La indestructible reforma laboral del PP: ocho años en el foco de la pugna política

Alabada y rechazada a partes iguales. Ha sufrido todo tipo de ataques, desde muchos frentes, con especial crudeza desde el flanco sindical, a la vez que se ha ganado el aplauso del mundo empresarial y el reconocimiento de Bruselas. Lleva más de ocho años en el centro de la pugna política y su uso como moneda de cambio ha sido recurrente en innumerables ocasiones. Ha formado parte de todo tipo de acuerdos entre partidos del arco parlamentario, incluidas investiduras, mociones de censura, pactos de coalición e incluso prórrogas del estado de alarma. Nadie imaginaba que se podía llegar a mercadear con la reforma laboral en mitad de una pandemia. Y así ha sido. Pero que los árboles no impidan ver el bosque. La principal conclusión que aflora del análisis reposado de quienes vieron nacer la norma y han seguido de cerca sus efectos sobre el mercado laboral es clara: la reforma del PP es indestructible.

El expresidente de la CEOE Juan Rosell solía decir que derogar la reforma laboral es prácticamente imposible porque en España hay "más de 7.000 leyes" que derivan de la norma. A día de hoy, alejado ya de la vida pública, mantiene su posicionamiento y asegura sentir "vergüenza ajena" al escuchar determinadas aspiraciones políticas en esta materia, a su juicio incompetentes. "Quien diga que se puede derogar de un plumazo no tiene absolutamente ni idea, es una falta de conocimiento total", zanja. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la normativa no deba modificarse para adaptarla a los nuevos tiempos. Al contrario, apuesta por una legislación dinámica que se acomode a los cambios sociales y sectoriales para, en última instancia, alcanzar la igualdad efectiva entre trabajadores, porque "a día de hoy un indefinido goza de privilegios que el temporal no tiene".

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Rosell, al igual que Ignacio Fernández Toxo, recuerdan como si fuera ayer mismo cómo se gestó la reforma que aún rige las relaciones laborales en España. En plena crisis financiera, el PP llegaba al poder con una abrumadora mayoría parlamentaria e imponía una reforma diseñada de manera unilateral. El que fuera entonces secretario general de CCOO relata la reunión que mantuvieron con Mariano Rajoy en su despacho de Génova antes incluso de que fuese investido presidente. Allí citó a los agentes sociales para anunciarles su intención de poner en marcha una ambiciosa reforma del mercado laboral. "Desgranó un listado de medidas que llevaba escritas en un papel, tomamos nota y mostramos nuestra disposición de llegar a un acuerdo en el plazo fijado", evoca. A partir de ese momento, empezaron a negociar hasta que una noche, en la sede de la CEOE, cuando todo parecía encarrilado, la patronal se echó atrás. Toxo sostiene que los empresarios eran sabedores de que el nuevo Gobierno anunciaría su reforma en cuestión de días. Y así fue. 

Uno de los reproches recurrentes a la reforma laboral del PP es su imposición precipitada y autoritaria, sin consenso político ni social. Pero quien vivió la génesis de aquel Real Decreto que después se tramitaría como Ley niega la mayor: "Un gran equipo de juristas y economistas llevaba trabajando en el proyecto desde el año 2010, se pidió colaboración a los agentes sociales, que desaprovecharon la oportunidad de alcanzar un acuerdo, pero hasta el último momento la ministra Fátima Báñez animó a patronal y sindicatos a trasladar sus líneas rojas, muchas de las cuales se tuvieron en cuenta en una ley que, por cierto, se aprobó con el respaldo de hasta cuatro grupos parlamentarios". Así defiende el que fuera jefe de Gabinete de Báñez entre 2011 y 2015 y después secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, el proceso de activación de la que ha sido la gran reforma estructural de los últimos años.

Riesgo es ahora socio de People Advisory Services en EY y si algo tiene claro es que las cuestiones laborales deben tratarse desde los poderes públicos con exclusiva sensibilidad. Su receta para el empleo, compartida por un amplio abanico de analistas de organismos nacionales e internacionales, se compone de tres ingredientes principales: flexibilidad, confianza y estabilidad. Cierto es que para lograr el respaldo financiero de las instituciones europeas para dar cobertura al escudo de protección económica y social que se ha puesto en marcha para paliar las consecuencias de la crisis del Covid-19 sobre los trabajadores, en especial los afectados por ERTE, resulta imprescindible trasladar a Bruselas que España goza de una legislación laboral sólida y alejar las sospechas sobre posibles cambios que reviertan los logros alcanzados.

Preguntar en el ámbito político, empresarial o sindical por la reforma laboral del PP tiene un handicap obvio y es que cada cual barre para casa. Por eso es necesario acudir al entorno jurídico, que tiene mucho que decir sobre este tema, básicamente porque su actividad profesional emana del marco legislativo. Los profesionales de los despachos están viviendo las semanas más intensas de trabajo que recuerdan. Es el caso de Carlos García Barcala, socio del área laboral de Garrigues, quien considera que "atacar el corazón de la reforma laboral es un error". Se refiere a la flexibilidad interna que, a su juicio, ha permitido a las compañías adaptarse a los vaivenes del mercado mediante ajustes de las condiciones de la mano de obra que han evitado la destrucción de puestos de trabajo.

En resumidas cuentas, la reforma de 2012 abarató el despido y otorgó al empresario facilidades para modificar jornadas, funciones y salarios. Entre otros aspectos, permitió a las empresas descolgarse de los convenios sectoriales de manera negociada con los trabajadores y limitó la ultraactividad. Pero también buscó fomentar la contratación indefinida con contratos específicos para emprendedores, una iniciativa que Rosell valora como el mayor éxito de la norma. Los sindicatos, sin embargo, cargan contra este tipo de contrato ya extinto porque incluía un periodo de prueba de un año, lo que de facto suponía el despido libre. Toni Ferrer, senador del PSOE y secretario de Empleo de la Ejecutiva Federal del partido, recuerda que este fue uno de los primeros aspectos derribados de la reforma laboral por iniciativa de Magdalena Valerio a finales de 2018.

Ferrer, mano derecha del histórico líder de UGT Cándido Méndez, es clave en el diseño del nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI que se está gestando en el partido socialista y que será el embrión del proyecto que busca sacar adelante a largo plazo el Gobierno de coalición. Su diagnóstico parte de la base de que la reforma laboral del PP ha implantado un modelo nocivo que es necesario cambiar. Eso sí, considera bizantina la discusión sobre la parte o el todo y admite que la intención del Gobierno no es derogar la norma al completo, sino sus aspectos más lesivos. Ese, y ningún otro, ha sido siempre el objetivo de los socialistas, por muchos retoques que haya sufrido la nomenclatura en sucesivos acuerdos políticos, que no laborales ni económicos. 

En el seno del PSOE el asunto está más que trabajado y el debate superado. Lo que se pretende hacer es construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores, porque el actual tiene más de 40 años y se ha quedado obsoleto. Resulta necesario introducir en el marco jurídico las nuevas realidades sociales, tecnológicas, demográficas, medioambientales y de toda índole, así como una normativa en torno a cuestiones como el teletrabajo, cuyo auge durante el confinamiento ha puesto en evidencia la falta de regulación en esta materia en España. Los retos a abordar son muchos pero si algo tiene claro Ferrer es que deben tratarse en el ámbito del diálogo social y sin condicionamientos de momentos coyunturales.

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Lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores ha sido objeto de decenas de modificaciones desde los años 80. Lo recuerda Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, quien coincide en que la reforma laboral, en cualquier caso, es derogable solo en parte. Su valoración global de la norma es favorable y coincidente con la corriente que defiende sus efectos positivos sobre el mercado de trabajo en un momento tan crítico como la crisis financiera en el que las empresas necesitaban de esa flexiseguridad que les permitió mantenerse a flote. "Por supuesto, hay aspectos mejorables y discutibles, como la propia prevalencia del convenio de empresa, pero el mantra de desmantelar la reforma a lo bestia es improductivo" a juicio de Godino.

Reflexión, sí, pero nunca demonización de la norma en genérico. Es lo que demanda Godino a los interlocutores sociales. La conclusión que traslada es interesante y acertada en el contexto actual: el problema de la reforma laboral de 2012 está en su origen, en la imposición sin acuerdo en el diálogo social, y esa es la razón por la que se usa como arma arrojadiza en el escenario político. El Gobierno firmó un acuerdo con EH Bildu en el que utilizó la reforma laboral como moneda de cambio para lograr su abstención en la votación de la prórroga del estado de alarma, pero horas después fue modificado y Pedro Sánchez se encargó personalmente de contactar con los líderes de la patronal y los sindicatos para trasladarles tranquilidad y asegurarles que cualquier cambio sería consultado.

Por cierto, la vicepresidenta de Asuntos Económicos e interlocutora con Bruselas, Nadia Calviño, también ha aclarado este extremo. Durante su intervención en un foro organizado por el Cercle d'Economia consideró "absurdo y contraproducente" abrir el debate sobre la reforma laboral en estos momentos. Intentó así apaciguar la tormenta provocada por el pacto con Bildu que llevó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a suspender su participación en las reuniones del diálogo social. "Se pueden hacer cambios en el ámbito laboral para impulsar el empleo y la actividad al tiempo que se protege a los trabajadores", pero siempre y cuando antes sean "consensuados con los agentes sociales", zanjó la vicepresidenta, para rematar con un contundente "los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos".

Parece claro, por tanto, que el debate sobre la contrarreforma laboral volverá a la mesa del diálogo social. También empieza a calar la idea de que la derogación, en cualquier caso, será parcial. Una vez abierta la caja de pandora de los "aspectos más lesivos", patronal y sindicatos tendrán que trabajar en alcanzar acuerdos, como de hecho ya venían haciendo hasta que estalló la pandemia en el mes de marzo. La legislación, como los propios sectores económicos, debe ser dinámica y adaptarse a las nuevas realidades del mercado, si bien los expertos insisten en que la clave está en conjugar ese dinamismo con la estabilidad y la confianza que es necesario radiar de puertas afuera. De momento, la Comisión Europea ya se ha posicionado: "Será importante que cualquier nueva medida solo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores".