta de Población Activa (EPA) registraba unos 200.000 fijos-discontinuos, en 2019, ejercicio previo a la pandemia, la cifra rozaba los 373.000. La cantidad prácticamente se ha duplicado. En las estadísticas, tanto del Instituto Nacional de Estadística (INE) como del Ministerio de Trabajo, esta modalidad contractual computa como indefinida, aunque en la práctica permita a las empresas tener en plantilla a estos empleados durante los periodos en los que registran una elevada demanda y enviarlos al paro, donde consumen seguro de desempleo, en las épocas de baja actividad.
Las ETT calculan que con la posibilidad de firmar fijos-discontinuos podrían convertir en indefinidos en torno a la mitad de los usuarios cedidos a las empresas, según estiman fuentes del sector. Esto, unido a la desaparición del contrato de obra y servicio que pretende el Ministerio de Trabajo, para su canalización a través de la figura del fijo-discontinuo, supondría el trasvase de cientos de miles de temporales a fijos. Un 'maquillaje' en las estadísticas que mejoraría considerablemente la foto que tiene Bruselas del mercado laboral español, líder en temporalidad en la Unión Europea.
Este lavado de imagen de cara a las autoridades europeas no es baladí. Bruselas ha puesto el foco en la elevada tasa de temporalidad de España desde hace años, pero últimamente está elevando la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que ataje este lastre en el marco de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del que dependen los fondos europeos. De hecho, fuentes del diálogo social revelan que en su reciente visita a nuestro país, los 'hombres de negro' bruselenses demandaron al Ejecutivo priorizar las medidas dirigidas a reducir la temporalidad en el ámbito de la reforma laboral que debe aprobarse este año.
Tanto en el ámbito empresarial como en el sindical se percibe un cambio por parte del Gobierno en la dirección de priorizar el paquete 'anti-temporalidad' frente a las intenciones iniciales del Ministerio de Trabajo de abordar con urgencia los aspectos relacionados con la negociación colectiva (a saber, la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y de la ultraactividad o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte de los empresarios). En las últimas reuniones, la mesa se ha centrado en las reformas del modelo de contratación y ha aparcado los conocidos como "aspectos más lesivos" de la legislación del PP. Aunque desde el Ministerio de Trabajo insisten en que la reforma será un 'todo' que con total seguridad se aprobará antes de que acabe el año.
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