La reforma laboral de Mariano Rajoy tiene los días contados. La nueva configuración del arco parlamentario va a permitir a los socialistas liquidar con facilidad el marco legislativo que regula el mercado de trabajo desde 2012. El PSOE, con 123 diputados, suma ahora 165 escaños con Unidas Podemos y hasta 180 con Esquerra Republicana (ERC). Entre los tres tienen mayoría absoluta, más que de sobra para ejecutar uno de los principales puntos de sus programas electorales: derogar los cambios legales que impuso el PP cuando tenía el control del Congreso y que, a su juicio, no han hecho sino precarizar las condiciones de los trabajadores.
No se cambiará todo el marco laboral, pero sí el 'núcleo duro' de la legislación de 2012. Los socialistas llevan intentándolo infructuosamente desde que llegaron al Gobierno en junio del año pasado. La diferencia ahora es que cuentan con 38 diputados más y casi duplican la mermada representación del PP de Pablo Casado. Intentarán gobernar en solitario, como ya ha anunciado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y buscarán apoyos puntuales. Para esta misión concreta cuentan con el respaldo de los 42 diputados de Pablo Iglesias y los 15 independentistas de ERC, que ha ganado 6 escaños en estas elecciones generales.
La Información ha preguntado a estos tres actores cuáles van a ser sus intenciones respecto a la reforma laboral en la próxima legislatura y la conclusión es clara: derogarla. "Hemos mejorado en representación y eso debería facilitar la tramitación", comenta el responsable de Empleo del PSOE, Toni Ferrer. Mientras, la formación morada sigue poniéndose del lado de los socialistas en este aspecto, "pero antes habrá que ver qué papel jugamos", advierte un portavoz en relación a una eventual entrada de Podemos en el Gobierno. Gabriel Rufián, por su parte, recuerda que ERC defiende la derogación de la reforma, pero no a ciegas: "En cuanto nos hagan llegar cualquier propuesta, la estudiaremos", matiza.
Hay mucho en juego. La prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, la ultraactividad limitada y la actual regulación de las subcontratas son algunos de los aspectos sentenciados. Los que defienden su derogación aseguran que revertirá la actual situación de precariedad y devaluación salarial de los trabajadores. Y aquí no solo suman los socialistas con Podemos y ERC. Los soberanistas vascos de EH Bildu (4 escaños) también quieren liquidar estos puntos de la ley de 2012.
En la oposición, el centro-derecha de PP (66 diputados) y Ciudadanos (57) no está por la labor de apoyar este tipo de iniciativas. A ellos se acoplan ahora los 24 de Vox, que defienden en su programa la reforma laboral de Rajoy y apuestan por flexibilizar incluso más el mercado. Pero entre los tres solo suman 147 escaños, insuficientes para bloquear una eventual contrarreforma impulsada por el bloque progresista.
Mientras, el PNV no comparte la liquidación de todo lo que está en tela de juicio. Parecen dispuestos a apoyar la prevalencia del sectorial, pero no la equiparación salarial en la subcontratación. JxCat, por su parte, ya no cuenta con el hasta ahora diputado y portavoz del PDeCat en Las Cortes, Carles Campuzano, quien llevó hasta el final el pulso a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, impidiendo que la contrarreforma pudiera ser aprobada por la Diputación Permanente en el Congreso.
Un país "mayoritariamente progresista"
La contrarreforma laboral, por tanto, tiene ahora muchas más opciones de prosperar que hace apenas unas semanas. En el nuevo Parlamento las fuerzas contrarias aglutinan la mayoría suficiente para echar por tierra la reforma insignia del PP. Y ese es el ariete de los sindicatos. A la espera de los pactos que definan el nuevo Ejecutivo, CCOO y UGT ya han advertido que España ahora "es un país mayoritariamente progresista" y, por tanto, Sánchez ya no tiene excusa para no derogar la reforma laboral. Con este objetivo, Unai Sordo y Pepe Álvarez han llamado a la movilización en este Primero de Mayo para pedir un pacto de izquierdas.
Pero los socialistas quieren investir presidente a Sánchez y gobernar en solitario, jugando con la aritmética parlamentaria para buscar acuerdos puntuales a uno y otro lado. "Derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores", insiste Ferrer, "que dé respuesta a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y del empleo". Ese es el objetivo. Siempre, aclara, "en el marco del diálogo social y político".
Pero no sería la primera vez que el Gobierno socialista se salta el diálogo social. Fuentes de la patronal desconfían del 'modus operandi' de Sánchez y recuerdan que ya pactó con Iglesias la subida del salario mínimo, a espaldas de los agentes sociales. Tampoco contaron con los empresarios para aprobar el registro horario obligatorio. La patronal se ha mostrado reticente, pero ahora prefiere un Gobierno monocolor del PSOE. Descartado el pacto favorito de los poderes económicos (PSOE-Cs) Antonio Garamendi ha pedido a PP y Cs que dejen gobernar a Sánchez. Según revelan desde su entorno, el presidente de la patronal se ha expuesto así a petición del propio PSOE, y a cambio de una legislatura moderada en la que Podemos tenga el menor poder de decisión posible.
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