Diciembre de 2011. En plena crisis financiera, el PP llega al poder con una abrumadora mayoría parlamentaria e impone una reforma laboral diseñada de manera unilateral. El que fuera entonces secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, relató a este medio la reunión que mantuvieron con Mariano Rajoy en su despacho de Génova antes incluso de que fuese investido presidente. Allí citó a los agentes sociales para anunciarles su intención de poner en marcha una ambiciosa reforma del mercado laboral. "Desgranó un listado de medidas que llevaba escritas en un papel, tomamos nota y mostramos nuestra disposición de llegar a un acuerdo en el plazo fijado". A partir de ese momento, empezaron a negociar hasta que, una noche, en la sede de la CEOE, cuando todo parecía encarrilado, la patronal se echó atrás. Toxo sostiene que los empresarios eran sabedores de que el nuevo Gobierno anunciaría su reforma en cuestión de días. Y así fue.
Una historia muy distinta se contará sobre la reforma laboral de la coalición del PSOE y Unidas Podemos. La de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Esta es fruto del diálogo social y lleva las firmas -no sin reticencias internas- de los representantes patronales y sindicales. Aunque no es la primera reforma pactada -por ejemplo, la de 2006 también recabó el apoyo de los agentes sociales- sí es la "primera vez en la historia" que "una reforma laboral de este calado obtiene el respaldo unánime de los agentes sociales", tal y como afirmaron desde el Ministerio de Trabajo tras cerrar el acuerdo. Cierto es que la norma viene a modificar aspectos fundamentales del marco laboral, si bien la propia dinámica de las negociaciones la ha ido despojando de contenido semana tras semana, hasta concluir en una reforma de mínimos. El Gobierno lo asume, los sindicatos lo aceptan y la patronal lo celebra. Pero el mercado laboral lo sufre. Los laboralistas coinciden en que las medidas pactadas son insuficientes para acabar con la lacra de la temporalidad.
Los laboralistas coinciden en que las medidas pactadas son insuficientes para acabar con la lacra de la temporalidad
"Un lifting sin cirugía". Así define Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados y especialista en derecho laboral, la reforma pactada. A su juicio, lo que ha hecho el Gobierno, en connivencia con la patronal y los sindicatos, son "retoques" que no van a reducir de forma significativa la temporalidad si no se refuerzan los elementos sancionadores y la actuación inspectora. Pero, para eso, hay que dotar de medios a la Inspección de Trabajo. La presidenta del sindicato de inspectores es taxativa al respecto: "La reforma laboral no va a acabar con la temporalidad, porque ésta no se va a reducir si no se refuerza la Inspección. Si no nos dotan de medios y efectivos, la ley será papel mojado", concluye Ana Ercoreca. Aunque la reforma eleva las multas a a las empresas por utilizar contratos temporales fraudulentos, esta medida no es suficiente para acabar con el fraude en la contratación temporal. "Se debería haber ido un paso más allá, estableciendo la nulidad de la terminación de los contratos temporales fraudulentos", añade Robert Gutiérrez, jurista especializado en el ámbito laboral.
Es un sentir generalizado entre los laboralistas consultados por La Información. Para Javier Reyes, manager y abogado del área laboral de Ceca Magán, la reforma de la contratación "traslada una gran rigidez al sistema de relaciones laborales en España, que ya veremos si es capaz de encajar bien con nuestro sistema productivo". Lo que es evidente, a su juicio, es que "esta reforma del sistema de contratación temporal, por si sola, no reduce la precarización del mercado de trabajo". Reyes recuerda que, hasta ahora, las causas de contratación temporal se encontraban "perfectamente tasadas", si bien faltaban medios que pudieran controlar eficazmente el cumplimiento de dicho régimen de contratación temporal causalizada. "Veremos si esta reforma viene acompañada de medios para que la Inspección pueda realizar, con garantías, la labor que tiene encomendada", zanja. El acuerdo alcanzado, en efecto, contempla la ampliación en personas y medios de la Inspección de Trabajo, pero no concreta cifras, pese a la insistencia sindical.
Desde Sagardoy Abogados, su socio director, Martín Godino, señala que la nueva formulación del modelo de contratación temporal solo contribuirá a reducir la tasa de temporalidad de manera progresiva y de no de forma inmediata. "El contrato por circunstancias de la producción, que es la base de la contratación temporal, es suficientemente flexible para acoger la práctica totalidad de las necesidades de contratación temporal por parte de las empresas, porque admite su utilización en situaciones tanto ocasionales e imprevisibles como previsibles pero de corta duración", explica. En su opinión, medidas como la reducción de la duración máxima de los contratos temporales o la limitación a la concatenación de los mismos tendrán un efecto sobre la tasa global de temporalidad, en todo caso, a medio plazo. "A ello contribuirá también un diseño del contrato fijo discontinuo muy generoso y flexible, que permite virtualmente encajar en el mismo cualquier actividad que sea intermitente, y que incluye también la intermitencia propia de las empresas cuya actividad sea la prestación de servicios en contratas o subcontratas", añade Godino, para concluir que esta modalidad contractual "ayudará a reducir sustancialmente la temporalidad, aun a coste de que haya una parte importante de trabajadores indefinidos pero intermitentes".
No hay derogación
En lo que también hay consenso es en que el paquete de medidas pactado entre el Gobierno y los agentes sociales no deroga la reforma del PP. "La reforma del año 2012 no tocó la contratación, que es ahora la parte esencial de la reforma", arranca Godino. Pero además, "no se tocan ninguno de los mecanismos de flexibilidad interna, como la modificación de las condiciones de trabajo, la movilidad geográfica o la inaplicación del convenio colectivo, y tampoco de flexibilidad externa (el despido individual y colectivo se quedan como están, que fueron los aspectos más importantes de la reforma del 2012)", continúa. Todos estos aspectos han sido líneas rojas para la CEOE en la mesa de negociación y el Gobierno las ha respetado, para resignación de los sindicatos. "Es cierto que se recupera la ultractividad indefinida y se fortalece el convenio sectorial, aspectos importantes que suavizan algunas de las aristas pero no cuestionan el modelo de la reforma anterior", zanja.
"No podríamos decir que la reforma suponga una derogación o una contrarreforma de la reforma laboral del año 2012, porque realmente, lo único que supone una contrarreforma es la recuperación de la ultraactividad y la derogación -pero parcial- de la prioridad aplicativa del convenio de empresa", aporta Reyes, quien considera que "se deja, por tanto, intacta toda la reforma que el Partido Popular llevó a cabo sobre el coste del despido y las medidas de flexibilidad, que el tiempo nos ha demostrado que fueron eficaces para la recuperación del empleo". Ante esto, Robert Gutiérrez explica que se sigue permitiendo que el convenio de empresa tenga peores condiciones en cuanto a horario, vacaciones, pago de horas extras... por tanto, la medida es "insuficiente", desde el punto de vista de los intereses del trabajador. Por otro lado, una vez denunciado un convenio, mientras no se alcance un acuerdo para adoptar uno nuevo, se mantendrá la vigencia de dicho convenio. "Este sí es un cambio importante y sí que supone eliminar una de las medidas de la reforma laboral del PP", afirma Gutiérrez.
"Se deja intacta toda la reforma que el PP llevó a cabo sobre el coste del despido y las medidas de flexibilidad"
Respecto a la subcontratación de obras y servicios, uno de los apartados que más ha costado consensuar en la mesa de diálogo social y que fue un gran escollo hasta el final de las negociaciones, tanto Gutiérrez como Valero coinciden en cuestionar los cambios aprobados, porque se establece que el convenio colectivo sectorial aplicable en las empresas contratistas y subcontratistas será el de la actividad desarrollada, pero esta opción aplica a las contratas referidas a la propia actividad, es decir, no se aplicará a contratas de actividades que no sean esenciales, como limpieza o seguridad. "Eso puede favorecer que las empresas multiservicios sigan aprovechándose de estas circunstancias para hacer dumping salarial", advierte el socio director de Zeres, que matiza que, en parte, se va a paliar el problema con la limitación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa.
Una reforma de mínimos
Donde parece haber más sintonía con la reforma acordada en la mesa de diálogo social es en el tercer paquete de la misma, que incorpora importantes medidas de flexibilidad interna para evitar despidos masivos, como el nuevo mecanismo RED para hacer frente a complicaciones de carácter cíclico y sectorial. Para Valero, estamos ante una "buena apuesta de futuro", que permitirá "dar una respuesta rápida a supuestos de crisis coyuntural o a necesidades de adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades económicas, solo con una autorización del Consejo de Ministros". Sin embargo, este apartado de la reforma ha pasado bastante inadvertido. Los análisis se han centrado en las medidas para reducir la temporalidad y en la modificación del esquema de negociación colectiva. "Es un acuerdo de mínimos, porque para Bruselas era fundamental que se hiciera con apoyo de patronal y sindicatos. En algunos aspectos va a dar más estabilidad al mercado de trabajo y seguridad jurídica en materia de negociación colectiva, pero el objetivo que perseguía de reducir la temporalidad no se va a cumplir de manera contundente", augura el socio director de Zeres.
Algunas claves finales las aporta Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, quien considera que la reforma "no aborda grandes cambios en los pilares de nuestra regulación laboral". Quien fuera secretario de Estado de Empleo con Fátima Báñez sostiene que "consolida el grueso de las reformas anteriores y avanza -algo cosméticamente- en la reducción de la dualidad, ya que básicamente se mantiene la flexibilidad del uso de contratos temporales, pero a una parte de los que mantienen características y causas propias de temporalidad (fijo de obra o fijos discontinuos) se les llamará indefinidos". "La reforma no aborda los retos del mercado de trabajo 10 años después de la anterior", sentencia Riesgo, que echa en falta mejoras en el acercamiento de las condiciones de fijos y temporales, fomento del empleo juvenil y del talento senior y, en general, medidas que faciliten la reducción del desempleo estructural. Con todo, coincide con Godino en que "el impacto real no lo conoceremos hasta pasados unos años".
Uno de cada cuatro españoles vive con la incertidumbre de no saber si va a mantener su contrato de trabajo en cuestión de semanas. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, nueve de cada diez contratos que se firman en España cada mes son temporales. La Seguridad Social detecta que más de un tercio de los contratos duran menos de 5 días. Y las empresas ejecutan, de media, 90.000 despidos todos los viernes. Es como echar a la calle antes del fin de semana a todo un estadio con una capacidad intermedia entre la del Bernabéu y la del Camp Nou. El Gobierno quiere darle la vuelta a estas estadísticas y gran parte de la corrección vendrá por el trasvase de decenas de miles de temporales a fijos-discontinuos, que oficialmente cuentan como indefinidos. Es una forma de "maquillar" la tasa de temporalidad, coinciden los expertos, que creen que el Gobierno se queda corto con las medidas adoptadas y que su impacto en la foto global del mercado laboral no se verá a corto plazo. Falta profundidad en la reforma.
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